Choque entre la Farc y el Gobierno por carta a la ONU

Choque entre la Farc y el Gobierno por carta a la ONU

El partido de la antigua guerrilla se queja en la comunicación de la seguridad para excombatientes.

Partido Farc

El partido Farc, en rueda de prensa, denunció este lunes los problemas de seguridad de los excombatientes. Carlos Antonio Lozada (cen.) la lideró.

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Partido Farc

Por: Justicia
11 de febrero 2019 , 07:50 p.m.

Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, respondió a las críticas que el partido Farc le lanzó al Gobierno en una carta que le envió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

En la mañana de este lunes, la Farc difundió una carta en la que asegura que les preocupa que persistan los asesinatos de líderes sociales, así como de exmiembros de las antiguas Farc. También le agradece al Consejo de Seguridad el llamado que hizo para que se respete "plenamente la independencia y la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz". 

En la carta, la Farc le pide al Consejo de la ONU que vigile que se cumpla el punto 3.4.2 del Acuerdo Final, que contempla la creación de un Pacto Político Nacional contra la violencia para que desde las regiones se invite a los partidos y movimientos políticos, así como a todos los actores de la sociedad, "a construir paz, a rechazar la violencia y a suscribir documentos de compromiso en tal sentido". 

En la rueda de prensa Antonio Lozada, líder de la Farc, afirmó: "En reciente reunión del consejo político, estuvimos analizando una serie de señales políticas sumamente preocupantes que nos han llevado a la conclusión de que en este momento hay serios peligros, en el sentido de que finalmente terminan imponiéndose los deseos de aquellos sectores que están interesados en impedir que ese acuerdo de paz, que puso fin a un conflicto de más de 50 años, pueda llegar a cristalizar su implementación”.

Y en su cuenta de Twitter Rodrigo Londoño, Timochenko, jefe del partido de la Farc, dijo que es necesario convocar al mencionado pacto político para "superar definitivamente el uso de las armas en la política y sembrar la reconciliación nacional".

En su carta, el partido de la exguerrilla aseguró que desde el primero de enero han sido asesinados siete líderes sociales. 

Como respuesta a esta comunicación, el consejero Archila aseguró que el Gobierno está comprometido con que jamás se utilicen las armas en la política. "El principio fundamental de legalidad, base programática del Gobierno Duque, excluye toda posibilidad del uso de las armas en la política y para ello lo que se precisa son acciones, como las que ya se están llevando a cabo". 

También dijo que  no comparte la interpretación que hizo la Farc en la carta, por cuanto "pretende reducir a actos simbólicos el pacto de no uso de las armas en política". 

Según Archila, el Gobierno no comparte la afirmación del partido Farc en el sentido de que el no uso de las armas en la política "se deba simplemente circunscribir a documentos de buenas intenciones". 

"Reafirmamos que el no uso de la armas en política es pilar del principio de legalidad que orienta al Gobierno del Presidente Duque, y de la Política Pública de Paz con Legalidad", dice el comunicado de Archila. 

Según el consejero, un aspecto sustancial de este punto del acuerdo, el no uso de armas en la política, ya fue desarrollado en el Acto Legislativo 5 de 2017. Además, asegura que el Gobierno ha tomado todas las medidas para darles "garantías de seguridad para los excombatientes que se mantienen en la legalidad y, de manera muy dedicada, para los miembros del partido Farc". 

El consejero asegura que el Gobierno ya tiene un plan de seguridad para las elecciones regionales de octubre, en el cual se precisaron las acciones que se tomarán para los candidatos de esa colectividad. 

"No sobra recordar que el Gobierno está focalizando su acción en los territorios más golpeados por la violencia, contrarrestando el uso de las armas mediante la ejecución de los planes con enfoque territorial, que responden a las expectativas de seguridad, desarrollo y legalidad de la población", afirma el comunicado del Gobierno.

JUSTICIA 

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