Los ‘escudos’ con que se protegen los líderes en Arauca y el Catatumbo

Los ‘escudos’ con que se protegen los líderes en Arauca y el Catatumbo

Ante las amenazas y la zozobra que persisten, proponen esquemas de protección colectiva.

Líderes sociales víctimas

Con un acto simbólico finalizó en Arauca el Segundo Diálogo por la No Repetición, llamado 'Larga vida a los líderes y lideresas'.

Foto:

Comisión de la Verdad.

Por: Juan David López Morales
17 de septiembre 2019 , 07:22 p.m.

Para los líderes sociales del Catatumbo, los esquemas individuales de la Unidad Nacional de Protección pueden llegar a representar un riesgo en vez de una garantía ante las amenazas en su contra. “Ir con una medida de fuerza (dos escoltas) tensiona al actor armado. Mínimo, le queman a uno el carro”, explica Juan Carlos Quintero, directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

Es alto y de piel morena, habla con el tono de quien viene de una tierra recia, pero también como quien es escuchado por su comunidad. Camina al frente de un grupo de líderes de Norte de Santander que llegaron hasta Arauca, capital del departamento fronterizo del mismo nombre, para el segundo Diálogo para la No Repetición de la Comisión de la Verdad. EL TIEMPO acompañó las discusiones en las que participaron varios comisionados, autoridades locales y regionales, y líderes.

Quintero, junto a otros 10 líderes de Ascamcat, está desplazado desde el año pasado por amenazas. Algunos viven en veredas distintas a la propia. Él, por su parte, se fue hasta Cúcuta, pero regresa a su vereda cuando puede. Sabe que uno de los objetivos de quienes los amenazan es romper el arraigo que tienen con su gente. Y aunque reconoce que los esquemas de protección pueden ser útiles en los cascos urbanos, la organización que lidera le propondrá a la UNP “romper esquemas” y reconocer los mecanismos con los cuales ellos mismos se han protegido en la última década.

En Norte de Santander fueron asesinados 15 líderes el año pasado. Este año van siete, según la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos. Y hace más de una semana no se sabe del paradero del líder Celiar Martínez, miembro de Ascamcat en Teorama, y quien, según sus compañeros, está en poder del Eln. Este panorama deja abierta una pregunta que se planteó en Arauca: ¿cómo se protegen los líderes? ¿Qué hacen para cuidarse?

El asesinato de líderes es una señal clara de la continuación del conflicto armado

Protección colectiva

Quintero cuenta que el año pasado, durante la crisis humanitaria causada por los enfrentamientos entre el Eln y ‘los Pelusos’ –a quienes ellos todavía llaman Epl– en el Catatumbo, establecieron 36 refugios humanitarios donde albergaron a cerca de 10.000 personas.

“Eso nos permitió que muchos campesinos no dejaran sus fincas solas” y evitó un desplazamiento masivo, explica. Por eso ahora quieren que esa estrategia sea recogida y reconocida por el Estado.

Esos refugios, con presencia de organizaciones nacionales e internacionales, se complementarían con casas de paso de refugio humanitario, destinadas a los líderes amenazados. Esto con el objetivo de que no se tengan que ir de sus regiones ni pierdan el vínculo con sus comunidades, trabajos y familias. Además, de que tengan allí el acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales.

Otras medidas que proponen son el reconocimiento de las guardias campesinas e indígenas como “formas legítimas de protección”, así como el fortalecimiento de las comisiones de verificación de derechos humanos, como la que usaron cuando el excombatiente de las Farc Dimar Torres fue asesinado por miembros del Ejército en Convención. Esto, para pasar revista a violaciones de derechos humanos y del DIH, y reducir las probabilidades de que queden impunes.

(Le puede interesar: El dolor de la familia de Dimar Torres tras ser asesinado por militar)

Otra de las estrategias que han usado para proteger a los líderes, cuando son amenazados, consiste en subirles o bajarles su perfil: cuando se quedan en sus territorios, se les baja, para reducir el riesgo que pesa sobre ellos; y cuando se pueden ir o se ven obligados a desplazarse, se les sube el perfil y la visibilidad para presionar más medidas de protección de las autoridades y de la sociedad.

Desde Arauca, las décadas del conflicto también les han dejado lecciones de autoprotección. Allí, según cifras de la Defensoría Regional del Pueblo, han asesinado a 21 líderes sociales desde enero del 2016, y siete este año. Y de acuerdo con el comisionado para la verdad, Saúl Franco, encargado de esa región, entre 1986 y 2018 al menos 136 líderes de Arauca han sido amenazados y asesinados, un promedio de cuatro por año: “Eso es decapitar un departamento”.

El temor sigue vivo por el accionar del Eln, las disidencias de las Farc y las bandas criminales que se lucran de las rentas ilegales que se mueven por la porosa frontera con Venezuela.

Líderes en Arauca

En el Diálogo convocado por la Comisión de la Verdad participaron autoridades civiles, policiales, representantes del Gobierno, excombatientes y, por supuesto líderes.

Foto:

Comisión de la Verdad.

Quienes han sobrevivido, se toman la palabra. Como Martín Sandoval, quien después de dos hermanos y una esposa asesinados –ellos por las guerrillas y ella por paramilitares–, de haber estado preso bajo cargos de rebelión de los que resultó inocente y de haber tenido que renunciar a “una vida normal”, concluye que de no ser por las medidas de autoprotección no estaría contando su historia. En la actualidad, es el presidente del Consejo Departamental de Paz de Arauca.

Cada líder social adopta en su vida formas de protección que implican abandonar actividades cotidianas, como salir con la familia o ir a una fiesta con amigos. Este hombre de 53 años se conmueve cuando cuenta que hasta para ir a una reunión familiar tiene que salir con chaleco antibalas y acompañado de los escoltas de su esquema de seguridad, o simplemente no salir. A los líderes, cuyo espacio natural es el público, las amenazas los conminan a esconderse en lo privado.

Martín fue secretario de Gobierno en Arauquita, en 2001, hasta que las Farc asesinaron a dos presidentes del Concejo y al inspector de Policía. Entonces, todo el gabinete renunció y él se fue del municipio.

Después de todo por lo que ha pasado, insiste en liderar procesos porque, dice, su pasión es la solución política del conflicto.

Recuerda la Navidad del 2016 como la más tranquila en Arauca en los últimos 32 años, pues coincidieron la firma del acuerdo con las Farc con el cese de hostilidades del Eln. Después, las armas volvieron a retumbar.

Por esos mismos años tranquilos volvió la presidenta de la Asociación de Mujeres Araucanas, Yamileth Cárdenas, después de vivir 8 años desplazada en Venezuela. Cuando retornó, en 2013, Arauca comenzaba a saborear una tranquilidad que ahora luce lejana.

Para ella, el autocuidado se basa en los lazos de seguridad con la comunidad, por ejemplo, al compartir información. Su nombre apareció este año en un panfleto junto al de otros 26 líderes del departamento. “Yo, personalmente, no pido escoltas. Pido que el Estado reconozca la amenaza en Arauca y que la resuelva”, dice.

El consejero adjunto de la Presidencia para la estabilización, Carlos Caycedo, manifestó en el diálogo de la Comisión de la Verdad que desde el Gobierno hay un “gran respeto y una gran valoración de los liderazgos sociales” porque “son pieza clave para el desarrollo económico y social de las comunidades”. Tanto él como el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, reconocen que las estrategias de protección han sido insuficientes.

Además, el proceso de paz con las Farc trajo nuevos retos y amenazas, como las que sufren los cultivadores de coca en el Catatumbo.

Wílder Mora, uno de sus líderes, explica que defender la sustitución de cultivos, en sintonía con el acuerdo de paz, los convirtió a él y a otros dirigentes cocaleros en objetivo militar de los ilegales que se lucran de ese negocio. De sus 35 años, vivió 24 directamente de la coca. Hace dos años depende de un proyecto de lácteos que es apoyado por la Unión Europea: hace queso y yogur de búfala. Pero reconoce que todavía vive de la economía de la coca, porque es con el dinero obtenido con esta que sus clientes, en la región, le pagan.

Su empresa es pequeña y no alcanza a abastecer toda la demanda de la vereda, pero espera poder ampliarse, si es que puede regresar a su finca.

Mora también está desplazado en Cúcuta por las amenazas en su contra. No viaja de noche y siempre que se va a transportar averigua “cómo está la cosa” en la zona. Se escribe con su familia con frecuencia para saber si todo va bien. Su negocio lo administra a distancia, gracias a algunos amigos y a los familiares que siguen en su vereda, en zona rural de Tibú, el municipio con más hectáreas sembradas de coca en el país.

Dentro de muchas causas del riesgo que corren los líderes, en una coincidieron en el diálogo: la estigmatización, la que sienten Mora y los pobladores del Catatumbo: “Dentro del narcotráfico no nos reconocen como el eslabón más débil, pareciera que fuéramos el más fuerte”, asegura.

En las dos regiones las confrontaciones siguen activas. Mientras en Norte de Santander la coca aumenta, Arauca está rumbo a ser certificado por la ONU como libre de cultivos ilícitos. Pero la presencia de rentas ilícitas y el fenómeno migratorio desde Venezuela mantienen a la región en alerta.

Por eso desde allí lanzaron una propuesta de mínimos humanitarios que esperan que sea escuchada por todos los grupos armados. Esta incluye el respeto por los migrantes –a quienes no pertenece esta guerra–, el respeto por los cuerpos de las mujeres, la erradicación de los explosivos donde haya población civil y, por supuesto, el respeto por la vida de los líderes sociales.

El asesinato de líderes “es una señal clara de la continuación del conflicto armado”, según Franco. Entretanto, ellos, los líderes sociales, tienen sus propuestas sobre la mesa para que no los sigan matando.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES*
Redactor de JUSTICIA
En Twitter: @LopezJuanDa
*
Por invitación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad

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