Con 212.000 hectáreas sembradas con coca el año pasado, este cultivo ilícito se estabilizó en el país, de acuerdo con la información publicada ayer por la Casa Blanca sobre el comportamiento de los cultivos ilícitos en Colombia. El Gobierno norteamericano informó que frente al 2018, año en el que registraron 208.000 hectáreas sembradas de coca, el incremento fue de 4.000 hectáreas.
El informe destaca que los esfuerzos antinarcóticos de Estados Unidos y Colombia han demostrado resultados puesto que “los niveles de cultivo de coca finalmente se estabilizaron en 2018 y 2019 por primera vez desde 2012”, dijo Kirsten Madison, subsecretaria de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de EE. UU.
A su turno, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se refirió al informe y dijo que esas cifras solo se refieren a lo registrado hasta mayo del 2019 y no tiene en cuenta el esfuerzo que realizaron las autoridades durante todo el año.
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Sostuvo, por ejemplo, que según el mecanismo de medición de la Policía en todo el 2019 hubo una reducción de cerca de 21.000 hectáreas y se está pendiente de la medición de Simci de Naciones Unidas, que se conocerá en junio de este año.
“Vamos a continuar trabajando. (…) se va a retomar la aspersión, haberla suspendido fue un gravísimo error político”, indicó el jefe de la cartera de Defensa.
Pero aunque según la Casa Blanca se estabilizaron los cultivos, el informe también mostró que la producción potencial de cocaína se incrementó en un 8 por ciento, llegando a 951 toneladas en 2019, en comparación con las 879 registradas en 2018.
Esto se explica por la madurez a la que han llegado extensas zonas de cultivo que ya no dan una sola cosecha al año, sino que llegan a dar hasta cuatro cosechas. A esto se suma la tecnología usada por los narcotraficantes para incrementar la productividad de los sembrados ilegales.
Cerrar el flujo de la materia prima a los laboratorios podría tener un impacto muy importante sobre la productividad
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), sostuvo que combatir la productividad no es una tarea fácil y requiere una estrategia integral.
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“Es necesario tomar mayores medidas de control a los insumos químicos usados en la producción. Cerrar el flujo de la materia prima a los laboratorios podría tener un impacto muy importante sobre la productividad”, indicó Restrepo, al señalar que en departamentos como Nariño, Cauca y Santander tendrían que ser más estrictos los controles.
Pero añadió que esto podría venir con el riesgo de que los laboratorios de procesamiento de drogas se muevan a otras regiones y es allí donde tendría que consolidarse la acción de todas las autoridades para detectar los movimientos y mantener las medidas de control de sustancias químicas. De hecho, en el más reciente informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), conocido la semana pasada, se insiste en la necesidad de tener mayor control de la materia prima de la droga.
En un sentido similar opinó Daniel Rico, director de la consultora en temas de seguridad estratégica C-Análisis, quien dijo que el Gobierno se ha centrado mucho en la siembra y la erradicación, pero es necesario mayor control tanto de químicos y precursores, como al lavado de activos, con el que los narcos mantienen ocultas las rentas ilegales que reinvierten en más productividad de drogas.
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Dijo que la estrategia del Gobierno de zonas futuro y llevar desarrollo a los lugares más afectados por economías ilícitas es un buen inicio, puesto que finalmente ante la erradicación siempre hay resiembra. Señaló, además, que es necesario que la estrategia llegue en la práctica a las regiones con mayor problema de cultivos ilícitos, en donde las comunidades no tienen otra opción o son presionadas por grupos ilegales para seguir en el negocio de las drogas.
Hay que dejar de persistir en la estrategia equivocada de atacar al pequeño cultivador sin mirar el conjunto del problema en salud, macrocriminalidad
Camilo González Posso, director de Indepaz, añadió que hay que dejar de persistir “en la estrategia equivocada de atacar al pequeño cultivador sin mirar el conjunto del problema en salud, macrocriminalidad, centros de lavado de activos...”.
Y añadió que darles prioridad a las estrategias pactadas en el acuerdo de paz de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y una reforma rural integral son “un mejor camino”.
En todo caso, el reto de disminuir los cultivos ilícitos y la producción de droga es grande, y EE. UU. y Colombia acordaron reducir tanto los cultivos de coca como la producción de cocaína en un 50 por ciento para 2023.
“Para lograr dicha meta es necesario implementar mecanismos aún más ingeniosos y efectivos. Esta agenda incluye la erradicación manual, la sustitución, el Programa Formalizar para Sustituir, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y, también, donde corresponda, poder aplicar la aspersión con precisión, de conformidad con los lineamientos de la Corte Constitucional”, comentó el Ministerio de Justicia, que junto con los ministerios de Ambiente y Salud lideran el plan del Gobierno para el regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato.Asimismo, la cartera de justicia indicó que entre octubre y noviembre de 2019 se incrementaron de 100 a 150 los grupos móviles de erradicación manual.
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