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¿Cómo va el trámite para el regreso de la aspersión con glifosato?
Plantón en contra del Glifosato

Activistas protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, por el aval para continuar con la aspersión aérea con este químico.

Foto:

César Melgarejo/ CEET

¿Cómo va el trámite para el regreso de la aspersión con glifosato?

Gobierno aún no cita a ente que daría aval, pese a que es el único paso que hace falta.

A pesar de que el gobierno de Iván Duque ha insistido en la importancia del regreso del glifosato en la lucha antinarcóticos, hace dos meses cumplió con las condiciones que en 2017 le impuso la Corte Constitucional para volver a usar el herbicida y aún no ha dado el último paso para esto.

El 14 de abril, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) dio su aval al plan de manejo ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (Pecig).

(Le puede interesar: Tribunal ordena consulta previa para fumigar con glifosato en Nariño)

Este aval equivale a un concepto previo ambiental que ordenó la Corte. Por ese mismo mes, se confirmó que el Instituto Nacional de Salud había entregado al Ministerio de Salud su concepto previo en el tema, a partir de un estudio que elaboró la Universidad de Córdoba.

Así se desarrollaba la aspersión aérea de glifosato.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

El 12 de ese mes, el Gobierno expidió el decreto 380, que contiene al mismo tiempo la regulación del Pecig, las pautas para un mecanismo de quejas, y establece un momento para la realización de consultas previas.

Con todo esto, se esperaba que en cuestión de días fuera convocado al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), conformado en su mayoría por entidades del Gobierno, que es el organismo competente para darle vía libre al regreso de las aspersiones aéreas. Sin embargo, la citación no ha llegado, como confirmó Wilson Ruiz, ministro de Justicia (cartera que ejerce la secretaría técnica del Consejo).

(Lea también: Aumento de cultivos de coca no es por prohibición de las aspersiones)

Este mes, de un lado, el Gobierno se ha dedicado en gran parte a tratar de atender las protestas del paro nacional, que cumple más de un mes, y pese a que la mayoría han sido pacíficas, en varias ciudades se han registrado delicados eventos que han obligado a Duque y a su gabinete a tratar de conjurar la situación.

De otro lado, dos fallos de tutela en Nariño –la región con más coca en el país–; uno que ordenó frenar la erradicación manual forzada y otro que tumbó la resolución de la Anla con el concepto ambiental favorable frente a varias comunidades del departamento, y que han ordenado hacer consultas previas y han sido leídos por expertos como decisiones que podrían generar incertidumbre en el panorama del Gobierno. Además, el 28 de abril, ante el Consejo de Estado, fue radicada una demanda que busca anular el decreto 380.

La Sala no advirtió gravedad en el hecho de que el trascurso del tiempo mientras se dicta sentencia pusiera en riesgo los derechos a la consulta previa y a la participación

El tiempo sigue corriendo, y pese a que desde el mismo abril el ministro de Defensa, Diego Molano, habló de una meta de 26.000 hectáreas a asperjar con glifosato este año, mientras el Consejo Nacional de Estupefacientes no dé su aval, ese objetivo seguirá lejano.

Por otra parte, hay un requisito que impuso la Corte Constitucional que, para organizaciones civiles, aún no ha cumplido el Gobierno.

En un auto de 2019, el alto tribunal dijo que deben privilegiarse los métodos contemplados en el acuerdo de paz firmado con las Farc.

En diciembre de 2020, el magistrado Alberto Rojas Ríos, ponente del auto, expuso que eso significa que debe priorizarse la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos; si esta falla, la erradicación manual, y si eso también falla, en último lugar acudir a la aspersión aérea.

Pero para el Gobierno, como han manifestado en diversas ocasiones los ministros de Defensa, Justicia y hasta el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, no se trata de un tema de orden sino de complementariedad. Afirman que el acuerdo de paz no prohíbe la aspersión y que en la lucha antinarcóticos deben usarse todos los métodos posibles.

Corte negó recursos

A finales de abril, cuando en el país estaba encendido el debate ante el posible retorno de las aspersiones con glifosato, 35 congresistas le enviaron a la Corte Constitucional una carta pidiendo, como medida provisional, suspender los efectos jurídicos de una resolución del Ministerio del Interior y otra de la Anla en relación con el Plan de Manejo Ambiental.

(En contexto: Glifosato: congresistas piden suspender el Plan de Manejo Ambiental)

Activistas protestaron en contra del regreso del glifosato.

Foto:

César Melgarejo

Según los firmantes de la misiva, la normativa iba en contravía de los derechos a la participación y la consulta previa de las comunidades afectadas.

En una reciente decisión, el alto tribunal resolvió esa y otras peticiones en sentido similar, y decidió no conceder lo solicitado.

“Los peticionarios presentaron diferentes argumentaciones y la Sala no advirtió gravedad en la situación fáctica propuesta, ni en el hecho de que el trascurso del tiempo mientras se dicta sentencia pusiera en riesgo los derechos a la consulta previa y a la participación”, expresó la Corte Constitucional.

(Lea también: Radican demanda que pide anular decreto del Gobierno sobre glifosato)

Así las cosas, el tribunal concluyó que no existen razones para decretar medidas provisionales porque no se está ante la inminencia de que ocurra un daño irreparable, que demuestre la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los accionantes mientras se adopta una decisión de fondo, con lo que el plan de manejo quedó en firme.

justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

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