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La verdad detrás de las dinámicas económicas en el conflicto armado
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Comisión de la Verdad

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La verdad detrás de las dinámicas económicas en el conflicto armado

La Comisión de la Verdad indagó a reconocidos economistas sobre estos problemas en la guerra.

Consuelo Corredor, Boris Salazar, Salomón Kalmanovitz y José Antonio Ocampo hicieron este jueves una "reflexión económica a fondo", en palabras del sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, en un espacio de conversación convocado por la entidad.

La charla fue moderada por la comisionada de la verdad Alejandra Miller, quien explicó la importancia de entender las dinámicas económicas del conflicto, asociadas a prácticas como el despojo de tierras en el marco de este.

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El economista y filósofo Kalmanovitz comenzó por explicar que el conflicto armado retrasa el desarrollo económico del país. Dijo también que hay sectores agrícolas de plantación que tienen condiciones precarias en las cuales los empresarios "aplican la violencia cuando lo consideran necesario".

Kalmanovitz señaló el narcotráfico como una de las causas económicas del conflicto. Para él, las regiones donde las actividades ilegales se desarrollan es donde tienen más presencia del conflicto armado más reciente, a diferencia de los conflictos "más políticos" de las primeras luchas campesinas.

En regiones como el Pacífico, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, la región del Caribe y otras zonas periféricas, el conflicto ha afectado las posibilidades de trabajo de las comunidades. "El Estado ha probado ser incapaz de ejercer la principal de sus funciones, que es el monopolio del uso de las armas amparado en la legalidad", señaló el economista, exdecano de la Universidad Nacional. "Falta mucha inteligencia de las fuerzas de seguridad", dijo.

Sobre la exclusión y la desigualdad aseguró que no considera que estas estén en las causas del conflicto armado, pues tienen raíces más profundas. Le dio preponderancia a los factores políticos, aunque reconoce que a las regiones en conflicto ha llegado población desplazada por los actores armados.

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Después tomó la palabra la profesora Consuelo Corredor Martínez, quien partió de la "convicción" de que el reto de la implementación del acuerdo es "crear las condiciones para la paz territorial", pues es en los territorios donde se sigue jugando el conflicto.

Dijo que el acuerdo tiene una rica relación entre economía y conflicto, porque "se pone al descubierto la falacia de la no existencia del conflicto armado". Además, que de allí se desprenden los "evidentes costos históricos" de no terminar el conflicto, y que el texto reconoce las disparidades entre lo urbano y lo rural, y las profundas desigualdades que "no son solamente entre las personas", sino también entre las regiones del país.

El acuerdo "dice qué se debe hacer, pero el cómo genera mucha controversia". Para la reflexión de la Comisión de la Verdad, dijo Corredor, los puntos más importantes son los 1 y 4 del acuerdo de paz, que tienen "las variables claves" para avanzar en la construcción de la paz. Estos son el de tierras y solución al problema de cultivos  de uso ilícito.

Sobre la pregunta frente a la desigualdad y la exclusión como causantes del origen y la persistencia del conflicto armado dijo que "totalmente sí" es válido afirmarlo, y que esto se expresa fundamentalmente en el problema de la tierra, que otorga poder, pero está concentrada, en un marco de "continua disputa por el poder territorial".

También señaló los "persistentes niveles de pobreza y pobreza extrema en Colombia". Corredor aseguró que estos niveles "son insólitos" para un país con las características de Colombia, a pesar de las políticas para reducir la pobreza, porque "lo que siempre se ha ignorado es la redistribución". También dijo que en el país la tributación sigue siendo "fuertemente regresiva" y no ayuda a modificar el coeficiente Gini.

Dijo que una de las razones por las que la reforma rural integral tienen pocos avances es que hay intereses de poderes territoriales para que así sea. 

Sobre el papel del Estado, dijo que este tiene responsabilidad "por acción o por omisión", y que eso lo confirman las problemáticas de los 170 municipios Pdet, todos con características comunes como pobreza, historia de conflicto social y armado, economías ilegales, entre otros factores comunes.

Las subregiones Pdet son estratégicas en el conflicto y la implementación del acuerdo ha mostrado la precariedad del Estado, aseguró la profesora Corredor Martínez. "Son iumperativos la apuesta ética y la apuesta por la equidad, lo cual se traduce en una política social con enfoque de derechos, no de favores, subsidios ni clientelas", señaló la doctora en economía.

Sin un proceso integral de las regiones, asegura, se van a seguir recrudeciendo ciclos de violencia en estas. Y agregó que los retos para avanzar en la implementación están asociados a políticas y estratégicas económicas que parten de reconocer que el país todavía no está en un posconflicto, sino en un posacuerdo.

"No podemos decir que el narcotráfico nos explica todo el conflicto", sentenció la profesora Corredor Martínez. Pero reconoció que esta es una variable central. "Los problemas económicos están en el corazón de poder trascender de la paz negativa a la paz positiva", concluyó.

(Además: Las alertas de la Procuraduría por fallas para cumplir acuerdo de paz)

La tercera intervención fue del profesor Boris Salazar, de la Universidad del Valle, quien también es doctor en economía. 

Salazar comenzó por decir que la relación entre economía y conflicto armado es "sistémica, permanente, cambiante", pero que no significa que uno determine al otro, sino que son relaciones e interconexiones que no son recientes.

Salazar dijo que en la violencia partidista hubo orígenes políticos, pero también de exclusión de grupos sociales, y que desde allí se generaron reestructuraciones de la economía. "Política, economía, oportunismo económico y relaciones de mercado se entrecruzan para que la economía salga relativamente bien librada y al mismo tiempo todo el costo del conflicto salga sobre los desplazados, asesinados, campesinos, y al mismo tiempo sobre la desigualdad", explicó el profesor Salazar.

Como ejemplo, explicó que la producción cafetera no se vio estructuralmente afectada en regiones como el Quindío a pesar de la intensa violencia que sufrían los campesinos. "Los mecanismos del mercado son supremamente resilientes, se acomodan fácilmente a la guerra", dijo.

Los sectores afectados en Quindío fueron la construcción, la propiedad agrícola -los precios cambiaban de acuerdo a las dinámicas del conflicto-, señaló. También explicó que la construcción se desarrolló rápidamente por la mano de obra desplazada que llegaba del campo. "Si bien la economía es afectada en los sectores más débiles y vulnerables, hay sectores de la economía que se benefician con la violencia", explicó.

Después, Salazar explicó el fenómeno de la Costa Caribe y al fenómeno del encuentro del narcotráfico con los territorios bajo dominio de las Farc. Estas últimas obtuvieron una financiación que, dijo, de otra manera no habrían podido conseguir para mantener un ejército y una guerra como la que mantuvieron. Esto transformó los mercados de tierras, expulsó mercados de trabajadores, entre otras consecuencias.

Más que una competencia entre economía y conflicto, la economía se logró integrar al conflicto, argumentó el economista. Esto, además, sucedió en el momento de conflicto en el que los paramilitares entraron en disputa por las rentas. 

En la Costa, los paramilitares adelantaron un proceso de destrucción "sistemática" de las organizaciones campesinas, cuyas miembros fueron expropiados y desplazados a los cinturones de miseria de ciudades como Montería. Esas tierras, dijo, fueron compradas por "los nuevos ricos del narcotráfico", con intermediación de los paramilitares, que determinaban precios, compradores y vendedores.

Más que la desigualdad y exclusión como explicación del conflicto armado, el conflicto armado han mantenido y reproducido estas, señaló Salazar. "Hubo reforma agraria a la manera paramilitar", dijo. Recogiendo, dijo que el costo mayor del conflicto lo han llevado los más pobres, los más débiles y los más vulnerables.

No obstante, señaló que no se ha cuantificado la mayor pérdida del conflicto, que es la destrucción del tejido social campesino. Esto no se ha considerado como parte de "la inmensa pérdida que hemos tenido" y que ha llevado a una "descampenización" del país. 

(Le sugerimos leer: Las lecciones que dejó el ‘desarme a la colombiana’ de las Farc)

José Antonio Ocampo

El economista y ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo.

Foto:

EL TIEMPO / Andrea Moreno

Finalmente habló el economista y sociólogo, ex codirector del Banco de la República, ex ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que también es miembro del consejo asesor de la Comisión de la Verdad.

Ocampo señaló que la economía ilegal ha sido y sigue siendo muy grande, y que en ciertos territorios "es mucho más importante que la economía en su conjunto". Dijo que el narcotráfico respecto al conjunto de la economía no es tan grande, pues la mayor parte de rentas queda en los países externos donde se consume, "incluyendo las fortunas de narcotraficantes colombianos que están en el exterior".

Lo más importante es el efecto sobre la violencia que generó, sobre el sistema judicial -con asesinatos de jueces, pero también a través de la corrupción del poder judicial-, y por la inversión de buena parte del dinero del narcotráfico en las tierras. Esto, dijo Ocampo, lleva a hablar del paramilitarismo en las últimas décadas. 

El economista dijo que otro fenómeno a largo plazo es la expansión de la frontera agraria colombiana, con orígenes incluso coloniales, que fue estudiada por el comisionado fallecido Alfredo Molano. Esto llevó también a una concentración de la tierra rural. 

Respecto al tema de la desigualdad en el mundo rural, dijo que este en varias etapas de la historia y en varias regiones "ha dado lugar a violencia" por "la excesiva concentración de la tierra en Colombia", pese a los esfuerzos de reforma agraria.

Las leyes de reforma agraria "han sido bastante ineficaces para lograr revertir este proceso" de concentración de la tierra, señaló Ocampo. También destacó las "grandes desigualdades territoriales de Colombia". Por eso, se concentró en el punto número uno del acuerdo de paz. 

Aseguró que en los Pdet hay dos ventajas: que apuntan al desarrollo integral y que se hacen de forma participativa con las comunidades, para contribuir a la "democratización de los territorios". Este mecanismo, recordó, había sido recomendado por la Misión Rural para todo el país.

Por otro lado, el catastro multipropósito fue pensado para responder al problema de falta de formalización de la tierra en Colombia, explicó Ocampo. Aseguró que esta tarea se inició, pero a un ritmo "increíblemente lento" pese a que ya hay dinero del Banco Mundial y del BID para llevarlo a cabo.

En tercer lugar, señaló el tema de tierras, aunque reconoció que hay una discusión sobre las hectáreas disponibles para distribuir, que va en un millón, pero se han entregado 28 mil hectáreas. Si este proceso no se acelera "vamos a tener un incumplimiento masivo", dijo el economista Ocampo.

Finalmente, resaltó que en los territorios rurales colombianos hay que hacer una presencia del Estado, que sigue siendo uno de los problemas por los que renacen distintas formas del conflicto. Pero aseguró que no se debe limitar a la presencia militar del Estado, sino también social e institucional.

Después de las intervenciones de los cuatro economistas, se abrió un espacio de conversación entre estos y la comisionada Miller recogió los puntos centrales para profundizarlos en los grupos de investigación de la Comisión de la Verdad. El padre De Roux les agradeció por construir a construir el "contexto explicativo" del conflicto. Y agregó que sin explicar esas dinámicas y transformarlas, será imposible terminar el conflicto.

JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET
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