En el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) se discuten de manera reservada los pormenores de la ruta que tomará el Gobierno nacional para hacer frente a los cultivos de uso ilícito en el país. Tal como lo reveló EL TIEMPO, el debate reservado incluye una propuesta sobre la forma en que se hará la erradicación de cultivos, sus fases y procesos en las regiones.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que la idea del Gobierno es determinar "la forma como se van a erradicar" dichas plantaciones, precisando "cuáles se van a erradicar de inmediato y cuáles van a entrar en proceso de gradualidad", entre otros.
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Se habla en la iniciativa de identificar cultivos de coca industriales, en diferentes zonas del país, lo que serviría incluso para trazar las metas de erradicación con agencias internacionales.
Como lo reveló este diario, se estudia la posibilidad de establecer el límite de terrenos sembrados que dejarían de ser perseguidos y los considerados cultivos industriales asociados a redes criminales. Dependiendo de la región, se debe definir el tamaño de los cultivos que no se perseguirían, lo que podría ir entre 2,5 hectáreas y 10 hectáreas.
Néstor Osuna, ministro de justicia.
Twitter @MinjusticiaCo
En ese sentido, ya se presentó una resolución borrador a cada integrante del Consejo Nacional de Estupefacientes que está compuesto por delegados de los ministerios de Defensa, de Justicia, de Salud, de Educación y de Agricultura, así como del director de la Policía Nacional, el fiscal general, Francisco Barbosa, y la procuradora general, Margarita Cabello.
Como advirtió este diario, la idea es cesar la persecución judicial a los campesinos que tienen cultivos de uso ilícito y que se mezclan con los de pan coger y trabajar de manera conjunta con voceros de organizaciones sociales de varios departamentos, incluso, en la construcción de una Política de Drogas 2023-2033.
La resolución borrador, con esta propuesta, se puso sobre la mesa y quedó para comentarios de los integrantes del Consejo en las próximas semanas. Trascendió que en algunos sectores se consideró excesiva la limitación de minicultivos de hasta 10 hectáreas, que variarían su extensión según la región del país.
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El ministro de Justicia sostuvo que las discusiones en el seno del CNE son reservadas. No obstante, anticipó que una vez recibidas las observaciones, los documentos se consolidarán y luego se citará a otra sesión para su discusión.
Enfatizó que no hay una decisión tomada y que se estudian varias propuestas y que esta propuesta no es una legalización: "No se trata de una política de legalización ni nada por el estilo, simplemente se trata de ir determinando cómo va a ser la política de erradicación de cultivos en el tiempo venidero".
Voces de expertos
Analistas se pronunciaron sobre el borrador y los efectos que tendría en la lucha contra el narcotráfico. Ana María Rueda, investigadora senior de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explicó que, en su concepto, la gradualidad en la erradicación de cultivos sí implica una legalización porque se definiría en dónde se haría y en dónde no.
Frente a la posibilidad que se permitan eventualmente cultivos hasta las 10 hectáreas, Rueda mencionó que no conoce que las familias campesinas tengan tanta cantidad, y que ese monto, en su concepto, sería ya un cultivo industrial.
Para definir cualquier tipo de proyecto de transformación territorial, relacionado a cultivos de coca, hay que tener clarísimo cuál es el pequeño campesino.
"Para definir cualquier tipo de proyecto de transformación territorial, relacionado a cultivos de coca, hay que tener clarísimo cuál es el pequeño campesino, y más cuando quiero atender a una familia pero controlar el cultivo", indicó al hace énfasis en las implicaciones de un eventual comercio sobre esos minicultivos.
La experta aseguró que si se permite al campesino cultivar coca, "pero él tiene que ir a venderle la hoja o la pasta a alguien, entonces se está promoviendo el mercado del narcotráfico para ayudar al campesino, en un proceso de 'paz total'", apuntó.
De otro lado, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), resaltó que ante la idea de permitir cultivos hasta ciertas hectáreas, "más que legalizar cultivos se trata de eliminar la responsabilidad penal, es decir, descriminalizar los cultivos pequeños. Eso tiene todo el sentido porque permitiría focalizar las políticas en cultivos grandes, industriales".
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Para Restrepo, de todas formas, eso no define la política antidrogas, "en el mejor de los casos la facilita, pero no la obstaculiza". Y para Pedro Arenas, cofundador de la Corporación Viso Mutop, hay países que ya tienen una extensión de cultivos de hoja de coca permitida, y uno de esos casos es el de Bolivia. Allá, contó, se deja cultivar entre 40 por 40 metros, menos de una hectárea. "Pero eso obedece a una serie de análisis que ellos hicieron en una zona de cultivo tradicional en la región de Cochabamba", dijo.
En ese modelo internacional existe, anotó el experto, una reglamentación que indica qué hacer con esa cosecha y cómo circula en mercados ya regulados. Sin embargo, sobre lo que se ha conocido en las últimas horas tras el encuentro del CNE no se habla de qué sigue en caso de que se concrete una idea, por lo que hay un "vacío" en este tema.
Por eso, cree necesario un estudio que diga a partir de qué cantidad de hectáreas se puede denominar cultivo industrial, y cultivo de subsistencia, es decir, de familias campesinas que no serían perseguidas. Esa diferenciación, de acuerdo al experto, debe ser producto de un profundo examen en el CNE.