Implementación del acuerdo en temas de género, a paso lento

Implementación del acuerdo en temas de género, a paso lento

Solo 13 de los 122 puntos que tenían este enfoque se han cumplido totalmente. 

Acuerdo de paz con las Farc

El acuerdo con las Farc vive un duro pulso en el Capitolio para sus modificaciones.

Foto:

Juan Pablo Rueda / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
09 de febrero 2019 , 02:10 p.m.

El Grupo de Trabajo Interdisciplinario por el Enfoque de Género (GPaz), que se encarga de hacerle seguimiento al cumplimiento del componente de género en el acuerdo de paz que se firmó con las Farc en el 2016, hizo un análisis sobre qué tanto se han cumplido esos compromisos.

En el acuerdo se pactaron 122 medidas de género, de las cuales 13 se han culminado satisfactoriamente, mientras que las otras 109 tienen distintos niveles de avance. Estos son los resultados de los primeros dos años, de 15 que tiene el acuerdo para ser implementado.

Según un informe entregado por este grupo –conformado por diferentes ONG–, aunque el 70,64 por ciento de estas medidas ya tienen un desarrollo normativo –lo que significa que se ha cumplido por lo menos en llevarlas al papel y convertirlas en ley–, solo el 14,68 por ciento viene andando con una implementación satisfactoria. “Persiste la paradoja de la brecha entre el progreso formal y la concreción práctica”, asegura la investigación.

En las medidas normativas con enfoque de género que van bien, el grupo encontró, por ejemplo, la implementación del Sistema de Alertas Tempranas, y el Programa de Garantías para Lideresas y Defensoras, así como el Conpes de Reincorporación.

Pero los rezagos se mantienen en la limitada participación de las mujeres con el desarrollo rural integral. Así, el GPaz recomienda que se contemple la participación efectiva de las mujeres en todos los programas de la Reforma Rural Integral para que se tengan en cuenta sus necesidades particulares y los efectos desproporcionados que han sufrido en el conflicto armado.

Uno de los temas que más preocupa es el que tiene que ver con las medidas para prevenir y sancionar la violencia basada en género. En el 33 por ciento de las medidas, su cumplimiento está en rojo por una falta de respuesta efectiva ante el incremento de agresiones y asesinados de defensoras de derechos humanos.

Así, preocupan las cifras del programa Somos Defensores que exponen cómo el año pasado, los asesinatos contra líderes sociales crecieron 49 por ciento en relación con 2017. Dentro de esa cifra, el incremento de homicidios contra mujeres líderes fue de 14,30 por ciento. “Las formas de victimización ejercidas contra las mujeres lideresas y defensoras se destacan por la extrema violencia y sevicia empleadas en la comisión de los ataques, de manera particular cuando la violencia sexual precede o concurre con el asesinato”, dice el documento.

Esa violencia extrema contra las líderes se ha visto, dice el GPaz, en los casos en que en algunas de las defensoras asesinadas “operan marcas de género que castigan su empoderamiento”, asegura.


Pese a estos ataques, las investigaciones contra los responsables de estos delitos contra ellas no avanzan. También preocupa la demora para crear el Equipo de Investigación Especial para Casos de Violencia Sexual, que debe marchar dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En cuanto al problema de las drogas ilícitas, el GPaz destaca que cerca de la mitad de las personas vinculadas al programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos sean mujeres. Sin embargo, afirma que esta participación se da porque en su mayoría son madres cabeza de familia o dueñas del cultivo, y no porque se hayan impulsado medidas afirmativas para incluirlas.

Participación política

Otro tema con saldo en rojo es el relacionado con las medidas de participación en política de las mujeres, pues el 38 por ciento están atrasadas. El informe destaca que en lo normativo solo se cumplió con la creación del Estatuto de la Oposición.

Y otra de las dificultades tiene que ver con las medidas que están dirigidas a las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, “en particular debido a la baja capacidad técnica, la falta de articulación institucional y la ofensiva conservadora que busca generar retrocesos en materia de los derechos humanos de esta población”, dice el informe. Aunque se cumplió con la promoción de la no estigmatización en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, muchas de estas mujeres siguen recibiendo prejuicios sociales cuando intentan exigir sus derechos.

En cuanto a la atención a las mujeres víctimas, el GPaz recuerda que la organización Sisma Mujer interpuso una tutela para que a las mujeres que sufrieron violencia sexual en el marco del conflicto se les garantice una adecuada atención para su salud física y también psicológica.

JUSTICIA

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