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Viaje a las entrañas de la guerra del ‘clan’ y el Eln que desangra al Chocó
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Las tres guerras que atraviesan a ChocóPor décadas, el espiral de violencia que afecta esta región del Pacífico colombiano ha generado un reacomodamiento de los grupos armados ilegales.
Chocó

Juan Manuel Vargas. EL TIEMPO

Viaje a las entrañas de la guerra del ‘clan’ y el Eln que desangra al Chocó

El Eln y el ‘Clan del Golfo’ no dan tregua a uno de los departamentos más biodiversos del país.

Majestuoso, imponente y desafiante. Así se ve el río Atrato desde el aire, enredado en esa espesa selva chocoana, única en el mundo. Y adentrarse en sus entrañas es aún mucho más fascinante, pero, en cada orilla, la violencia, la deforestación y la pobreza lo siguen menguando.

Así está hoy no solo el río, sino todo el departamento del Chocó. La realidad es una copia a la de hace una década, cinco décadas, de como ha estado siempre: marginado y en la retentiva de los políticos solo en época electoral.

Ahora, ese extenso pedazo de Pacífico, que guarda una exclusiva biodiversidad y cultura, entró en otra etapa de las centenares que ha vivido en medio de las guerras que libra. La confrontación abierta por el control del narcotráfico tiene al Ejército de Liberación Nacional (Eln) en una desmedida batalla contra el ‘clan del Golfo’. Y cada grupo pacta alianzas con estructuras menores de crimen organizado que manejan las prácticas más barbáricas de intimidación.

A esto, imposible desligarle la corrupción que no cesa en la administración pública y la constante ausencia de un Estado cohesionado para actuar. Esa es la lectura de líderes sociales, pobladores y dirigentes de la región.

(También: Los sorprendentes carros y mansiones de Otoniel y otros narcos capturados).

La gente espera que la captura de Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, permita disminuir el accionar delictivo de la estructura que lideraba, pero muchos creen, como ha ocurrido en el pasado, que ya debe estar listo su reemplazo.

Lo cierto es que decenas de voces narran la crítica situación que afronta Chocó.

Lo hizo el 16 de octubre el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que señaló en un informe el incremento de los hechos de violencia, que pasaron de 71 casos registrados en el 2018 a 164 en lo corrido de 2021. Y difícilmente se ha logrado cuantificar a las víctimas, porque muchas decidieron salir en silencio de la región para salvar sus vidas.

Irse para salvarse

Ignacio Rentería, su esposa y sus cuatros hijos son una de esas cifras anónimas. Ahora están seguros en otro lugar del país, arrancando de cero en una tierra extraña, con otro clima, otras costumbres, pocas cosas en su casa y lejos de su río.

Ya habían recibido el primer golpe con la pandemia, cuando el negocio que los mantenía en Quibdó quebró y les fue imposible sostener la deuda con los acreedores, pagar la vacuna del Eln, hacerle frente a la intimidación de los ‘paras’ (como le dicen al ‘clan del Golfo’) y cubrir las cuotas de la hipoteca en el banco.

Pero la mayor motivación para salir fue la sentencia de ‘los Mexicanos’ contra los dos hijos mayores. Les enviaron a Ignacio y a su esposa la foto de los jóvenes, en tiempo real, de su juego de fútbol con unos amigos, seguida de otra imagen, en la que se veía la cabeza de un hombre, cercenada, y con un mensaje escrito en el mismo celular: “Sapos, no los queremos aquí”.

Les dieron 24 horas para salir de Quibdó y la advertencia de no regresar “a ningún rincón del departamento”.

Todo fue muy rápido. Empacaron lo que pudieron, encargaron la casa a los vecinos y huyeron.

(Lea también: Ruta de la legalidad, ¿en qué consiste?).

Ignacio creyó que en esta oportunidad lograría convencer al jefe de la organización de no molestarlos, como lo hizo en enero, cuando le robaron a su hijo la moto que había comprado para el trabajo de mensajería y domicilios.

Fue a hablar con uno de los jefes de ‘los Mexicanos’ y le pidió que se la devolvieran. Era el mismo hombre que todos los viernes le cobraba la vacuna en nombre de los ‘elenos’ y le daba un ‘salvoconducto’, escrito a mano en una cartulina que llevaba el logo del Eln, para que pudiera movilizarse por algunos tramos del río. “Ahí está la ruidosa de su hijo. Se la puede llevar si me trae dos ‘palos’ ”, le exigió.

Y eso fue lo que le costó recuperarla: dos millones de pesos. Sin embargo, la situación ahora era diferente. Sus hijos habían protegido a dos niños de 11 y 14 años. Alias Zety, otro líder de ‘los Mexicanos’, los iba a reclutar para su banda criminal. “No valió de nada. Al final de cuentas a los niños se los llevaron”, agrega Ignacio.

‘Zety’ fue capturado el 30 de septiembre, junto con otras 22 personas, incluido Willington Vidal Rojas, secretario de Hacienda de la Gobernación de Chocó.

Para Ignacio y varios líderes comunales, ‘Zety’ manejaba una ‘casa de piques’ en Quibdó. Lo dicen porque por semanas circularon, a través de grupos de WhatsApp, videos de tres jóvenes que eran desmembrados en sus extremidades inferiores. Nadie supo quién los grabó, cómo se distribuyeron las imágenes ni quiénes eran las víctimas. Solo hubo silencio entrelazado con un profundo miedo.

Alianzas y muerte

El grupo de ‘los Mexicanos’, que hoy pasa de los 200 integrantes, según los datos que manejan Policía y Ejército, es una estructura criminal que nació en el 2017 para administrar el microtráfico, pero también para montar una de las mayores oficinas de cobro (de extorsiones) del Pacífico.

En el 2019, las filas de la organización estaban integradas por hombres entre los 20 y 24 años, y los menores hacían tareas de inteligencia. Sin embargo, la pandemia los potenció: el ‘clan del Golfo’, bajo el mando de ‘Otoniel’, ordenó fortalecer los corredores y rutas por los que salen los cargamentos de cocaína. El Eln estaba perdiendo terreno en el negocio y decidió pactar la alianza con ‘los Mexicanos’.

Así, pasaron de ser los ‘lavaperros’ del ‘Clan’ a los socios de la guerrilla. Y las vendettas, asesinatos y todos los crímenes se dispararon.

La población civil, como siempre, quedó con el trabajo de resistir, de no dejarse estigmatizar, de librar su propia batalla para salvaguardar a sus niñas, niños, jóvenes y líderes sociales y, en los casos extremos, huir.

Es cuando entra en la radiografía la otra parte de la batalla. La contención que intenta hacer la Fuerza Pública que está atacando al mismo tiempo cultivos ilícitos, laboratorios para el procesamiento de cocaína en medio de la selva, los corredores para el tráfico de armas y drogas, la extorsión, la minería ilegal, la creciente deforestación y un soslayado tráfico de personas y explotación sexual de mujeres y niñas.

En Quibdó, capital del departamento, la estación de Policía tiene capacidad para mantener, máximo, a 14 personas detenidas. En el mes de septiembre, la cifra llegó a 134 recluidas, generando un hacinamiento monumental en plena pandemia.

Y de la acción de la justicia también hablan las cifras. De las 788 capturas efectuadas por la Fuerza Pública hasta el 30 de septiembre de 2021, en medio de las acciones contra la criminalidad, 403 personas fueron dejadas en libertad por los jueces.

El reto, tras la captura de Dairo Úsuga, es quebrar el poder de las subestructuras que él mismo conformó para expandir su dominio y sus negocios. Según el general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la VII División del Ejército, estos grupos conectan la frontera con Panamá, el Urabá antioqueño con Ituango y el Bajo Cauca. Un corredor de movilidad que ahora está en disputa.

Es lo mismo que ocurre en toda la región del río Baudó. El corredor para mover los insumos para el procesamiento de la cocaína, así como las armas, está en la contienda de los grupos armados que el miércoles se quedó sin otro de los alfiles del ‘clan del Golfo’.

(Además: El 'rival' de alias Otoniel al que EE. UU. se quiere llevar primero).

Jadinson Escobar, ‘Omar’, fue capturado por la Policía en el municipio de Nóvita. A él le atribuyen algunos de los mensajes intimidatorios que les llegaban a los habitantes de Istmina, Condoto, Sipí y Medio San Juan. Se encargaba de cobrar las extorsiones a los transportadores que usan la vía hacia Quibdó, pero también a los barqueros y tripulantes de las embarcaciones que atraviesan el río San Juan, donde la confrontación con el Eln ha dejado decenas de desplazados.

Precisamente allí, en el San Juan, quedó el resto de la familia de Ignacio. Están soportando y esperando un milagro, como lo esperaron a finales de los años 90 cuando las Farc eran poderosas en algunas zonas de Chocó e imponían su ley, pero recibieron el contrapeso del paramilitarismo.

Entonces, los Rentería salieron con las balas soplándoles en la cabeza para buscar refugio en Quibdó. En este lugar se encontraron, ya en el nuevo milenio, con todos los que se negaron a regresar a Bojayá, luego de la masacre del 2 de mayo del 2002.

Esta es otra guerra con más muertos y menos esperanza.

La negociación con las autodefensas entre 2004 y 2006, y el proceso de paz con las Farc, sellado en el 2016, volvieron a avivar la posibilidad de un cambio, pero, dice Ignacio, no pasó nada sencillamente porque, como siempre, el Estado nunca llegó a ejercer control.

Estadísticas indeseables

Los muertos y las muertas de Chocó, al parecer, seguirán sumando en las estadísticas parciales. Como Vanessa Bermúdez y Gleydi Ibargüen Palacios. Sus cuerpos quedaron encima de una montaña de aserrín, semidesnudos y con signos de tortura, en uno de los aserraderos a orillas del río Atrato en Quibdó, el 9 de octubre.

Así se envían los mensajes, sobre su control territorial, los criminales que azotan a esta región. Por ahora, la Policía les hace frente a las estructuras que entran en la lucha por el poder, tras los golpes al ‘clan del Golfo’. Todos, reclutadores de menores y responsables de delitos sexuales: ‘los Kennedy’, ‘los Palmeños’, ‘los Rapados’ y ‘los Locos del Yan’. Sus organizaciones han sido combatidas en el último año, pero los líderes sociales aseguran que por cada captura aparecen tres nuevos integrantes.

La gente de Chocó resiste. Su mayor fortaleza es esa cultura ancestral que los hace únicos y el encanto de una tierra que conserva una de las mayores biodiversidades del planeta. Una tierra que no se resigna al olvido, mientras sus guerras siguen vivas.

‘Nuestra tarea no es solo en lo bélico’: comandante militar responsable de Chocó

La caída de Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, jefe del ‘clan del Golfo’, marca una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico, especialmente, en regiones azotadas por la violencia que desató su organización hace más de una década. En esa cuenta está el departamento del Chocó, que sigue atravesado por todas las guerras.

El general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la VII División del Ejército, habló con EL TIEMPO sobre la situación actual y los retos inmediatos en cuanto a seguridad y cuidado de la biodiversidad.

(Le puede interesar: La operación de más dos mil días tras los capos del ‘clan del Golfo’).

¿Qué radiografía tenemos hoy de Chocó?

Es una zona amplia y compleja geográficamente. En la parte norte del Chocó hay dos subestructuras del ‘clan del Golfo’, que están conectadas en la frontera con Panamá, el Urabá antioqueño, Ituango y al bajo Cauca antioqueño. Hay otra estructura más de este grupo, la Jairo de Jesús Durango que tiene presencia en Baudó, en el centro del Chocó y en la parte Oriental, en límites con Quindío.

Los planes que tienen concebidos son para su expansión estratégica, en el caso del norte, para mantener el control de los pasos de cocaína en la frontera con Panamá, y en los últimos meses para proteger a ‘Otoniel’. También están atacando al ELN, que tiene cuatro frentes y una compañía en el límite con Antioquia, también hacia Mutatá, Murindó, Dabeiba y Frontino, que es el corredor de movilidad que se están disputando para el tráfico de la coca.

El general Juvenal Díaz está al frente de las operaciones contra el Eln y el ‘clan del Golfo’.

Foto:

Juan Manuel Vargas. EL TIEMPO

¿Qué control tienen sobre el río Atrato?

Tienen gente que le ayuda al ‘clan del Golfo’, los llaman puntos y ellos les pagan; el ELN maneja otros puntos, con trabajo más psicológico y político. Nosotros tenemos el batallón de infantería fluvial, pero solo hacemos movimientos que son de meses, para ir de un punto a otro y no tenemos la capacidad de controlar todo el río.

En el caso del Baudó y el San Juan, tenemos unas unidades de la Armada y con el apoyo nuestro se ha logrado darles golpes que los han afectado y nos ha permitido tener mejor control territorial. Y en la frontera con Panamá, la operación Agamenón ha contenido el desplazamiento y los combates entre los grupos ilegales.

¿Y Quibdó?

Quibdó tiene enfrentamiento entre el ‘clan del Golfo’ y ‘los Mexicanos’, que están aliados con el ELN. Este grupo representa al ELN en forma de franquicia y se disputan la ciudad por el control del narcotráfico y la extorsión, pese a que la situación tiende a mejorar con los golpes que se les ha dado, como la capturaron 23 personas que manejaban la extorsión porque, además, tenían acceso a las bases de datos de Catastro y de la tesorería, y sabían quién tenía cuánto.

¿Y qué generó el desplazamiento en Istmina?

La confrontación entre el ‘clan del Golfo’ y el ELN género el desplazamiento de Istmina. Nosotros insertamos tropa en la zona y generamos la seguridad para que la gente regresara. Pero es importante resaltar que las condiciones para hacer operaciones militares en esta área no son fáciles.

Primero, el movimiento por carretera solo se puede hacer hacia Medellín, hacia Pereira y algunas vías terciarias que tenemos dentro del departamento de Chocó. Hacer una vía en Chocó es muy complicado, porque la humedad es muy alta. Todo el desplazamiento es por vías fluviales: el Atrato, el Baudó y el San Juan; pero, además, el Chocó tiene una característica de pluviosidad, aquí llueve todos los días, así que los apoyos se dificultan para los abastecimientos, los apoyos en los combates y atender a la población.

La minería ilegal es otro de los problemas…

Acá hay dos áreas mineras muy grandes: Quibdó, que es el municipio más grande en extensión del departamento de Chocó y la otra área que es Novita, con presencia y accionar delictivo tanto el ELN, como del ‘clan del Golfo’. Los dos le cobran ‘vacuna’, extorsión a la gente. Y, por otro lado, la gente que explota la minería no tiene licencia ambiental y se ampara en la cuota que le pagan al ELN o al ‘clan del Golfo’.

Los dos grupos ilegales están moviendo droga, ¿cuál es el balance?

Ellos usan los ríos Baudó, San Juan y Atrato. Y a su vez se conectan con los pequeños afluentes, que aprovechan mucho para hacer acopio de la droga y llevarla hacia determinados puntos. Luego la mueven ya sea en submarinos, botes o lanchas. Pero este año hemos logrado hacer un buen trabajo de contención. Hace tres años no se erradicaba en Chocó, y el año pasado empezamos. En 2021 se han erradicado 1.500 hectáreas, se han atacado más de 80 laboratorios de producción de base de coca, y llevamos 18 toneladas de clorhidrato de cocaína decomisadas.

¿Cómo se le puede dar algo de alivio a esta región, que lleva décadas de abandono?

Lo hemos sintetizado en una estrategia de acción unificada. Tenemos factores de inestabilidad en lo económico y social. En lo económico, el narcotráfico con todos sus eslabones, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro y el contrabando, son eslabones que estamos golpeando; y en lo social, estamos revisando cada situación: si tiene cultivos ilícitos, minería ilegal, presencia de los grupos ilegales, y esto permite darle un puntaje, al que se le suma si le falta escuela, agua potable, si le falta una vía, y luego el resultado lo compartimos para determinar los lugares en estado crítico y darle atención. El gobierno ha priorizado Bojayá, Carmen del Darién y Río Sucio. Nosotros como militares queremos no solo ser la parte bélica; también podemos integrar y llevar a diferentes partes acciones que pueden ayudar a mejorar la situación, como generar las vías y la facilidad para que la gente pueda sacar sus productos.

¿Y están haciendo algo por el medio ambiente?

Estamos tomando acciones. Chocó tiene una riqueza hídrica inmensa; esos ríos podrían generar energía limpia a través de pequeñas centrales hidroeléctricas; los bosques generan oxígeno para mantener la capa de ozono y por eso tenemos dentro de esa estrategia de acción unificada, convenios con las corporaciones ambientales para reforestar. Pero no reforestar acá en el patio del batallón. Reforestar en las áreas en donde el Ministerio de Minas nos dice que hay problemas de deforestación. En mi jurisdicción es la parte de la frontera con Panamá y el nordeste antioqueño.

Nuestra meta es llegar a dos millones de árboles sembrados en la división. Llevamos 250.000 este año y el año pasado se sembraron 30.000. Sembrar árboles hace parte de la acción unificada, así que toca ayudarnos y ponernos metas amplias y, sobre todo, generar la infraestructura para que en el 2022 podamos sembrar muchos más.

JINETH BEDOYA LIMA
Editora de Temas Especiales de EL TIEMPO

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