'El problema de los líderes no es de carro blindado'

'El problema de los líderes no es de carro blindado'

Defensor del Pueblo Carlos A. Negret llama al Gobierno para que proteja la vida de líderes sociales.

Carlos Negret, defensor del Pueblo

Carlos Alfonso Negret asumió el cargo de defensor del Pueblo en 2016, durante el gobierno de Santos.

Foto:

Abel Cárdenas / Archivo ELTIEMPO

Por: María Isabel Rueda
21 de enero 2019 , 01:09 a.m.

Como defensor del Pueblo, ¿cómo vio el atentado contra la Escuela de Policía General Santander?

Fue un acto aleve. Creíamos que habíamos salido de los carros bomba y vuelve esto, que es una tragedia. Quisiera decir, entrecomillado: “Colombia se merece la paz, y no la guerra”. Son intentos de asustar a la sociedad colombiana, pero creo que los colombianos ya no nos asustamos con nada.

¿Qué piensa de la reacción del Gobierno de cancelar la suspensión de la orden de captura de los negociadores del Eln?

Tanto durante el gobierno del doctor Santos, y en lo que lleva el gobierno del doctor Duque, hemos hecho llamados al Eln en el sentido de que no puede haber proceso de paz si secuestran, si reclutan niños, como lo evidencié en el Chocó, en la cuenca del río Truandó.

A la zona donde estuvimos se llega luego de 9 horas en chalupa. Allí, en Riosucio, Jagual y Marcial, detectamos que el Eln, en febrero del año pasado, había reclutado más de 20 niños en la zona

A la zona donde estuvimos se llega luego de 9 horas en chalupa. Allí, en Riosucio, Jagual y Marcial, detectamos que el Eln, en febrero del año pasado, había reclutado más de 20 niños en la zona. La sociedad colombiana no quiere que haya niños con fusiles, sino con lápices.

¿Cuántos años lleva usted en el cargo de defensor del Pueblo?

Me posesioné en septiembre del 2016. Estuve con el doctor Santos 23 meses. Llevo seis con este gobierno. Son casi 29 meses.

¿Qué cambios ha visto en la dinámica de la muerte de líderes sociales en el curso de estos dos gobiernos?

Desde marzo del 2017, cuando fueron asesinadas 156 personas y registramos 500 amenazados, hemos venido haciendo un llamado vigoroso al Gobierno. En abril del 2018 volvimos a advertir que los líderes y los defensores de derechos humanos estaban siendo asesinados, y ya la cifra era 282. Ese año terminamos con 432 líderes asesinados. Es pertinente decir que gracias al proceso de paz no son más.

De las cifras que me ha entregado, ¿debe uno entender que, entre uno y otro gobierno, el asesinato de líderes ha seguido una constante?

Sí. Del 7 de agosto para acá la muerte de los líderes sociales ha sido constante. El único mes que se disparó fue en julio del año pasado, con 24 líderes asesinados. Está grave la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde hicimos una misión humanitaria hace dos meses, en mula, durante 9 horas, y las comunidades koguis le dijeron al defensor: “No se preocupe por el agua, no se preocupe por la luz, que aquí tenemos; sáquenos del territorio –con su magistratura moral– a los Pachencas, a los Rojas y a cualquier grupo que nos pueda afectar la vida tranquila de acá arriba”.

¿Existe, como dice el Fiscal, sistematicidad en el asesinato de esos líderes, y en qué consiste?

Jurídicamente la única persona que puede hablar de sistematicidad es el señor fiscal, y eso se deriva del estudio que debe haber hecho la unidad de contexto que tiene la Fiscalía. El Fiscal habla de una “sistematicidad pasiva”.

Quiere decir que va hacia un grupo mayoritario, como los líderes comunales, los indígenas y otros. Con ese diagnóstico hay que tomar medidas de la mano de la Comisión Nacional de Garantías. El problema de los líderes sociales no es de carro blindado. Hay que proporcionar una protección colectiva en las zonas donde los están asesinando.

¿Cuáles son las zonas más críticas?

Por ejemplo, el departamento del Cauca tiene el deshonroso primer lugar de asesinato de líderes sociales en estos tres años. Luego siguen Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, en fin. Pero ya está determinado dónde los están asesinando, y lo que nos toca hacer es brindar una protección colectiva o una protección individual en los casos pertinentes.

¿A qué llama usted un sistema de protección colectiva?

Económicamente, el país no tiene cómo darle a cada líder social un carro blindado o unos escoltas. Consiste en tomar todas las medidas preventivas en las veredas, en los municipios o en los corregimientos donde sabemos que existe una vulnerabilidad de líderes sociales.

¿Qué características tienen las zonas donde vienen asesinando líderes sociales?

Hay economías ilegales, como la minería y la hoja de coca. En algunas zonas, como el Urabá antioqueño y el Urabá chocoano, es por la restitución de tierras. Por ejemplo, en zonas como el Chocó, que hemos transitado ya más de 15 veces, donde no sirven sino los sistemas fluviales, el sistema colectivo deberá consistir en proveer a las comunidades lanchas que les permitan salir muy rápidamente de las zonas cuando saben que vienen los asesinos de los líderes.

Siempre y cuando funcione el sistema de alertas tempranas…

La Defensoría del Pueblo no es una institución de inteligencia. Martes, miércoles y jueves de la semana pasada estuve haciendo trocha en La Guajira, sentándome con la comunidad, y más de 200 servidores de la Defensoría están por todo el país con dos figuras: el defensor comunitario y el asesor de las alertas tempranas, caminando por todo el país.

Los servidores públicos del nivel nuestro no tenemos que estar en Bogotá, sino en las regiones, para palpar lo que realmente
ocurre

Con base en eso, desarrollamos lo que se llama un escenario de riesgo. Los servidores públicos del nivel nuestro no tenemos que estar en Bogotá, sino en las regiones, para palpar lo que realmente ocurre.

A usted poco lo vemos por Bogotá, para ser justos…

Gracias a Dios. Aunque me toca ponerme la corbata de vez en cuando. Le quiero contar un caso emblemático: la alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo en el año 2002, cuando Bojayá. De caminar por la zona de Bojayá y el río Atrato, los servidores de ese momento se dieron cuenta de que posiblemente habría un enfrentamiento entre las Farc y las Auc, y ocurrió la masacre. Más recientemente, en mayo del 2018 emitimos una alerta temprana para Santa Marta, para Dibulla, en La Guajira, y para Ciénaga. Hacíamos precisión de que en Guachaca había un problema con los servidores públicos de Parques Nacionales, tanto contratistas como servidores.

Pero ¿quiénes son los supuestos agresores?

Los Pachencas, que han vuelto a tomarse esa zona; los Rojas. El 5 de enero mataron a Maritza Quiroz, líder de víctimas desplazadas. Entonces las alertas tempranas no son controvertibles, sino que deben acatarse las recomendaciones para tomar inmediatamente correctivos. Generalmente los gobiernos lo hacen, pero hay ciertos casos en que ni siquiera se leen las alertas tempranas, y si se las leen no acogen las recomendaciones.

¿Qué debe hacer un gobierno ante una alerta temprana? ¿Inmediatamente mandar fuerza pública?

No. Citar inmediatamente al Ciprat (Comisión Intersectorial para la Respuesta a las Alertas Tempranas), que a su vez cita a la Fuerza Pública, a la unidad de víctimas, al ICBF, al Sena, y se les explica que hemos encontrado en tal zona un asunto que nos parece importante y que puede generar un riesgo en la comunidad. Generalmente estos atentados, estos homicidios y las alertas tempranas son en las zonas rurales.

En urbanas solamente hemos tenido, que me acuerde, alerta temprana en la ciudad de Medellín, muy bien acogida por el señor Alcalde, y nos caminamos con él las comunas.

¿Actualmente dónde está en desarrollo una alerta temprana?

En los próximos días iremos a Caucasia, con la ministra del Interior y las autoridades de Policía, del Ejército y la Fiscalía, a mirar con la Ciprat todo lo que tiene que ver con Tarazá, Caucasia, El Bagre, zona del bajo Cauca antioqueño. Ese corredor de hoja de coca sale vía San José de Ure a Montelíbano y llega hasta el golfo de Morrosquillo.

¿Los asesinos de líderes son las bandas de narcotráfico, disidencias de las Farc, de explotación ilegal de oro, el Eln?

También grupos removilizados de las Auc, que son los Caparrapos, los Puntilleros, los Pachencas, los Rojas. Tratan de controlar el territorio para manejar la minería ilegal de oro en la zona del andén Pacífico y del bajo Cauca antioqueño o para interferir la restitución de tierras en zonas como el Urabá antioqueño y el Urabá chocoano.

Con respecto a las disidencias de las Farc, ¿qué futuro ve usted?

Le habíamos advertido al gobierno Santos en su momento que, al caminar por las zonas donde tenían influencia las Farc, veíamos movimientos raros y, desafortunadamente, la reincorporación no llegó tan rápido a las zonas. Ahora hay que trabajar muy rápidamente de la mano del consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, para que todo el sistema de reincorporación del proceso de paz se dé.

Necesitamos que a estas personas que se dedicaron a la guerra y ahora quieren la paz se les dé oportunidades de trabajo, de buena salud, de buena educación, de poder tener un buen futuro

Necesitamos que a estas personas que se dedicaron a la guerra y ahora quieren la paz se les dé oportunidades de trabajo, de buena salud, de buena educación, de poder tener un buen futuro.

¿Y qué hacemos con personas como alias el Paisa e Iván Márquez?

Ellos, y todos los miembros de las Farc que se fueron, tienen que volver a reintegrarse. A los colombianos nos da mucha tristeza que los motores del proceso de paz no estén ahí. Y las disidencias están creciendo por lo mismo que anotábamos antes: por las dos economías ilegales en Colombia, que son la minería ilegal del oro y el cultivo de hoja de coca. Como el Estado no ha llegado, las comunidades en esas zonas no tienen sino la opción de la economía ilegal.

Con respecto al helicóptero de Brinks que derribó el Eln, ¿usted ha podido hablar con la población para determinar qué fue realmente lo que pasó?

No, no hemos llegado allá; lo que hemos tratado de hacer es una misión humanitaria para la devolución de los secuestrados.

¿Cuántos secuestrados le ha entregado a usted el Eln?

El Eln, personalmente, me entregó 6 en el Chocó, a los que estuvimos cuatro días en la selva esperando. El año pasado fueron entre 20 y 24 personas, más o menos en los últimos 7 meses. Aspiramos a que el Eln prontamente les devuelva la tranquilidad a los dos empleados de Brinks así como al piloto del helicóptero.

¿Cuándo cree usted que la Defensoría pueda dar abasto para atajar este fenómeno que nos tiene tan afectados y adoloridos a los colombianos?

El primer llamado que les hacemos a la sociedad y al Gobierno es que las alertas tempranas son un mecanismo que evita daños en la sociedad. Cuando se las atiende, salvamos vidas. Tenemos una institución muy fuerte y hemos decidido, de la mano de la Universidad Nacional, hacer una convocatoria para que más de 300.000 abogados se presenten a examen para asumir el mandato de la defensa pública. Mientras tanto, haremos respetar las alertas tempranas y seguiremos trabajando en los territorios.

Con respecto a Bogotá, ¿la Defensoría tiene vigentes alertas tempranas?

No podíamos advertir un atentado de las dimensiones del presentado en la Escuela General Santander. No obstante, en el mes de diciembre sí emitimos una alerta para Bogotá, donde advertimos que existía la posibilidad de que grupos armados ilegales, a través de explosivos, pudiesen realizar un atentado. Es la resolución 086, que se refería básicamente a dos localidades: Kennedy y Usme.

¿El Gobierno las atendió?

Convocó a la Ciprat y fue receptivo al recibir la alerta. No obstante, la arbitrariedad de los actores armados supera cualquier escenario que se pudiera advertir.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

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