Detrás de la millonaria ocupación que realizaron la Fiscalía y la Dijín a los bienes de propiedad del fallecido ganadero y esposo de la exreina María Mónica Urbina, José Guillermo Hernández, quien murió tras un atraco del que fue víctima en Brasil, está una gran operación antilavado contra las fortunas de dos capos de la Costa norte.
Se trata de 77 inmuebles, 76 vehículos y más de 10 mil reses avaluados por las autoridades en más de un billón de pesos.
La operación se dio en el marco de una investigación contra la red ilegal que, según la justicia, encabezaba el narcotraficante Marcos de Jesús Figueroa García, conocido como' Marquitos' Figueroa.
La estructura criminal estaría vinculada a delitos como el tráfico de drogas, extorsión y contrabando, y habrían adquirido un centenar de bienes ubicados en La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cundinamarca, Cesar y Santander, - cuya extensión total se calcula en 6.000 hectáreas - que hoy entraron a la extinción del dominio.
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"Entre los inmuebles decomisados llamó la atención de los investigadores una finca de 600 hectáreas localizada en el Distrito de Cartagena, a 5 kilómetros de la terminal de transporte, y que limita por un lado con la vía La Cordialidad y por el otro con la vía al mar. Los expertos pudieron establecer que en ese predio se tenía proyectada la construcción del que sería el nuevo aeropuerto internacional de Cartagena", se lee en un comunicado emitido por la Fiscalía.
Antes del atraco en el que perdió la vida, Hernández había sobrevivido a tres atentados en septiembre de 2011, poco antes de casarse con Urbina.
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En esa época, la seguidilla de intentos de homicidio, incluido uno con una granada, se le atribuyó a una supuesta retaliación por el crimen de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, el hijo del prestamista de Valledupar, Carlos Rodríguez.
Pero Hernández siempre negó tener cualquier nexo con ese caso, a pesar de que el autor material del crimen lo mencionó a él y al capo Marquitos Figueroa. La Fiscalía se aprestaba a definir si vinculaba o no al caso a Hernández, a quien ya había llamado en dos ocasiones a entrevista.
Marquitos Figueroa, hoy tras las rejas, fue capturado en el 2014. El terror de La Guajira consolidó una red criminal alrededor del contrabando de gasolina, el narcotráfico, la extorsión y los homicidios. Un reportaje del 2014 publicado en este diario detalla que en ese entonces la Policía calculaba que su banda cada día recibía 150 millones de pesos solo por el paso de combustible en la frontera con Venezuela y las ‘vacunas’ a narcos por el paso de cargamentos de cocaína por la frontera y la alta Guajira.
Otros predios que entraron a extinción del dominio figuran a nombre de Armando Gnecco, alias ‘Mandarino', quien es señalado por la Policía y la Fiscalía como uno de los integrantes de la banda criminal de Figueroa, a la que se le ocuparon bienes avaluados en 1.2 billones de pesos comprados con plata de actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión y el contrabando.
‘Mandarino’ aparece en el organigrama de las autoridades junto a José Guillermo Hernández.
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Fuentes de la Policía señalaron que ‘Mandarino’, es un reconocido empresario de Valledupar, dueño de estaciones de servicio y que está vinculado al proceso por el homicidio de Efraín Ovalle Oñate, exdiputado del Cesar, y excandidato a la alcaldía de La Paz (Cesar),
Ovalle Oñate fue asesinado el 25 de febrero de 2012 y en el proceso ha aparecido mencionado y fue citado a dar explicaciones a la Fiscalía el cantante de música vallenata Jorge Oñate.
‘Mandarino’ fue capturado en agosto de 2014, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte de armas, en el mes de enero del 2015 le revocaron la medida de aseguramiento y hoy sigue vinculado al proceso.
Tras su liberación, la Dijín de la Policía alertó a la Fiscalía a través de un informe de inteligencia sobre un soborno que se habría pagado por esa libertad.
Según la investigación, Gnecco Vega habría ubicado a un magistrado que tiene comunicación directa con los jueces de control de garantías de Valledupar para garantizar una decisión favorable.
Con su empresa Inversiones Genneco SAS., ‘Mandarino’ maneja gran parte de su emporio de estaciones de servicio y ha firmado contratos con varias entidades públicas de Cesar y La Guajira. Llegó incluso a tener un departamento de seguridad autorizado por la Superintendencia de Vigilancia.
Como parte de la investigación contra la red de Gnecco Vega la Fiscalía capturó a una funcionaria del CTI que estaría sacando información para suministrarla a la organización.
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