“Nosotros vivimos aquí el flagelo de la guerra todo el tiempo. La violencia no respeta ni a los niños, el miércoles una bala atravesó a una niña de 14 años, se salvó de milagro”, dijo a EL TIEMPO una mujer residente en el municipio de El Tarra, en Norte de Santander.
Prefiere que su nombre se mantenga en reserva. “Usted sabe, aquí manda el fusil y se ve guerrilla y a los otros ‘señores’, por eso es mejor ser precavido con lo que se dice”, explica, y baja la voz como para evitar que el mismo viento la escuche.
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La mujer llevó a sus dos hijos (el 27 de abril) al polideportivo, la Alcaldía había invitado a los menores de edad a celebrar el Día del Niño. “Tras dos años de pandemia, los niños estaban felices porque iba a haber juegos inflables, música y comida”, narró con entusiasmo, y señaló que eran unos 2.000 los menores cuya asistencia se esperaba.
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“En la alcaldía nos citaron a la una de la tarde, y los niños más pequeños iban con la mamá. Eso era mucha la gente en el polideportivo, para hablar se tenía que gritar del bullicio”, señaló.
En su relato, la voz le cambia, casi que le tiembla cuando describe que “a eso de las 4:30 de la tarde se empezaron a escuchar como unas detonaciones, cada vez más fuertes y cerca. A mí, el corazón se me aceleró, tome en mis brazos al más pequeño de mis hijos y al otro no lo veía, y esa angustia que me dio cuando alguien gritó: ‘Son disparos, son disparos’ ”.
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A mí, el corazón se me aceleró, tome en mis brazos al más pequeño de mis hijos y al otro no lo veía, y esa angustia que me dio cuando alguien gritó: ‘Son disparos, son disparos.
En varios videos que se conocieron ese día a través de redes sociales se observa la desesperación de los asistentes a la actividad, a las madres angustiadas por proteger a sus hijos, se escucha a una mujer gritar a través de un micrófono: “Por favor, dejen de disparar (...), por favor no disparen más, piensen en los niños”, mientras se observa a las personas correr, a los niños llorar y se escucha a una mujer casi histérica: “Le pegaron un tiro a la niña, le dieron a la niña, mi niña”.
Esa niña que se salvó de milagro cursa octavo grado en el colegio de El Tarra, y uno de sus profesores la describió “colaboradora, juiciosa y con muchos planes en la vida”, aseguró.
Y le indicó a este diario que esta zona “sufre por el abandono del Estado, nos dejaron en el nivel de poblaciones donde se cultiva la coca, pero aquí hay familias, la gran mayoría se dedican a actividades lícitas, trabajan por salir adelante”, puntualizó.
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El docente aseguró que la desescolarización es alta porque faltan profesores, “pero son muy pocos los que quieren venir a dictar clases por acá, en medio de la guerra, esto del polideportivo pudo terminar en una tragedia”, señaló.
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El general Fabio Leonardo Caro Cancelado, comandante del Comando Específico de Norte de Santander, dijo: “Los narcoterroristas, sin importarles la presencia de los niños, atacaron a la Fuerza Pública y la población civil (...). En la reacción de las tropas dos uniformados quedaron heridos, al igual que una menor de 14 años y un adulto mayor”.

La región del Catatumbo es el punto del mundo con la mayor concentración de matas de coca sembradas.
Infografía EL TIEMPO
Del ataque fueron señalados el Eln y las disidencias del frente 33, dos de las cuatro estructuras criminales que mantienen el control de los cultivos de matas de coca –unas 41.000 hectáreas, señala inteligencia de manera extraoficial, con una capacidad de producción de 300 a 350 toneladas del alcaloide– en la llamada región del Catatumbo (Norte de Santander), integrada por 11 municipios, algunos fronterizos con Venezuela.
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“La cocaína es el motor de la guerra en el Catatumbo”, dijo una autoridad de la Fuerza Pública que pidió la reserva de su nombre. Señaló, además, que la mayor concentración de matas de coca está en los municipios de Tibú, El Tarra y Sardinata.
Tan solo el año pasado, Ejército y Policía incautaron 32 toneladas de cocaína en esta zona del país; este año van 11 toneladas del alcaloide y 14 toneladas de pasta base de coca. “Esta es una afectación económica muy fuerte a estas estructuras narcotraficantes, ya que acá una tonelada de cocaína tiene un valor base de 5.000 millones de pesos”, señaló la fuente.
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De hecho, esa es la relevancia de este flagelo, la parte económica, porque un kilo de coca que sale de Colombia incrementa su valor de forma “potencial”, señaló la autoridad; en Centroamérica, un kilo puede costar 15.000 dólares, y en las calles de Estados Unidos, ese mismo kilo está entre 35.000 y 45.000 dólares.

Aeronave mexicana detectada y destruida en tierra por la FAC en septiembre de 2017.
FOTO: FAC
En la región del Catatumbo también hacen presencia el ‘clan del Golfo’ y ‘los Pelusos’, esta última red muy debilitada por los golpes propinados por la Fuerza Pública.
De acuerdo con información de inteligencia, redes del Eln y de las disidencias –que se sabe tienen sus zonas campamentarias en territorio venezolano– se entrevistan con emisarios de carteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación y los de Sinaloa para negociar el envío de toneladas de cocaína, que, como lo ha informado EL TIEMPO, salen a través de vuelos irregulares a través de pistas ubicadas en el estado de Zulia.
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“Se tiene conocimiento de que esos bandidos también cambian coca por armas y esto les genera que puedan mantener a algunas de sus estructuras con armamento moderno y contar con las redes de apoyo al terrorismo que se camuflan entre la población civil”, dijo la fuente.
Armas que les permiten ser certeros en sus ataques contra los uniformados, como el registrado el 19 de abril, cuando un francotirador del Eln le propinó un disparo al capitán del Ejército Andrey Alberto Bonilla Rocha mientras adelantaba operaciones de registro y control en Convención.
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Tan solo este 2022 han sido asesinados 4 militares y 37 han resultado heridos, así como un policía muerto y 8 heridos en medio de operaciones contra estas redes dedicadas al narcotráfico; y son constantes los hostigamientos a las estaciones de policía y unidades militares.
Esto porque los uniformados mantienen operaciones contra estas redes y su objetivo es dar captura a sus jefes: en el Eln, a alias Alfredo y al jefe de las milicias urbanas, ‘Julián’ o el ‘Rolo’; en el caso de las disidencias del frente 33, a ‘Jhon Mechas’, de quien se sabe que se ubica en territorio venezolano.
Del ‘clan del Golfo’, aún no se ha identificado a su nuevo jefe tras la muerte en una operación de la Fuerza Pública de alias Pascual; y en el caso de ‘los Pelusos’ la situación es similar tras la captura de alias Cúcuta.
En Norte de Santander hace tres años los uniformados vienen adelantando la erradicación forzada de matas de coca, y solo en lo corrido del 2022 han enfrentado 60 asonadas protagonizadas por campesinos presionados por estas redes para impedir el avance de las autoridades.
El oleoducto caño Limón- Coveñas pasa por gran parte de Norte de Santander, situación que han aprovechado estas redes para instalar válvulas ilícitas “y robar el crudo”, señaló la fuente, que añadió que ese crudo lo transportan a unas “refinerías ilícitas, muy artesanales, donde elaboran un combustible, mezcla de ACPM y gasolina, para procesar la pasta base de coca”.
De hecho, entre 2018 y lo corrido de este año el Ejército Nacional ha logrado ubicar 264 de esas válvulas y destruir en igual periodo 193 refinerías.
Otra de las dinámicas que afectan a la población civil en el Catatumbo es el reclutamiento de menores, a quienes se los llevan a la fuerza de sus hogares o enganchan bajo promesas de un salario; en esa línea también se encuentran los ciudadanos venezolanos a los que están reclutando “para perpetrar ataques terroristas contra la Fuerza Pública –señaló la autoridad–, aprovechando la situación de vulnerabilidad y pobreza de estas personas”.
En su momento, las autoridades militares denunciaron que la asonada registrada hace dos meses, en un intento de toma de la base militar ubicada en La Gabarra, fue incitada por alias Pedro, uno de los jefes del frente 33 de las disidencias, “quien instrumentalizó a cerca de 200 ciudadanos venezolanos a quienes les prometió que si lograban entrar a la base, ese terreno se les iba a escriturar”.
Un representante de la Iglesia católica del Catatumbo le dijo a este diario: “Aquí se trata de vivir normalmente, de creer en la protección del Ejército y la Policía; pero los que manejan la coca han dejado en claro que no les importa matar niños, así que ¿los demás qué podemos pensar?”. Y concluyó diciendo: “¿Usted me pregunta cuál es la solución? Nadie lo sabe”.
ALICIA LILIANA MÉNDEZ
SUBEDITORA de JUSTICIA
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