De las 180.000 solicitudes de adjudicación de tierras que el liquidado Incoder mantuvo engavetadas por años, la Agencia Nacional de Tierras logró evacuar, en 18 meses, 32.000.
Esos resultados son los que explican en buena medida por qué en el mismo lapso, según un informe conocido por EL TIEMPO, la Nación tituló 21.500 baldíos al mismo número de familias campesinas, la cuales hoy son dueñas, con papeles en mano, de 861.000 hectáreas.
A la fecha, en una estrategia que avanza de la mano con el acuerdo de paz con las Farc, pero que es independiente de ese proceso, la Agencia ha formalizado la propiedad sobre 1,4 millones de hectáreas. A las 861.000 hectáreas de baldíos se suman otras 605.000, que corresponden a procesos de constitución o ampliación de resguardos indígenas y tierras de comunidades afro en todas las regiones del país.
En ocho meses largos, cuando termine el gobierno Santos, la meta es que estén formalizadas 2’115.000 hectáreas, si bien el acuerdo de paz estableció una meta de siete millones para los próximos 15 años. La tierra ya formalizada equivale a unas diez veces el área urbana y rural de Bogotá.
El Fondo de Tierras, que también hace parte del acuerdo de paz y debe proveer siete millones de hectáreas para familias que no la tengan, tiene ya 138.000 hectáreas adquiridas a través de diferentes vías. A ese fondo entrarán antes de que termine el gobierno las 932.000 hectáreas que la justicia les ha quitado a las Farc.
De estas, 400.000 están en la región del sur de Bolívar (donde no se conocía que esa guerrilla hubiera amasado tal fortuna) y el resto, en Caquetá, Meta y Putumayo. El inventario crecerá también porque la Fiscalía tiene detectadas miles de propiedades que las Farc no han entregado aún para la reparación de sus víctimas.
“El impacto de este programa es clave, como que equivale a lograr que la paz ahora sí tenga bases sólidas en las regiones –dice Miguel Samper, director de la Agencia de Tierras– (...). Sin la formalización de la propiedad no habrá desarrollo en las regiones y tampoco la posibilidad de que la inversión privada llegue con seguridad jurídica hasta donde antes no podía hacerlo”.
El viernes pasado, la Agencia Nacional de Tierras entregó títulos de propiedad a 80 familias de Caucasia, en el bajo Cauca antioqueño, que antes cultivaban coca, y llevan ya varios años con los programas de sustitución de cultivos. En ese municipio hay otras 1.023 familias que esperan dar el mismo paso, de un total de 7.300 en todo el país que aspiran a legalizar la propiedad sobre los terrenos que alguna vez fueron narcocultivos. Varias de las familias que recibieron títulos de propiedad en el bajo Cauca son parte de cabildos zenúes que también le han apostado a la sustitución.
El Gobierno, según dijo Samper, espera que antes de fin de año termine el proceso de socialización para la expedición de la ley de tierras, cuyo trámite se dejará para el año entrante, cuando se reinicie la legislatura.
El director de la ANT garantizó que ninguna de las disposiciones irá en detrimento de la propiedad privada sobre la tierra, como lo han señalado algunos sectores críticos del acuerdo de paz. “Se acusó a la Agencia de Tierras de que iba a generar inseguridad jurídica y que iba a acabar con la propiedad privada; por el contrario, los resultados lo que demuestran es que la propiedad privada se masificó”, dice Samper.
Para Samper, si la tierra fue origen del conflicto, debe jugar también un papel en la construcción de la paz.
Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO
Miguel Samper, director de la Agencia de Tierras.
¿Qué explica la diferencia de resultados entre la Agencia y el Incoder?
En el Incoder había una descentralización absoluta, la cual hizo que se perdiera el norte estratégico. Todo dependía de las regionales, con los problemas que eso podría implicar. También, como lo han demostrado sentencias de los jueces, hubo episodios de corrupción ya sancionados por la justicia. La diferencia con la Agencia es que hay voluntad de realizar las cosas y transparencia para hacerlas.
¿Cuál es el impacto de la labor de la ANT?
Ya se está viendo una positiva transformación de la tierra en el país. Los campesinos no podían dar más espera para que el Estado tuviera programas que realmente impactaran su situación. La Agencia ha acortado tiempos y trámites burocráticos innecesarios para lograr cumplir su misión.
¿Qué va a pasar con la altillanura?
El mensaje para muchos de los que tienen allí baldíos, y que los han ocupado por décadas incluso promovidos por el Estado, es que se tiene que regularizar su situación, pero el Estado no va a quitarles tierras. Menos si están cumpliendo con el objetivo social, que es trabajarlas y generar desarrollo.
JUSTICIA
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