El cronograma de erradicación forzada de cultivos ilícitos por parte de la Fuerza Pública está listo para arrancar este febrero.
La meta de exterminio para 2019 es de 100.000 hectáreas de narcocultivos, 30.000 más que el año pasado, lo cual representa un incremento de casi 43 por ciento.
La erradicación de 40.000 hectáreas es responsabilidad del Ejército; otras 40.000, de la Policía Antinarcóticos y se espera acabar con otras 20.000 hectáreas a través del programa de erradicación voluntaria.
La tarea es titánica, si se toma como base que la resiembra está sobre el 35 por ciento, y el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci de Naciones Unidas, detectó 171.000 hectáreas sembradas con matas de coca en Colombia en su último informe que corresponde al 2017.
Además, la capacidad de producción de cocaína llegó a la cifra histórica de 1.379 toneladas, por eso para el presidente Iván Duque es elemental atacar la base de la cadena ligada al narcotráfico, que es la producción.
EL TIEMPO tuvo acceso al documento presentado al Ministerio de la Defensa donde se traza la ruta de erradicación forzada para este año, en el que se reitera la necesidad de priorizar 10 departamentos donde se concentran los cultivos de coca, marihuana y amapola.
Para apoyar la labor de los uniformados el Gobierno dispuso de $ 80.000 millones para contratar 2.100 civiles que llegarán a integrar 100 Grupos Móviles de Erradicación Forzada, los cuales serán enviados a las zonas priorizadas de: Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Antioquia, Guaviare, Meta, Bolívar y Córdoba.
Este año, como es la constante, se trabajará cada área priorizada en cuatro fases, cada una en 85 días, y cada grupo civil de erradicadores estará integrado por 21 hombres. En este momento avanza el proceso de contratación.
La tecnificación de los narcotraficantes ha permitido un incremento en la producción de base de coca por cada cosecha, al pasar en 2015 de 6 kilos a 8 o 10 kilos de base en 2018.
En las zonas priorizadas se tuvieron en cuenta las cosechas que se están logrando por año, las cuales varían, por ejemplo, mientras que en la región de la Orinoquía se obtienen 5,3 cosechas, en la región del Catatumbo se logran 4,4 cosechas.
PUNTOS CLAVE
- Los cultivos ilícitos entre 2016 y 2017 se incrementaron en un 17 %.
- Hubo más de 400 toneladas de cocaína incautadas en 2018.
- La Policía incautó 203 toneladas de marihuana en 2018.
- En 2018 hubo 98 accidentes con minas antipersonales en erradicación.
- 2.100 hombres serán contratados para integrar los Grupos Móviles.
Los uniformados entraron esta semana a Tumaco (Nariño), el municipio a nivel mundial con la mayor concentración de narcocultivos, unas 32.000 hectáreas; precisamente Tumaco tiene la tasa de homicidios más alta del país – 70 por cada 100.000 habitantes – y esto se debe a que cinco redes criminales se disputan el control de los cultivos de coca, los laboratorios y las rutas de envío a través del Océano Pacífico a Centro América y Estados Unidos.
El otro municipio priorizado es Puerto Asís, en Putumayo, donde se calculan unas 10.000 hectáreas con narcocultivos. En esta región hace presencia Pedro Oberman Goyes, alias Sinaloa, por quien las autoridades ofrecen hasta 500 millones de pesos por información que permita su ubicación y captura.
En los puntos priorizados se mantendrá la aspersión terrestre con glifosato, el año pasado se lograron afectar con el químico 10.248 hectáreas.
Los otros municipios en la mira de las autoridades para entrar a intervenir de inmediato son: Tibú, El Tarra y Sardinata, en Norte de Santander; Orito, Valle del Guamez y San Miguel, en Putumayo; y El Tambo, en Cauca.
Uno de los problemas que enfrenta la Fuerza Pública en su labor son los llamados bloqueos sociales, que son la intervención de los campesinos para impedir la labor de los uniformados que se encargan de arrancar las matas de coca. El año pasado la Policía enfrentó 23 hechos violentos por parte de comunidades.
Un punto determinante en la erradicación manual o erradicación forzada es el peligro de caer en un campo minado o mina antipersonal, ese es un factor que ha llevado al gobierno Duque a pensar en regresar a la aspersión aérea. El año pasado en esta actividad fallecieron cuatro policías.
"Hasta ahora no se ha encontrado una molécula que pueda remplazar al glifosato y que cumpla con la normatividad sugerida por la Corte Constitucional", dijo a este diario una fuente del Gobierno.
ALICIA LILIANA MÉNDEZ
JUSTICIA
En Twitter: @AyitoMendez
