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Verificación, uno de los primeros retos para el anunciado cese el fuego
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Cuestionamientos a la estrategia del cese el fuego bilateralExpertos hablan sobre la legitimidad y efectividad del proceso iniciado entre Gobierno y grupos armados.
Farc

Archivo particular

Verificación, uno de los primeros retos para el anunciado cese el fuego

El presidente Gustavo Petro anunció este acuerdo, por 6 meses, con cinco grupos armados ilegales.

En tiempo récord, en menos de 5 meses, el gobierno del presidente Gustavo Petro logró acordar con varios de los grupos armados ilegales con mayor responsabilidad en la violencia que se registra en el país un cese bilateral del fuego que empezó a regir este 1.º de enero y que en principio se extenderá hasta el 30 de junio.

(Lea también: Los retos del cese bilateral de fuego con el Eln, disidencias y 'Gaitanistas').

Minutos antes del fin de año, a través de su cuenta de Twitter, el Presidente sorprendió con un anuncio que a varios de sus antecesores, en otras negociaciones de paz, les costó años consolidar: “Hemos acordado un cese bilateral con el Eln, la ‘Segunda Marquetalia’, el Estado Mayor Central (el grupo del extinto exguerrillero ‘Gentil Duarte’), las AGC (‘clan del Golfo’) y las Autodefensas de la Sierra Nevada, desde el 1.º de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones”.

Sectores del país y la comunidad internacional recibieron con optimismo el anuncio de que existe un compromiso de varios de los principales generadores de violencia de detener su aparato armado, especialmente para los pobladores de regiones como Arauca, Norte de Santander, Caquetá, Putumayo, Chocó, Cauca y el nordeste antioqueño. Esas son las zonas donde mayor influencia tienen esos grupos armados y, por ende, donde hay más delitos y más ataques contra la población civil (ver nota anexa).

La implementación de ese cese del fuego, la verificación del mismo y la obligación que tiene el Estado de garantizar que no va a quedar amarrado para proteger a los civiles y seguir atacando delitos como el narcotráfico y la minería ilegal son temas de fondo sobre los que aún el Gobierno no ha dado mayores pistas. La Casa de Nariño expidió un comunicado en el que señaló que “para el inicio de estos pactos de cese de violencia, el Gobierno expedirá un decreto específico por cada una de las organizaciones, donde se determinará la duración y las condiciones de dicho cese del fuego”.

Los puntos que han generado mayor preocupación son la verificación del cumplimiento de lo acordado y qué compromiso adquieren esos grupos ilegales para frenar también el negocio del narcotráfico, que es su fuente principal de financiación.

(Más notas: ¿Qué viene tras el anuncio del cese al fuego del presidente Gustavo Petro?).

El senador y exnegociador de paz con las Farc, Humberto de la Calle, sostuvo que el anuncio es una “gran noticia”, pero reconoció las “dificultades de sostenibilidad y verificación”. Mientras que el exministro Juan Camilo Restrepo Salazar sostuvo: “Un cese bilateral a varias bandas como el anunciado es un asunto serio y especialmente complejo para que no se vuelva burla”.

También habló el exviceministro y precandidato presidencial Rafael Nieto Loaiza, quien advirtió: “Un cese del fuego bilateral sin concentración de tropas favorece a los elenos: pueden seguir delinquiendo siempre que no ataquen a la Fuerza Pública, que queda paralizada. Y es de imposible verificación porque los otros grupos criminales siguen operando”.

En video, integrantes del Eln anuncian un cese al fuego. (Imagen de archivo)

Foto:

Captura de vídeo. Archivo Particular

El Gobierno señaló que el cese tendrá el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU, de la MAPP/OEA, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica, que ya han tenido un papel similar en otras negociaciones de paz. De hecho, ayer la Defensoría señaló que desde sus 42 regionales en el país estarán “acompañando a las comunidades más vulnerables en sus territorios para lograr la garantía de sus derechos humanos” y que estarán atentos para “verificar, en los diferentes territorios, que se cumpla con el cese de las acciones armadas por parte de los grupos armados ilegales”.

(Le recomendamos: Estaremos atentos para verificar que se cumpla con el cese al fuego: Defensoría).

Y Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, señaló que la organización “apoya todos los esfuerzos orientados a reducir la violencia en los territorios, a proteger a las comunidades afectadas por el conflicto y a construir paz en Colombia”.

Por su lado, el senador Ariel Ávila indicó que la naturaleza distinta de cada grupo podría dificultar los procesos de verificación, y sostuvo que se debe tener la mayor claridad en los protocolos establecidos, los mandos que responderán por el cumplimiento del cese y el papel de las autoridades para garantizar que este esfuerzo de paz no se enrede.

El rol que debe cumplir la Fuerza Pública

Iván Velásquez, ministro de defensa

Foto:

Ministerio de Defensa

EL TIEMPO se comunicó con el Ministerio de Defensa para establecer cómo será la presencia de las Fuerzas Militares y de Policía en las zonas donde están los grupos que entraron al cese del fuego, y dijeron que por ahora el tema está en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que está encargada de los protocolos que serán oficializados por decreto presidencial.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló en sus redes sociales que “las Fuerzas Armadas respaldan este nuevo esfuerzo por la paz y asumen el compromiso que implica un cese bilateral del fuego, afianzando simultáneamente el control del territorio y la protección de la población. La paz es posible y ¡por ella luchamos!”.

(Más notas: Así enfrentarán las FF.MM. a los grupos al margen de la ley en 2023).

Y Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), consideró que el anuncio es muy importante, pero que no implica que las autoridades estén al margen de lo que suceda en las regiones y que se debe mantener la presencia de la Fuerza Pública para garantizar que no se aproveche para delinquir y mover cargamentos de droga.

“La acción del Estado debe continuar, como lo dijo el presidente Petro, estas conversaciones no son para promover al traqueteo”, dijo González Posso.

La acción del Estado debe continuar, como lo dijo el presidente Petro, estas conversaciones no son para promover al traqueteo: Camilo González Posso

Igualmente señaló que al tiempo se debe pasar rápido a frenar la confrontación entre los mismos grupos ilegales porque, dijo el analista, solo en lo corrido del gobierno Petro se han registrado 70 choques violentos entre esas organizaciones, que han dejado saldos trágicos como el registrado en Putumayo, donde en noviembre, en una aparente venganza entre disidencias, fueron asesinadas 23 personas.

El general en retiro Rafael Colón enfatizó en que las autoridades no pueden ser replegadas a las unidades militares o de Policía y que deben seguir al lado de la población civil y mantener sus capacidades de reacción.

“Deben mantener el control de los corredores de movilidad, no pueden perder su capacidad dinámica y estratégica en los territorios y, sobre todo, deben estar listas y con todas sus capacidades para reaccionar con contundencia contra quien incurra en delitos y viole el cese del fuego”, concluyó el oficial en retiro.

Más de 15.000 hombres suspenderían acciones armadas

El cese del fuego que comenzó a regir con cinco grupos armados tendría un efecto en cerca de 350 municipios a lo largo del país donde esas redes tienen presencia, indicó ayer el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

De acuerdo con cálculos de la organización, el freno a las hostilidades con esas cinco redes en realidad implica que unas 80 estructuras, entre frentes y columnas, dejen las acciones violentas hasta el 30 de junio, plazo anunciado por el Presidente.
Y dentro de esas 80 estructuras serían más de 15.000 las personas alzadas en armas que estarían suspendiendo las acciones de confrontación violenta, añadió la entidad.

Aunque no se conocen cifras más detalladas sobre la composición actual de los grupos ilegales, el más reciente informe sobre presencia de grupos armados en Colombia 2021 y primer semestre del 2022, elaborado por Indepaz, sostiene que por el comportamiento en municipios afectados, se presume que en los últimos dos años hubo un crecimiento en el pie de fuerza principalmente del ‘clan del Golfo’ y las disidencias.

(Le recomendamos: El 2022 arranca con 4 grandes redes criminales con casi 13.000 integrantes).

Este mismo informe señala que el conflicto armado está concentrado en nueve focos: troncal Caribe, Norte de Santander, Arauca, Chocó y Urabá antioqueño; serranía de San Lucas, Cauca y sur del Valle; Putumayo, costa Pacífica nariñense y Triángulo del Telembí; y urbano-ciudades.

Además, el documento hizo una clasificación de los grupos armados entre narcoparamilites (donde está el ‘clan del Golfo’), pos-Farc-EP (que son las disidencias) y Eln, y sostiene que en total los tres tipos de grupos afectaron a 668 municipios en el primer semestre del 2022; en contraste, en todo el 2021 habían sido 657 las poblaciones afectadas. En ambos casos, el número de departamentos afectados en total alcanzó los 27.

En cuanto a los efectos en las ciudades, el informe sostiene que el fortalecimiento de los vínculos de las estructuras armadas de alcance nacional con bandas locales ha facilitado la ‘tercerización’ de acciones en núcleos urbanos.

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