Condenan al Estado por desplazamientos tras masacre de Bojayá

Condenan al Estado por desplazamientos tras masacre de Bojayá

De acuerdo con el fallo, el Estado no tomó todas las medidas para proteger a la población.

Bojayá

Así quedó la iglesia de Bojayá, Chocó, en la que se refugiaban 300 personas, luego de que las Farc lanzaron un cilindro bomba.

Foto:

Archivo / EL TIEMPO

Por: Justicia
09 de mayo 2019 , 05:00 p.m.

Diecisiete años después de que, en medio de un enfrentamiento entre grupos paramilitares y las Farc, esa guerrilla lanzó un cilindro bomba contra una Iglesia en la que se refugiaba la comunidad de Bojayá, y ocasionó la muerte de más de 119 personas y miles de desplazamientos, el Tribunal Administrativo de Chocó profirió una sentencia condenando al Estado por estos dolorosos hechos. 

Aunque la responsable de la masacre que generó el éxodo masivo de familias fue la entonces guerrilla de las Farc, el Tribunal encontró que el Estado tiene responsabilidad por omitir su función de proteger a los ciudadanos de los hechos ocurridos el 2 de mayo del 2002. 

"Para la Sala se encuentra acreditada la responsabilidad patrimonial, administrativa y extracontractual del Estado (...) de los hechos acaecidos el 2 de mayo del 2002 en el medio Atrato, que trajeron consigo el desplazamiento de la población y la muerte de varias personas, generado por la omisión de las entidades demandadas en dispensarle seguridad y protección a los habitantes, y en tanto no reaccionaron positiva y activamente frente a los avisos de posibles desplazamientos, saqueos y muertes", dice la sentencia. 

Por estos hechos el Tribunal condenó al Estado a reparar a 1.195 desplazados, a quienes deberá pagarles una indemnización de 312.564 millones de pesos. 

El fallo, cuya ponente fue la magistrada Norma Moreno Mosquera, resolvió una demanda que presentaron en agosto del 2002, el mismo año de la matanza, un grupo de habitantes de Bojayá, liderados por Yenmin Cuesta Valencia, Rodolfo Lemus Rivas, Zair González Palacios, Maria Nuris Palacios Largacha.

En sus demandas pidieron condenar a al Ministerio de Defensa, Ejército y Policía por los daños materiales y morales que sufrieron las familias afectadas por los enfrentamientos, que causaron su desplazamiento forzado. 

La comunidad asegura que el Estado tiene responsabilidad en su desplazamiento, ya que tanto Naciones Unidas como la Defensoría del Pueblo habían advertido al Gobierno que paramilitares habían entrado a la región y que, ante el control de las Farc en la zona, se podía desencadenar un enfrentamiento armado.

Y así fue: no sólo murieron 119 personas sino que 120 más resultaron heridas, las casas quedaron destruidas, los establecimientos comerciales saqueados, y miles de personas tuvieron que dejar sus viviendas. 

El Tribunal asegura que está probado que 10 días antes de la masacre, se presumía que "el enfrentamiento" entre paramilitares y guerrilleros en esta zona del Atrato eran inminentes, motivo por el que el Estado debió desplegar a tiempo el aparato militar para evitar actos terroristas o conjurarlos de forma oportuna. "Sin duda, la ausencia estatal facilitó la presencia de dichos grupos en esa región y la materialización de los actos violentos", dice la sentencia. 

Los magistrados aseguran, además, que Bojayá y Vigía del Fuerte están a una distancia de 200 kilómetros de sus capitales en Quibdó y Medellín, por lo que un helicóptero requiere de 30 minutos de vuelo para llegar a la región. "A la Fuerza Pública le hubiera bastado preparar una operación humanitaria con un puente aéreo para evacuar a los civiles y salvar sus vidas mientras se tomaba el control militar de la zona", afirma el fallo. 

Las alertas que el Estado no atendió
Bojayá, 15 años de la masacre

Bojayá, 15 años de la masacre

Foto:

Luis Acosta / AFP

Entre las advertencias estaba una carta que el 23 de abril del 2002 le envió Anders Kompass, director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas al entonces ministro de Relaciones Exteriores, en la que advertía del ingreso de las autodefensas a Vigía del Fuerte y Bellavista.  En esa comunicación, el delegado de la ONU afirmó que el 21 de abril siete embarcaciones que provenían de Turbo, y que transportaban al menos 250 paramilitares, habían entrado a Bellavista y Vigía del Fuerte para disputar el control del territorio con las Farc.

Ante esos hechos, del el Tribunal, para llegar hasta este lugar las embarcaciones pasaron por varios puestos de control de la Fuerza Pública "sin embargo ningún incidente ni detenciones se registraron con ocasión al mencionado recorrido". 

Un día después la Defensoría del Pueblo alertó al Gobierno de la misma situación, pidiéndole que tomara medidas para evitar hechos violentos. Sus advertencias se cumplieron y el primero de mayo, día anterior a la masacre, a las seis de la mañana se iniciaron combates entre las Farc y los paramilitares, lo que llevó a que la mayoría de la población se refugiara en la iglesia de Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, así como en la casa cural y en la casa de las Misioneras Agustinianas.

A la Fuerza Pública le hubiera bastado preparar una operación humanitaria con un puente aéreo para evacuar a los civiles y salvar sus vidas

 El fuego cruzado hizo que la población pasara toda la noche en los refugios. El día siguiente, el 2 de mayo, los enfrentamientos reiniciaron en la madrugada hasta las 10 de la mañana, cuando dos guerrilleros instalaron el lanzador de pipetas en una casa que se encontraba a 400 metros de la iglesia, con el objetivo de replegar a los paramilitares hacia el sur. 

A las 10 y 30 de la mañana, la primera pipeta cayó sobre una casa, ocasionando solo daños materiales. Minutos después, una segunda pipeta cayó en el patio trasero de un puesto de salud, pero no estalló. Luego, a las 10 y 45 de la mañana, la tercera pipeta impactó contra la iglesia del pueblo, ocasionando la masacre. 

Tras la matanza y los combates, sólo hasta el 7 de mayo, es decir, cinco días después, el Ministerio de Defensa hizo presencia en la zona a través del Ejército, ordenando una operación conjunta para retomar el control de Bojayá y Vigía del Fuerte. 

Por eso la comunidad asegura que los daños que sufrieron al tener que dejar el pueblo, así como por la muerte de sus familiares, "son imputables al Estado a título de falla del servicio, por omisión, por cuanto las autoridades militares y de policía no desarrollaron ninguna acción tendiente a prevenir o impedir el desplazamiento y muerte, a pesar de las distintas alertas tempranas, requerimientos y solicitudes de ayuda y protección a la comunidad". 

El Tribunal de Chocó consideró que el Estado tiene una doble responsabilidad en los casos de desplazamiento: la primera, por no prevenir que estos éxodos ocurras; y la segunda, porque una vez ocurrido el desplazamiento debe atender oportunamente a las víctimas y repararlas. 

La sentencia condena al Estado a pagar $312.000 millones por concepto de reparación a las víctimas que se vieron obligadas a abandonar sus casas por los enfrentamientos entre las Farc y los paramilitares.

¿Cuántas personas fueron víctimas?
Bojayá

Bojayá (Chocó), 2002. Ubertina Martínez, herida en un combate entre las Farc y el Ejército, después de la masacre de Bojayá, murió camino al hospital de Vigía del Fuerte. 

Foto:

Cortesía: Jesús Abad Colorado.

El Tribunal Administrativo de Chocó asegura que hay suficientes pruebas que acreditan que la masacre llevó a que miles de personas se desplazaran de la región. 

Entre las pruebas está un oficio del 2003 del Director de la Red de Solidaridad Social en Chocó, en donde se relacionan las ayudas humanitarias que habían recibido 1.744 familias compuestas por 5.771 personas que habían resultado desplazadas de sus hogares en la región. 

También hay un informe del Procurador Regional del Chocó de la época en donde se indica el mismo consolidado de desplazados, en donde se habla de 997 personas del municipio de Bellavista, 279 de Bojayá y 1.385 de Vigía del Fuerte. 

Sobre el número de muertos, el Tribunal asegura que por cuenta de los enfrentamientos entre las Farc y los paramilitares, ese 2 de mayo del 2002 al menos unas 500 personas estaban albergadas en refugios. Así, los guerrilleros instalaron un lanzador de pipetas en el patio de cemento de una casa de Pueblo Nuevo, que al impactar en el altar de la Iglesia dejaron 119 muertos y 98 heridos. 

Teniendo en cuenta estas pruebas, el Tribunal concluyó que los desplazados por la masacre eran pobladores de Bojayá, Medio Atrato, Vigía del Fuerte, Murindó y Carmen del Darién. Tras depurar los datos y verificar quiénes son las personas que hacen parte de la demanda, el Tribunal consideró que el número de desplazados que tendrá en cuenta para su decisión son 1.195 personas. 

Estado aseguró que no hay certeza sobre el total de desplazamientos

En el proceso, la Policía, el Ejército y la Armada se opusieron a la demanda afirmando que los hechos por los que se los responsabiliza fueron desplegados por terceros, por grupos al margen de la ley como las Farc y la Autodefensas. Según las autoridades militares, las condiciones climáticas y las circunstancias hidrográficas y ambientales, impidieron que la Fuerza Pública ingresara a tiempo al municipio donde ocurrieron los hechos. 

Por su parte, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado afirmó en el 2013 que existen "serias dudas" sobre quiénes de los demandantes realmente podían ser catalogados como desplazados. Según la Agencia, "la base de datos que reposa en el expediente es inexacta, no es confiable y conllevó sin lugar a dudas a error judicial". 

Este viernes habrá una reunión convocada por el Ministerio de Defensa en la que estará la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para analizar el fallo.

JUSTICIA

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