Aunque la presión de Estados Unidos para lograr el regreso de las fumigaciones aéreas contra la coca va en aumento, la respuesta de Colombia será mantenerse en la estrategia que el presidente Juan Manuel Santos le presentó hace un mes a su colega Donald Trump: apostarle a destruir 100.000 hectáreas de la hoja mediante la combinación de la erradicación forzada y de los planes de sustitución voluntaria.
Aunque no hay una respuesta oficial al canciller estadounidense, altas fuentes del Gobierno colombiano señalaron que la decisión de no fumigar se mantiene firme.
Primero, porque hay un mandato de la Corte Constitucional que el Ejecutivo no puede desconocer. Y segundo, porque la apuesta es que uno de los efectos directos del proceso de paz será la caída en los narcocultivos, históricamente protegidos por las Farc. Esto, sin desmedro de la posibilidad de utilizar otras herramientas en casos extremos.
Este martes, a instancias del senador republicano de Florida Marco Rubio, el secretario de Estado de los EE. UU., Rex Tillerson, reveló ante el Senado de su país que la Administración del presidente Trump le ha pedido a Colombia reanudar la fumigación aérea para controlar el gran crecimiento de los cultivos ilícitos en el país.
En una audiencia ante el Comité de Asuntos Internacionales del Senado que fue convocada para discutir el presupuesto que Trump le presentó al Congreso para financiar los gastos externos durante el año fiscal 2018, Tillerson señaló: “Les hemos dicho que es necesario volver a la aspersión. Las cifras de hectáreas cultivadas con coca son impresionantes”. Agregó que el presidente Trump “habló directamente con el presidente Juan Manuel Santos” y que se acordó una estrategia conjunta “para hacer frente a este asunto”.
Este martes en la noche, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, le dijo a EL TIEMPO que las decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en la práctica, hacen inviables las fumigaciones, en cumplimiento del principio de precaución en materia ambiental. En el mismo sentido, el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, dijo que volver a las fumigaciones no es una opción “porque existe una prohibición de la Corte Constitucional y porque en la práctica han demostrado su inefectividad en la lucha contra el narcotráfico”.
Aunque en ese encuentro Trump manifestó la preocupación por el crecimiento de los cultivos de coca, que pasaron de 47.000 hectáreas en 2012 a 97.000 en el 2015, el tema de la fumigación no estuvo en las declaraciones oficiales. El balance de los altos funcionarios colombianos fue que Washington había aceptado, aunque fuera a regañadientes, dar un compás de espera a la estrategia combinada de erradicación forzosa y sustitución voluntaria.
Incluso, en marzo pasado, el embajador Kevin Whitaker y el subsecretario de Estado para asuntos de narcotráfico, William Brownfield, habían reconocido que el tema de la fumigación aérea no estaba, supuestamente, en la agenda de los dos países.
En octubre del 2015, el Gobierno colombiano suspendió las fumigaciones con el químico glifosato en cumplimiento de la orden de la Corte y luego de que la Organización Mundial de la Salud publicó un informe según el cual esta sustancia podría ser causa de cáncer y otras enfermedades en seres humanos. Aunque EE. UU.
aceptó la decisión, internamente se sabe que vienen presionando por el retorno a la fumigación incluso desde antes de que Barack Obama abandonara la Casa Blanca.
Esto, por la dramática expansión de los cultivos en los últimos tres años. Según las estadísticas del gobierno de Estados Unidos, la coca alcanzaba a finales del 2016 unas 188.000 hectáreas, cifra récord en toda la historia de estos conteos. La medición oficial de Colombia para el año pasado, que elabora el Sistema Integrado para el Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) será revelada en pocas semanas, pero como ya lo ha señalado este diario estará entre las 130.000 y 140.000 hectáreas. Es decir, al menos 30.000 más que en el 2015. Más grave aún, la producción de cocaína habría alcanzado la cifra récord de 900 toneladas.
El Secretario de Estado no aclaró si la Administración Trump pretende que se regrese a la fumigación con glifosato, que produce la multinacional Monsanto, y otro compuesto. Pero se sabe que ambos países han contemplado la utilización de un químico similar que no eleve dudas sobre posibles daños a humanos o el medioambiente.
Ante el aumento de la coca, en el país se han escuchado voces como la del fiscal Néstor Humberto Martínez, que a finales del año pasado le pidió al Consejo Nacional de Estupefacientes que habilitara de nuevo las aspersiones para frenar la expansión de la coca.
En esa oportunidad, el propio presidente Santos señaló que el regreso de las aspersiones aéreas no está en la agenda. Sin embargo, la Policía trabaja en la búsqueda de un nuevo herbicida que no tenga los problemas ambientales atribuidos al glifosato. Esa molécula está en pruebas experimentales, pero aún no hay luz verde para su aplicación.
En la audiencia, el senador Rubio insistió ante Tillerson para que Washington condicionara la ayuda a Colombia para la implementación de los acuerdos a que se hagan algunos cambios en lo pactado con las Farc. Rubio cuestionó sobre todo la posibilidad de que la extradición a los Estados Unidos termine afectada, como en la práctica sucederá, por los acuerdos de paz con la guerrilla.
Si bien Tillerson dijo compartir muchas de sus preocupaciones, le contestó a Rubio que exigir cambios en el acuerdo como condición para la asistencia económica podría “deshacer por completo” lo alcanzado.
“Es una cuestión de hasta dónde queremos llegar a la hora de interferir, condicionar o deshacer de alguna forma un plan al que ellos mismos llegaron con las Farc”, afirmó el Secretario de Estado (ver nota anexa). Para el plan Paz Colombia, Washington aportará US$ 105 millones en el próximo año fiscal, de un paquete total de 251 millones. Hay un recorte notorio, resultante de las nuevas políticas de ayuda a terceros países de la Administración Trump.
Más rápidamente de lo previsto, el cambio de línea en la Casa Blanca se está sintiendo frente a Colombia. Aunque en el encuentro de los presidentes en Washington quedó en claro el apoyo al proceso de paz, son varios los campanazos de alerta.
Así, la Administración Trump presentó su proyecto de presupuesto para el año 2018 e incluyó un recorte a la ayuda para Colombia, que quedó en $ 251 millones de dólares.
La semana pasada, el embajador Whitaker le envió una durísima carta a la Corte Suprema protestando por la libertad concedida a un guerrillero pedido en extradición por el secuestro de un ciudadano de EE. UU.
JUSTICIA
Con reportería de Sergio Gómez desde Washington
