La guerra no da tregua, especialmente a los niños

La guerra no da tregua, especialmente a los niños

Bandas y grupos armados ilegales siguen reclutando menores en Colombia y Latinoamérica.

Niños afectados por la guerra

La violencia afecta de manera desproporcionada a las niñas en toda la región, según los informes.

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Raúl Arboleda / AFP

Por: Ángela Constanza Jerez
27 de abril 2019 , 08:29 p.m.

Lo dijeron claramente representantes de organizaciones nacionales e internacionales reunidas hace unos días en Colombia: a pesar de los acuerdos de paz, los diferentes grupos inmersos en el conflicto armado, al igual que las bandas criminales, no han dado tregua a niños y adolescentes. Los utilizan como expendedores de droga, vigías, trabajadores de cultivos ilícitos y minas ilegales, extorsionistas, e incluso, sicarios, como se ha visto recientemente. Y en el caso de las niñas, además de ese uso, las siguen sometiendo a la práctica aberrante del abuso sexual.

“Si bien hubo disminuciones sustanciales en esos delitos entre 2015 y 2017 (producto de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc), en 2018 se reportaron 331 eventos de conflicto armado, de los cuales 213 implicaron afectación directa a niñas, niños y adolescentes. Frente al delito de vinculación por reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se registraron 50 eventos, lo cual evidencia un incremento de un poco más del ciento por ciento”, señaló Hilda Beatriz Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), a un auditorio compuesto por delegados de 19 países de América Latina y el Caribe, quienes viajaron a Bogotá para participar en ‘III seminario pensamiento latinoamericano sobre derechos de la infancia’.

Los expertos en la defensa de derechos de la niñez tenían la misión de reflexionar juntos sobre la situación de los niños, especialmente de las niñas, en escenarios de conflicto armado y bandas criminales para buscar posibles soluciones. Esto debido a que las violencias que producen el conflicto armado y el crimen organizado están cada vez más relacionadas e interconectadas y afectan de manera diferencial y desproporcionada a las niñas en toda la región, como explicaron Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), y Natalia Velasco, directora de la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF.

Las niñas y las adolescentes sufren de violencia sexual, embarazos no deseados, abortos forzados que ponen en peligro su vida, contagio de infecciones de transmisión sexual, rechazo y estigmatización social –este último es más fuerte entre las mujeres indígenas y afrocolombianas–. A ello se suma que en ciertas ocasiones el sistema judicial no responde ante estas situaciones y termina revictimizando a las niñas.

“Podemos exigirles a las instituciones y autoridades respuestas en derecho. Necesitamos que tengan claridad de lo que representan los delitos de trata de personas y explotación sexual, que son brutales porque implican la destrucción de sus vidas (…). Muchas de ellas enfrentan la descalificación e incluso en el material probatorio se les descalifica”, aseguró la presidenta de la CIDH.

Los expertos de la región compartieron información sobre las violaciones a los menores de edad, que en el caso de Colombia han sido responsabilidad de grupos armados posdesmovilización de paramilitares y grupos armados locales, el Eln, el Epl y las disidencias de las Farc-EP, que continúan siendo uno de los grandes desafíos que debe asumir el Gobierno.

“Abrazamos la esperanza de la paz y del fin del reclutamiento de menores de edad, pero eso no está ocurriendo. Continúa por parte de las disidencias de las Farc en el sur del país, e incluso ha crecido”, señaló Mario Gómez, fiscal delegado para la infancia y la adolescencia de Colombia.

Según el fiscal, Chocó es un claro ejemplo de las afectaciones que se están causando a la niñez, puesto que la presencia del ‘clan del Golfo’ y el Eln significa peligro de reclutamiento, pero también de estar en la mitad del fuego cruzado de estos dos grupos, que se mantienen en constante enfrentamiento.

Además del Pacífico, otras regiones azotadas por las guerrillas, disidencias y bandas criminales (estructuras del narcotráfico y el microtráfico) son el Catatumbo y los departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y parte del Amazonas.

La ONU señaló en el encuentro que en 2018 comprobó en Colombia más de 400 violaciones graves contra niños y adolescentes, las cuales incluyen asesinatos, mutilaciones, uso, secuestro, violencia sexual, negación de asistencia humanitaria y ataques a escuelas y hospitales.

Problema de la migración

“Me preocupa también la situación en algunas zonas fronterizas en conflicto en donde los migrantes y los refugiados, especialmente los niños, niñas y adolescentes, enfrentan riesgos como reclutamiento, uso y violencia sexual”, señaló Virginia Gamba, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, en el mensaje enviado al seminario.

Precisamente, la migración es uno de los factores comunes para la región, según los expertos, y el de mayor riesgo para los niños, en especial, para las niñas y para aquellos que migran solos. Una situación que ya no es exclusiva de los niños y adolescentes de Honduras, El Salvador y Nicaragua, que buscan refugio en Estados Unidos. También está ocurriendo con menores de edad de Venezuela, que huyen en busca de nuevas oportunidades o con el fin de reunirse con su familia colombiana.

Según Lyda Guarín Martínez, representante regional de Protección Infantil en Save the Children International, el crimen organizado está en la ruta migratoria, antes, durante y después del viaje como expulsor, traficante y comerciante de personas, entre otros delitos. Amnistía Internacional estima que de cada 10 niñas y mujeres en la ruta migratoria, 6 son víctimas de violencia sexual.

“La construcción de un mundo libre de violencia depende de las acciones del Estado, pero también de cada miembro de la sociedad. (Cumplimos) 30 años de la adopción de la Convención de los Derechos del Niño, ya es hora de hacerla realidad”, concluyó Marta Santos Pais, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños.

La receta de los expertos para enfrentar la situación

Los expertos reunidos en el ‘III seminario pensamiento latinoamericano sobre derechos de la infancia’, que este año tuvo como foco los desafíos y respuestas frente a la violencia contra las niñas en escenarios de conflicto armado y crimen organizado, fueron convocados por la ‘Red latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes’ (Redlamyc), en el marco de #TejiendoRedesInfancia, proyecto cofinanciado por la Unión Europea. La Alianza por la Niñez Colombiana, integrante de esta red de redes (participan 26 coaliciones de la región), fue la encargada de organizar el encuentro en Bogotá el 9 de abril. Entre las respuestas que identificaron los asistentes están:

- Reconocer el impacto de la violencia armada en los derechos de los niños y niñas es serio, acumulativo y duradero.

- Entender que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y el Estado y las organizaciones de la sociedad civil deben garantizárselos.

- Mirar de manera particular las afectaciones de las niñas en el conflicto, ya que existen evidencias de que los impactos son mayores en ellas.

- Crear sistemas de información que puedan diferenciar e identificar los casos asociados al conflicto armado y la ilegalidad. De igual forma, coordinar los diferentes sistemas de respuesta.

- Lograr que los hombres tengan un rol más activo en la crianza y cuidado de los niños, para que cambie la cultura machista que impera en la región.

- Atender con enfoque diferencial y por edades la migración que se está dando en Colombia y en el resto de la región.

- Aumentar la inversión de recursos públicos para el trabajo de prevención desde la infancia hasta la adolescencia.

- Fortalecer el diálogo entre los diferentes actores que trabajan por los derechos de la niñez y la adolescencia en los territorios, de tal manera que se logren acciones coordinadas, no duplicadas, más eficientes, desde la perspectiva de derechos de las niñas y los niños.

- Combatir la impunidad.

- Reconocer y hacer visible las voces de las niñas y las adolescentes para posicionarlas como socios importantes en los esfuerzos globales que buscan contrarrestar el extremismo violento y promover la paz duradera.

- Articular políticas preventivas y de respuesta a los adolescentes en conflicto con la ley penal: justicia restaurativa.

ÁNGELA CONSTANZA JEREZ
Especial para EL TIEMPO

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