'Clan del Golfo’ explota oro en fincas que le habían incautado

'Clan del Golfo’ explota oro en fincas que le habían incautado

Banda se sigue enriqueciendo con predios en Antioquia que ya están bajo el control del Estado.

Dairo Antonio Úsuga Otoniel

Dairo Antonio Úsuga ‘Otoniel’, jefe del ‘clan Úsuga’.

Foto:

Archivo particular

Por: Sair Buitrago 
03 de noviembre 2018 , 10:00 p.m.

De manera inexplicable, 21 fincas que habían sido incautadas al ‘clan del Golfo’ en Caucasia, Antioquia, y que fueron entregadas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) –entidad que sustituyó a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)– para que las administrara, terminaron siendo usufructuadas por miembros de la misma banda criminal, que hoy están explotando los millonarios yacimientos de oro que hay en esos predios.

En una carta al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, conocida por EL TIEMPO, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, le advierte que esos predios fueron entregados por la SAE a la empresa Proobras y Construcciones SAS para que los administrara, pero que extrañamente están siendo explotados económicamente por personas al margen de la ley.

En el listado de bienes aparecen fincas como La Perla, La Coqueta, La Porra, El Porvenir, Scorpio, Rancho Esparta, La Matilde, La Quiebra, Montreal y Toronto, que fueron ocupadas por la Fiscalía y la Policía tras encontrar evidencias de que fueron adquiridas con dineros provenientes de actividades ilegales.

La carta del Fiscal al Ministro de Hacienda se convierte en una alerta para evitar que se repita la historia de la Dirección de Estupefacientes, cuya liquidación fue ordenada por el presidente Juan Manuel Santos en el 2014 tras el escándalo por el manejo de las propiedades incautadas.

Había todo un tráfico de influencias a partir del cual la DNE favorecía a ciertas personas con la entrega de bienes, para administración o venta. Varios políticos conservadores fueron señalados en su momento de ser beneficiarios de ese tráfico de influencias.

Y ahora, el Fiscal General sostiene que ya en varias ocasiones ha advertido sobre nuevas irregularidades en el manejo de los bienes incautados. La SAE admite que cientos de propiedades están ocupadas por quienes no deberían estar en ellas, pero agrega que así las recibió de manos de la Fiscalía y que ha logrado el control de varias.

Arriendos, para los investigados

El caso del ‘clan del Golfo’ en Caucasia puede ser el más escandaloso, pero es apenas uno en la serie de irregularidades que se estarían presentando en el manejo de los bienes incautados con fines de extinción de dominio.

En Medellín, por ejemplo, hay un predio que ya fue entregado a una sociedad, pero el arriendo le sigue llegando a la persona a la que se lo quitaron. Concretamente, la SAE nombró como depositaria provisional a la Sociedad Mercados y Estrategias S.A.S., y los arriendos los recibe José Luis Henao Giraldo, a quien las autoridades le ocuparon el predio. De hecho, la Fiscalía dice que “verificó la situación de 16 inmuebles ubicados en Antioquia, incautados con fines de extinción de dominio a personas vinculadas con el ‘clan del Golfo’ entre julio y octubre de 2016, de los cuales solamente dos están siendo administrados correctamente por la SAE”.

Y así se lo plantea al ministro Carrasquilla en la carta.

Incluso, son varios los predios que siguen siendo ocupados por las mismas personas que fueron afectadas con el proceso de extinción. Según el Fiscal General, la SAE no ha celebrado contratos de arrendamiento para regularizar su ocupación “por lo que los arrendatarios no están pagando arrendamiento”.

Una evidencia de esta situación es la finca La Esmeralda, en la Ceja (Antioquia). Sigue siendo usado como lugar de recreo por los familiares de José Eduardo Peña, quien tiene proceso de extinción de dominio.

Y en Bello, área metropolitana de Medellín, hay un predio que tiene designado como depositario a Aurelio de Jesús Taborda Mesa, pero sigue siendo habitado por los afectados con extinción de dominio.

“Este mismo señor (Taborda) es el depositario provisional de otros tres inmuebles ubicados en el mismo municipio (…), el primero ocupado por un tercero sin que se haya regularizado la ocupación por medio de un contrato de arrendamiento y los otros dos en situación de abandono e improductividad”, se lee en la carta en la que el Fiscal le pide al ministro de Hacienda tomar medidas “para evitar que (los bienes) terminen en manos de organizaciones criminales”. El organismo habla de un gran número de inmuebles incautados que, actualmente, se encuentran en estado de abandono.

El proceso de extinción de dominio

* La Fiscalía expide una resolución de inicio del proceso, en la que expone los argumentos y evidencias por los que se ordena la ocupación del predio.

* El bien ocupado por las autoridades es entregado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que debe nombrarles un depositario provisional. Este lo tiene a cargo mientras la justicia toma una decisión definitiva.

*La carga dinámica de la prueba recae sobre la persona afectada por el proceso. Si controvierte, debe probar que el origen de su bien es legal.

*Si no logra demostrarlo, el juez ordena que el bien pase al Estado. Si logra probar que el bien es legal, deben devolvérselo. Si lo vendieron, deben pagarle.

‘Ya recuperamos 1.523 predios ocupados’: SAE

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asegura que desde que fue creada para remplazar a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) ha recibido de la Fiscalía 1.948 inmuebles ocupados irregularmente.

Sobre las denuncias del Fiscal General en el sentido de que hay todavía muchos bienes ilegales ocupados por los propios investigados, y hasta por delincuentes, afirma que esto tiene que ver hasta con las dificultades que tuvo al comienzo porque dependía de inspectores de Policía para hacer los desalojos, y constantemente le aplazaban las diligencias. Además, dice que heredó de la DNE 90.000 activos, de los cuales 8.240 “eran bienes ocupados ilegalmente”.

Según la SAE, su trabajo fluyó mejor desde julio del 2017,cuando le otorgaron facultades de policía judicial administrativa. Asegura que ha recuperado 1.523 bienes que estaban en manos de usurpadores y que equivalen al 78 por ciento de los que le entregó la Fiscalía con ocupación irregular. Son propiedades avaluadas en 280.000 millones de pesos. La SAE dice que ha legalizado la ocupación de 222 predios (los ocupantes formalizaron su ubicación en esas propiedades) y que están en proceso 6.319 actos administrativos para recuperar propiedades.

SAIR BUITRAGO
Subeditor de paz y justicia
En twitter: @SairBuitrago

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