Un grupo de hombres que portaba armas de largo alcance ingresó en la madrugada del 17 de febrero a una finca ubicada en la vereda la Ermita, zona rural de Andes, en Antioquia. Allí, fueron asesinados cinco hombres. Un sexto quedó herido y con graves secuelas que incluyeron la mutilación de uno de sus miembros.
Un mes antes, un comando armado incursionó en un barrio de Tarazá, Antioquia, y sin mediar palabra, según testigos, abrieron fuego cobrando la vida de tres jóvenes, dos de ellos menores de edad. Un cuarto quedó herido.
Las masacres fueron atribuidas por las autoridades al ‘clan del Golfo’, considerado hoy como el grupo armado organizado (GAO) más grande del país y una de las mayores amenazas a la seguridad en las regiones.
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A la red del capo ‘Otoniel’, un informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP la señala de 11 masacres registradas el año pasado, en las que fueron asesinadas 44 personas. En el 2020, según la JEP, hubo en total 88 masacres, con lo cual el ‘Clan’ estuvo detrás de, por lo menos, el 12,5 por ciento de los asesinatos colectivos. Teniendo en cuenta que en 68 de las masacres no se identificó al autor, las cifras de masacres del grupo de 'Otoniel' podrían ser mayores.
Un informe reservado de la Policía Nacional, conocido por EL TIEMPO, señala que esa red criminal tiene hoy unos 3.260 integrantes; de ellos, 1.461 hombres en armas. Las disidencias de las Farc tendrían más hombres, alrededor de 2.580 en armas; sin embargo, ellas actúan como grupos independientes, sin líneas de mando y con presencia local; de hecho entre ellas mismas sostienen enfrentamientos por las rentas ilegales.
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Otra cosa sucede con la banda de ‘Otoniel’, que funciona unificadamente y aunque por causa de los golpes de las autoridades ha perdido hombres, ha incrementado su nivel de violencia.
Sumado al número de hombres armados del ‘clan’, su nivel de amenaza crece por su poder corruptor, a causa de los millonarios ingresos que les dejan el narcotráfico y la minería ilegal, y por el aumento de la violencia con la que ejercen el poder en las regiones.
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Esa red criminal acude incluso a viejas prácticas como ponerles precio a los integrantes de la Fuerza Pública y es responsable, como en las peores épocas del cartel de Medellín, de la muerte de policías en varias regiones del país.
Estructura actual de la red de narcotraficantes del 'Clan del Golfo'.
Policía Nacional
La plata con la que el ‘clan’ intenta retar al Estado sale de cuatro actividades ilegales: narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas y extorsiones, y para mantener sus ingresos ha llegado a sellar alianzas con otras redes criminales y a disputar feroces guerras territoriales. De acuerdo con el documento de la Policía, el ‘clan’ tiene cuatro estructuras base, las cuales se subdividen en 22 grupos que hacen presencia en 124 municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Meta, Nariño, Chocó, Norte de Santander, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Cesar.
Aunque ha intentado extender sus tentáculos a otras regiones, su mayor poder e injerencia sobre las comunidades lo ejerce en el bajo Cauca antioqueño y en Córdoba.
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Un investigador de la Policía señaló a este diario que la orden de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el jefe máximo de la red criminal a sus hombres fue arreciar sus acciones para asumir el control de los cultivos de coca, la producción de cocaína y las rutas de envío. “Todo el que se oponga a ese fin es su enemigo a muerte”, dijo el oficial.
Esta estrategia va en contravía de lo que venían haciendo los narcotraficantes en los últimos años que preferían mantener un bajo perfil y buscaban solo tener bajo su control una parte del negocio ilegal. ‘Otoniel’, al estilo de los viejos capos, intenta mandar en toda la cadena productiva.
La amenaza de ‘Otoniel’ por controlar el negocio se ha sentido incluso en ciudades capitales a donde han llegado sus hombres a cobrar cuentas, pero se siente con mayor fuerza en las regiones en donde la zozobra y el temor ya son parte de la vida de las comunidades.
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Por cuenta de esa orden se libra desde hace dos años una guerra territorial en el bajo Cauca antioqueño entre el ‘clan’ y ‘los Caparros’; estos últimos eran el brazo armado de la red de ‘Otoniel’, hasta que su jefe, ‘Caín’ (muerto en una operación de la Fuerza Pública en noviembre de 2020), decidió hacer tolda aparte e intentar tener una mayor parte de las rentas ilegales.
“Aquí se vive en una zozobra continua. Nuestros jóvenes se tienen que unir a uno u otro bando so pena de ser asesinados junto a sus familias. Los panfletos con amenazas de ‘limpieza social’ son constantes, lo que ha generado grandes desplazamientos. Hay que pagar ‘impuesto de seguridad’, que no es más que una extorsión”, afirmó a EL TIEMPO uno de los alcaldes del bajo Cauca antioqueño.
Aquí se vive en una zozobra continua. Nuestros jóvenes se tienen que unir a uno u otro bando so pena de ser asesinados junto a sus familias
El mandatario seccional dijo que la situación es más compleja en esta región porque al microtráfico se suma la minería ilegal. “No me pida que le dé la cifra exacta, porque me pueden identificar, pero le aseguro que de cada 10 homicidios registrados en mi municipio el año pasado, 7 u 8 fueron a manos de estos señores (‘clan’ o ‘Caparros’)”, señaló el alcalde que pidió no mencionar su nombre.
En el Chocó se vive una situación similar. Allí se han registrado confrontaciones entre los hombres del ‘clan del Golfo’ y el Eln en el alto Baudó, que dejan a la fecha la muerte de una indígena y a varias comunidades afro e indígenas confinadas, y otras desplazadas.
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“El alto, medio y bajo Baudó se convirtieron en la vía predilecta de los narcos para sacar la coca al Pacífico”, afirmó una autoridad local, que señaló además que esta zona históricamente ha sido del Eln, y hoy el ‘clan’ se la disputa, dejando en la mitad a las comunidades de la zona. Relató que la coca la sacan por los manglares que van al litoral del río San Juan, “donde viven muchas comunidades indígenas que hoy están confinadas en medio de esa guerra, a lo que se suma el temor de ser víctimas de la activación de una mina antipersona, las cuales instala el Eln”.
La ola de violencia del ‘clan’ también se extiende a los líderes sociales, que se oponen a sus actividades ilegales, y a los excombatientes de la desaparecida guerrilla de las Farc.
Según cifras oficiales, desde 2016 a la fecha el ‘clan del Golfo’ es el responsable de 24 asesinatos de líderes sociales y de 14 personas en proceso de reincorporación.El 22 de octubre de 2020 fue asesinado Miguel Emiro Pérez, un reconocido líder social del Bajo Cauca antiqueño que promovía la sustitución de los cultivos de coca.El primero de enero de este año se reportó el asesinato de Yolanda Zabalo, de 22 años, excombatiente; y de su hermana de 17 años.
Línea de tiempo sobre el 'Clan del Golfo'
Infografía / EL TIEMPO
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Las mujeres se encontraban celebrando el Año Nuevo en la vereda Travesías de Briceño, Antioquia. Un grupo de hombres del ‘clan’, según las autoridades, las asesinó. Esos ataques fueron atribuidos a hombres de la red de ‘Otoniel’.
“A los líderes sociales e integrantes de las juntas de acción comunal los matan porque se niegan a los temas de narcotráfico. Los ven como enemigos naturales y lo más fácil es callarlos”, afirmó un alto prelado de la Iglesia católica. Para el sacerdote, a los excombatientes los matan “solo por haber pertenecido a las Farc, que eran los enemigos naturales de los ‘paras’, o por venganzas. Además, eso les sirve a los ‘señores’ para mostrar poder en la zona”, puntualizó.
A los líderes sociales e integrantes de las juntas de acción comunal los matan porque se niegan a los temas de narcotráfico
El rastro de sangre que deja el ‘clan del Golfo’ también ha enlutado a cientos de familias de uniformados atacados a mansalva cuando cumplían su trabajo en las regiones. A los hombres de esa red criminal se atribuyen –en los últimos 10 años– 302 ataques contra integrantes de la Fuerza Pública.
Inteligencia de la Policía señala que en el llamado ‘plan pistola’ han sido asesinados 83 policías y 24 militares y han quedado heridos 185 policías y 41 militares.
El ‘plan pistola’ lo ejecutan los sicarios del ‘clan’, en retaliación por los golpes de la Fuerza Pública. Tras la muerte de Nelson Hurtado, ‘Marihuano’, segundo al mando de la red, el 7 de febrero en el Chocó, han sido asesinados 10 policías en diferentes zonas del país. La orden de asesinar policías se dio luego de que se cumpliera el entierro de ‘Marihuano’, en medio de abundante licor y una masiva concurrencia. La presión y el poder que ejerce la red se evidencia en la cantidad de personas que terminan asistiendo a ese tipo de actos.
Tras el nombramiento de Diego Molano Aponte como ministro de Defensa, y la llegada del general Jorge Luis Vargas a la dirección de la Policía Nacional, la orden del presidente Iván Duque Márquez es una: “arreciar las operaciones contra el ‘clan del Golfo’, y sacarlos del mapa criminal del país”.
En tal sentido, el ministro Molano señaló a EL TIEMPO que en la última evaluación desarrollada por las Fuerzas Militares y Policía se concluyó que el ‘clan del Golfo’ registró una reducción del 20 por ciento de su componente armado.
El funcionario dijo que en menos de un año el ‘clan’ ha perdido –entre capturados y muertos– a 10 hombres de la línea de mando como ‘Marihuano’, ‘Pueblo’ o ‘Plástico’, lo que ha contribuido en su debilitamiento.
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El ministro afirmó que el ‘clan’ en este momento no cuenta con jefes de experiencia, y que eso ha llevado a peleas internas “por poder, cargamentos, dineros y excesos, especialmente asociados al hurto de dinero entre jefes de subestructuras”.
Y el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, señaló que el ‘clan’ “se está desmoronando” y que el asesinato de los policías “es muestra de su desesperación”.
Con este panorama, las autoridades se van a centrar en neutralizar la expansión del ‘clan del Golfo’ hacia Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y La Guajira, donde han buscado sociedades con otras redes de narcos. Una de las rutas que el ‘clan’ busca manejar, dijo el ministro, es una base en Maicao y otras zonas fronterizas para lograr conexiones “de tráfico de drogas hacia Venezuela y fortalecer la ruta hacia Las Guyanas (Brasil), África occidental y Europa”.
Molano dijo que para fortalecer las acciones contra los integrantes del ‘clan’ se implementó un modelo que articula las capacidades de inteligencia e investigación criminal, para recuperar las zonas en las que tradicionalmente han mandado.
El general Vargas dijo que con las Fuerzas Militares se incrementó la presencia en los territorios “para proteger a las comunidades que se ven asediadas por la disputa criminal entre el ‘clan’ y otros grupos ilegales”.
En esta nueva fase, una de las prioridades es “afectar el componente financiero de las estructuras a partir de las incautaciones y bloqueos de corredores de movilidad para las actividades de narcotráfico”, aseguró Molano.
Una prioridad es afectar el componente financiero de las estructuras a partir de las incautaciones y bloqueos de corredores de movilidad para las actividades de narcotráfico”
El trabajo de ‘Agamenón’ II avanza en cinco ejes. El primero, llegar a los jefes de estructura a nivel nacional, regional y local. Luego, desarticular sus tentáculos armados y redes de colaboradores e informantes de las estructuras. Además, cortar sus comunicaciones internas, incluida la identificación de los correos humanos, y la destrucción de centros de acopio de estupefacientes de las estructuras. Avanzar igualmente en afectar sus finanzas y quitarles el efectivo con el que pagan a sus hombres y finalmente acabar con las llamadas zonas de confort en las que se mueven los jefes de la red.
“Con el acompañamiento de entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, se busca generar la disrupción del delito para permitir transitar del control de la Fuerza Pública al control institucional del territorio”, puntualizó.
ALICIA LILIANA MÉNDEZ
Periodista de Justicia
Twitter: @AyitoMendez
