Cómo es la red de informantes que plantea el gobierno de Duque

Cómo es la red de informantes que plantea el gobierno de Duque

El Presidente dice que espera tener un millón de ciudadanos en esa red antes de fin de año.

Iván Duque

El presidente Iván Duque presentó la política de seguridad este miércoles en la mañana desde base militar de Tolemaida.

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EFE

Por: ELTIEMPO.COM
07 de febrero 2019 , 01:33 a.m.

Las 'redes de participación cívica' que según el presidente Iván Duque serán promovidas por su gobierno para asegurar que la ciudadanía tenga un papel más activo en la defensa de su propia seguridad son uno de los ejes de la nueva 'Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad’, el mapa que marcará el rumbo del país en esa materia al menos hasta el 2022.

Al presentar la política en el fuerte de Tolemaida, este miércoles, Duque reveló que el Gobierno espera que antes de que termine el año haya al menos un millón de ciudadanos en esas redes de prevención del delito. Aunque el proyecto suena muy similar a las famosas redes de cooperantes promovidas por el gobierno de Álvaro Uribe en el 2002, fuentes de la actual administración aseguran que la esencia de esta propuesta se basa más en usar la tecnología para mantener comunicación permanente y lograr una mejor respuesta de las autoridades.

Según el documento, conocido por ELTIEMPO.COM, el Gobierno parte de la base de que "la seguridad es un asunto de todos, no exclusivamente de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la administración de justicia y el Gobierno": "Los ciudadanos son los primeros que deben velar por su protección. La solidaridad ciudadana es fundamental para prevenir el delito, determinar los hechos cuando éstos se cometen, asegurar la sanción efectiva con el criminal y proteger a las comunidades".

Y agrega: "La participación de los ciudadanos es indispensable y a la vez un derecho y un deber que tienen todos los colombianos. Una comunidad es más segura si sus miembros son capaces de organizarse, comunicarse y reaccionar ante un riesgo o una amenaza, en coordinación con las Fuerzas Militares y con la Policía Nacional, y de manera libre, autónoma y segura".

El plan propone una red "viva, permanente y multipropósito" que sirva para enfrentar a la delincuencia pero también para "la prevención y atención de desastres, la movilización solidaria ante circunstancias que se requieran, la alerta temprana ante situaciones que los ciudadanos consideren potencialmente peligrosas" y para fiscalizar la acción de militares y Policía. 

Se plantea anonimato "cuando se trate de informaciones que puedan llegar a comprometer la seguridad de las personas". El documento plantea mantener el reconocimiento de los modelos autónomos de seguridad colectiva desarrollados por los pueblos indígenas, pero advierte que deben respetar las leyes nacionales y contribuir "al fortalecimiento de la institucionalidad democrática". 

El documento no menciona el pago de recompensas por información, modalidad que en la década pasada fue una de las bases de las redes de cooperantes.
Y aunque no es una respuesta específica a las polémicas iniciativas que han surgido en las últimas semanas para permitir que los civiles tengan acceso a armamento de mayor capacidad para defenderse del delito en varias regiones, el Plan advierte específicamente que lo que se buscará es controlar efectivamente la tenencia y el porte de todo tipo de armas, incluidas las blancas.

"Las autoridades volcarán todos sus esfuerzos para combatir el porte y tenencia ilegal de armas de fuego. Enfrentar e impedir el porte de armas blancas será un elemento prioritario para proteger a los ciudadanos del delito. Así mismo se estimulará el desarme y no la compra de armamento, dando total prevalencia al monopolio de las armas y el carácter excepcional que tiene el acceso a las mismas por parte de particulares", señala el documento. 

Agrega que "para fortalecer el control sobre las armas de fuego, éstas deberán ser empadronadas, como requisito para su comercialización, al igual que todas las que hayan sido amparadas en cualquier tiempo con permiso de tenencia, porte y especiales". Y desde ya le se dio orden a la Policía para que intensifique  la persecución contra el porte de armas y se anuncia la presentación de leyes tendientes a implementar esa prohibición (hoy lo hacen las alcaldías por decreto). 

En el Plan el gobierno Duque anuncia también que mantendrá la lucha contra el uso de la dosis personal de droga porque considera que le abre la puerta al microtráfico y es "licencia para los delincuentes para transportar y vender drogas a los niños y jóvenes".

Y dice que "tampoco se permitirá el consumo de drogas en lugares públicos", por lo que le dice a la Policía que 'blinde' los parques, plazas y los entornos de las universidades, escuelas y colegios del comercio ilícito. "Al adicto se le proporcionará atención en salud y al delincuente el tratamiento que merece de acuerdo con el Código Penal", señala. 

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