En la precaria escuelita hay un teléfono público. A veces obligan a la víctima a marcar un número al llegar a esos parajes lejanos, para que le indiquen el punto exacto del pago de la vacuna, si por El Caimán, si por Caño Gringo... En otras ocasiones conocen de antemano dónde deben acudir a entregar los millones exigidos.
Se puede buscar, tanto en ese lugar como en otro sitio de los alrededores donde se mueve la disidencia, a alias Johny, uno de los jefes en el área. Es de los pocos mandos accesibles y razonables, a decir de quienes le conocen en la zona rural de Malvinas.
En la minúscula vereda solo existe el centro docente reseñado y un par de billares destartalados como lugares de encuentro de la comunidad. Lo demás son fincas ganaderas dispersas entre lomas suaves. Si uno no encuentra al guerrillero, puede dejarle una nota para concertar una cita. Lo requieren para intentar que rebaje sus pretensiones económicas o para arreglar un problema entre vecinos.
Hasta el momento, solo cobran vacuna a los forasteros, ni un peso a los colonos de Malvinas, a una hora larga en moto por trocha desde San Juan de Lozada, la población más grande de la zona, de tan solo dos calles polvorientas.
Cuando las Farc mandaban, todos debían cancelar una suma por cabeza de res, pero ahora que la nueva organización guerrillera está reconquistando el espacio, optaron por ganarse la simpatía de los habitantes en los territorios apartados que han convertido en sus principales guaridas y no les piden nada.
“Creímos que con las Farc desmovilizadas se acababan esos grupos y estábamos felices, pero se fueron, no llegó el Estado y ahora tenemos a la ‘incidencia’ (así llaman muchos a la disidencia)”, susurra un campesino de Malvinas, temeroso de que alguien lo oiga. “No queda otra que echarse en los brazos de esa gente”. Cree que volverán a vacunarlos más adelante y, en todo caso, es consciente de que siguen bajo el poder de sus armas.
En San Juan de Lozada, una de las 302 veredas del inmenso municipio de San Vicente del Caguán, tampoco pueden hablar de manera abierta. “Toca seguir agachados, callados, como toda la vida”, murmura con rabia contenida un lugareño. “En estos pueblos no merece la pena progresar, hay que hacer como escuché en las noticias que hacen en Buenaventura, sacarse los diez mil diarios para comer y ya. Si no, más temprano que tarde te cae la guerrilla”.
En la actualidad, quienes están obligados a cancelar la extorsión a los integrantes de los disidentes frentes Tercero y Jorge Rincón, bloque Jorge Briceño de las nuevas Farc-Ep, son ganaderos, comerciantes, lecheros, transportistas, hoteleros y otros empresarios que residen en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán.
Comienzan exigiéndoles cantidades astronómicas que pueden superar los 300 millones y acceden a rebajas que siguen resultando elevadas.
“O paga o paga, te dicen”, comenta uno de los que canceló su parte. Y no hay manera de eludirlos. Envían dos y tres cartas, que un miliciano entrega en mano en San Vicente, y presionan por celular si se resisten. Unas misivas comienzan de manera atenta con un “saludo revolucionario”, para pasar enseguida a las amenazas. Si no cumple las exigencias, “será declarado objetivo militar”, advierten.
“Son muy agresivos, peor que antes. ¿Pero qué más hace uno que pagar para poder trabajar? –se pregunta uno de los afectados–. A uno se le quitan las ganas de invertir, se desmoraliza, pero toca seguir”.
La preocupación, el miedo y el desaliento están justificados. Solo en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (antigua zona de concentración) de Playa Rica, vereda entre La Macarena y San Vicente, en plena sabanas del Yarí, más conocida como ‘la Y’, cincuenta desmovilizados se unieron a los disidentes. Otros no descartan seguir sus pasos.
La muerte de alias Euclides, conocido de ellos y abatido hace tres semanas por el Ejército, no modificó un ápice sus intenciones. Dan por hecho que una persona de su confianza lo sapeó y están acostumbrados a que unos jefes desaparezcan y otros ocupen su lugar.
“La mayoría no sabemos sino trabajar y disparar”, asevera ‘Iván’, responsable del área y uno de los comandantes más sinceros y confiables, cuya decisión de dejar las armas es irrenunciable. “A unos la disidencia los está convidando y aunque la mayoría le estamos haciendo a la paz hasta lo último, estamos desmotivados –dice–.
El mismo Gobierno está ayudando a la disidencia porque no cumple y a mí se me agotan los argumentos para convencer a la gente de que sigan esperando. Lo que necesito son hechos”.
Las instalaciones en las que residen quedaron a medias, el agua es escasa y no es potable, alimentar la planta eléctrica, porque no instalaron paneles solares, cuesta 150 millones mensuales que ahora abona el Gobierno y en noviembre deberán costearlo ellos mismos, al igual que la alimentación. “No hay cómo pagarlo. Y peor la salud. De las 50 cirugías programadas hace diez meses, solo hicieron una. La gente va hasta Florencia y gasta más de doscientos mil pesos en el viaje y no los atienden”, protesta ‘Iván’.
En cuanto a la educación, un grupo está validando la primaria y el bachillerato y los que se apuntan al Sena –menos de la mitad– comenzaron cursos de emprendimiento. Pero su formación es precaria y los avances, modestos. La mayoría se inclina por la ganadería, la economía predominante en toda la región, y aunque esperan que les den tierra, no será fácil.
“Los guerrilleros están enseñados a trabajar a cambio de nada. No pedimos que nos mantengan, sino que nos den trabajo”, dice ‘Iván’.
“Los que ya tienen esposa e hijos se van a parar fincas o mirar qué hacen, ya no van a coger para el monte. Pero otros sí se irán. Están enseñados a andar de huida y no les importa”, comenta un veterano exsubversivo.
Algunos guerrilleros lo admiten de manera abierta. “Yo estoy estudiando primaria y luego bachillerato, me gustaría ser actor. Pero si veo que en un tiempo el Gobierno no nos da soluciones, vuelvo a empuñar las armas”, asegura ‘William’, un joven de 21 años que ingresó en las Farc en el 2008. “Ellos (la disidencia) todavía son guerrilleros, se siguen rigiendo por nuestros reglamentos, el que la embarró va a un consejo de guerra”.
Una de sus compañeras coincide en el mismo planteamiento. “Me llena de orgullo que pinten las siglas Farc-Ep, mis respetos. No tenemos nada contra los que eran de las Farc y se separaron. Si este proceso se derrumba, volvemos donde están ellos. Siguen en pie de lucha”.
En numerosos casos, la razón para alistarse a las nuevas Farc-Ep es el vértigo a lanzarse a una vida civil plagada de dificultades. “Lo que saben es disparar y trabajar, y el Gobierno parece no entenderlo”, agrega ‘Iván’.
El miedo generalizado en la región es que la disidencia se vuelva incontrolable y se disgregue. Sus líderes, ‘Iván Mordisco’ y ‘Cadete’, son respetados, y tan troperos como arbitrarios. ‘Gentil Duarte’, por el contrario, carece de carisma entre los suyos y no sabe tanto de guerra. Los tres mostraron desde hacía tiempo su desconfianza hacia el Gobierno, insistían en que no cumplirían lo acordado. Pero a diferencia de las Farc-Ep anteriores, no podrán reclutar sin pagar salario, por bajo que sea.
“Solo con ideología no echan pa’lante”, opina un curtido exguerrillero. “Y sin coca ni alianza con mafias pueden hacer un ejército”.
“A la disidencia se le nota la necesidad de conseguir plata rápido”, afirma una de las personas que fueron personalmente a pagar la vacuna. “Amenazan duro, dicen que pueden matar a quien sea, uno no sabe a qué atenerse con ellos”.
Pese al temor que infunden, muchos agradecen la seguridad que proporcionan. Cuando las Farc abandonaron los territorios, cuentan los pobladores de los lugares que recorrí durante una semana, regresó “el ladronismo”, la tala indiscriminada de árboles y la quema de baldíos para hacer fincas ganaderas.
“En las reuniones con ellos, la gente les propone que acaben con los ladrones y marihuaneros”, apunta un campesino. La sugerencia se traduce en limpieza social, costumbre muy arraigada en la Colombia más lejana y olvidada de los gobiernos.
“Alguien tiene que imponer el orden, Ejército o guerrilla. Y como la Policía y el Ejército no actúan, la gente recurre a la guerrilla”, agrega un presidente de junta de acción comunal. “Estamos creyendo que la guerrilla es un mal necesario, porque al Estado le quedó grande el trabajo”.
En otro punto del Caquetá, en la vía que de Paujil (a un par de horas de San Vicente) conduce a Cartagena del Chairá, la disidencia montó un retén, retuvo a una veintena de viajeros, disparó a las llantas de los vehículos y pintó sus puertas y las paredes de un rancho, con las siglas Farc-Ep. También en esa carretera, de solo 69 kilómetros, en la vereda ‘52’, alias Cadete dejó a la escolta de la Unidad Nacional de Protección y se unió a la disidencia.
El Ejército ahora patrulla la carretera que el Invías pavimentó, en teoría, hace pocos años y se encuentra en un estado lamentable, como todas las del norte del Caquetá pese a las sempiternas promesas gubernamentales de arreglarlas. “Los militares están unas semanas, después se van y quedamos en manos de la disidencia”, comenta un conductor.
En Cartagena del Chairá, una fuente creíble confirma que también están vacunando. “Es grave porque se pierde la confianza en la inversión, desanima a la gente”, dice. Y casi nadie denuncia. “Si se enteran, te matan, y tampoco sirve para nada”, se queja un ganadero.
La Policía Nacional es consciente de la falta de credibilidad de la institucionalidad. Mientras la justicia guerrillera es expedita y brutal, agarran a un ladrón y lo destierran o lo matan, la estatal es lenta o inexistente. Tampoco pueden abarcar el territorio. En San Vicente, por ejemplo, de las 302 apenas llegan a una decena de ellas. Y el municipio de Cartagena son 12.840 kilómetros cuadrados.
En la actualidad se calcula en medio millar el número de disidentes bajo el mando de ‘Gentil Duarte’, ‘Mordisco’ y ‘Cadete’. Para ellos es más fácil alistar a antiguos guerrilleros que captar a jóvenes de pueblos y campos que ya no encuentran atractivo irse al monte. “Preferirían una banda mafiosa donde ganen plata fácil y no vivan en campamentos”, afirma un docente de Cartagena del Chairá. “Hoy en día quieren celular y moto”.
SALUD HERNÁNDEZ-MORA
Especial para EL TIEMPO
Comentar