La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA) lleva 13 años en el país. El año pasado, el Gobierno extendió su mandato para monitorear la situación en las zonas que están dejando las Farc. Roberto Menéndez, jefe de la Misión, dice que si bien las comunidades están viviendo más tranquilas, hay amenazas.
Según dice, donde se vive la situación más compleja es en el departamento del Chocó.
A 45 días largos de la desmovilización y el desarme definitivo de las Farc, ¿cuál es el panorama de seguridad que la Mapp-OEA ha identificado en las regiones?
Como resultado del monitoreo y acompañamiento permanente en los territorios, hemos identificado que en algunas zonas hay continuidad de las acciones violentas de los grupos armados ilegales en su afán por copar territorios y acceder al control de economías ilegales. Esto se expresa, en algunos casos, en el asesinato de líderes sociales y atentados contra la fuerza pública. Sin embargo, estos hechos son de naturaleza compleja y no se corresponden con la realidad de todo el país. Realizar conjeturas con base en generalizaciones es contribuir a la confusión y al temor, y no aporta a la correcta comprensión del fenómeno, ni a soluciones eficaces para enfrentarlo.
Por ejemplo, es necesario analizar con mayor profundidad la lectura según la cual las regiones en las que estaban las Farc fueron copadas completamente por otros actores armados. Hemos identificado que rumores iniciales sobre la presencia o llegada del Eln a ciertos territorios, como el Meta, alcanzaron a generar alarma, pero con el pasar del tiempo se diluyeron porque no son cercanos a la realidad.
No obstante, también hemos constatado que tras la salida de las Farc, el Eln ha buscado reposicionarse en territorios como el Darién chocoano y la costa del Pacífico nariñense. Hasta hace algún tiempo la presencia del Eln en esas zonas era marginal, pero desde hace dos años se ha fortalecido, con el agravante de que en el Darién hay fuerte presencia del clan del Golfo y en la costa de Nariño de las llamadas disidencias de las Farc, lo que ha generado enfrentamientos armados y consecuentes desplazamientos masivos, como los registrados en Riosucio e Iscuandé el pasado abril. Nos preocupan, entonces, esos reacomodamientos y pretensiones expansivas que están generando afectaciones en muchas zonas.
Consideramos que frente a estas dinámicas es importante mantener la rigurosidad en el análisis, ya que si bien en algunos casos se puede identificar la llegada o expansión de estos grupos a nuevas zonas, como lo mencioné, en otros el uso de nombres como ‘disidencias de las Farc’, ‘clan del Golfo’ o ‘Rastrojos’ puede obedecer a una estrategia de expresiones de delincuencia común para generar temor.
De esa labor en el terreno, no desde ahora sino desde antes del proceso, ¿se puede concluir que el fin de la guerra con las Farc sí producirá un cambio para mejorar la vida de esas zonas?
Aún observamos con preocupación que en algunos territorios parecen mantenerse o degradarse las dinámicas violentas que afectaron al país en los últimos 50 años. Sin embargo, también identificamos cambios muy positivos. De hecho, si comparamos con las fases iniciales del proceso de paz con las Farc, es decir 5 o 6 años atrás, los cambios hoy son más palpables en la cotidianidad de las comunidades, debido al cumplimiento del cese al fuego y hostilidades por parte de la guerrilla. Un ejemplo de esto son los procesos de desminado que se están dando en algunas zonas, y que contribuyen a que la gente viva más tranquila. Tenemos la plena certeza que menos hombres y mujeres en armas siempre será un escenario más esperanzador.
En efecto, el fin del conflicto debería ser el paso inicial que dé cabida a una mayor presencia estatal y al aterrizaje de las políticas de paz en los territorios. Es por ello que insistimos en la necesidad de seguir avanzando de manera rápida, pero ordenada y articulada, en la implementación de los acuerdos a nivel local, de tal forma se mejore la vida de las comunidades, se cierren las brechas de inequidad y se facilite el acceso los mecanismos institucionales como la justicia formal.
Si bien las disputas son entre grupos armados, la principal afectada sigue siendo la población civil
¿Qué amenazas perciben para la seguridad en las antiguas zonas de presencia y control de las Farc?
Tenemos gran preocupación respecto a la seguridad de los líderes sociales, comunitarios y defensores de Derechos Humanos, y la de sus entornos. Desde 2016 y comienzos de 2017 hemos observado la ocurrencia, en cortos períodos, de amenazas y homicidios de personas con perfiles diferentes, pero con marcados roles de liderazgo y preocupación por temas colectivos en sus comunidades. Valoramos los esfuerzos del Estado a través de instancias como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para garantizar la seguridad de estos líderes. En este y otros espacios hemos reiterado que se requiere seguir avanzando hacia medidas efectivas y oportunas de protección e investigación.
Otra amenaza es el mantenimiento de los nichos que favorecen las economías ilegales, como el narcotráfico, o de otras legales pero con altos grados de informalidad, como la minería. Esto hace que ciertas regiones continúen siendo de interés para el control y posicionamiento de los grupos armados ilegales, aunque las Farc ya no estén. También reconocemos el esfuerzo del Estado con políticas como la sustitución de cultivos ilícitos. No obstante, es determinante evaluar a tiempo las posibles amenazas a la seguridad de quienes liderarán este proceso desde las comunidades para garantizar su integridad de manera efectiva, pues la sustitución constituye un palo en la rueda para los grupos armados que se financian del narcotráfico.
Hace una década, la Mapp-OEA dio la primera alerta sobre el surgimiento de nuevos grupos en antiguas zonas 'paras'. ¿Cuál es el panorama que se ve hoy en regiones como Guaviare, Nariño, Chocó y el Catatumbo?
Tal vez estas son las zonas de mayor complejidad, pero no por la misma razón. El caso de Guaviare es particular porque allí las llamadas disidencias de las Farc se han manifestado con gran hostilidad hacia la fuerza pública, pero también hacia la población civil, con afectaciones como el reclutamiento de menores, extorsiones, amenazas y restricciones a la movilidad, también a la comunidad internacional que acompaña diferentes procesos, como ocurrió con el colega de Undoc hace dos semanas en Miraflores.
En Nariño, además de lo mencionado anteriormente, también hemos identificado que en municipios fronterizos como Cumbal se evidencia la presencia de miembros del Eln que buscan posicionar su control tras la salida de las Farc.
La región del Catatumbo, en Norte de Santander, sigue siendo escenario de manifestaciones de violencia. Allí el panorama se complejiza por la presencia del reducto no desmovilizado del Epl, que aumenta sus niveles de hostilidad hacia la población civil y la fuerza pública. Y en zonas rurales de Cúcuta, además de los enfrentamientos entre Los Rastrojos y el clan del Golfo, las comunidades y las Juntas de Acción Comunal de algunos barrios ya han denunciado amenazas provenientes de otros grupos.
Y de todos, el caso que nos parece más preocupante es el de Chocó, debido al fuerte impacto humanitario que han dejado los enfrentamientos entre el clan del Golfo y el Eln en municipios como Riosucio, Lloró, Alto Baudó, Medio Baudó y El Litoral del San Juan. Los miles de desplazados que han salido de Riosucio, los secuestros en Nóvita y San José del Palmar, así como la masacre en El Litoral del San Juan, evidencian que si bien las disputas son entre grupos armados, la principal afectada sigue siendo la población civil.
Además de estas, ¿hay otras zonas del país que le preocupen a la Mapp-OEA?
De la región pacífica también nos preocupa el Valle del Cauca, específicamente Buenaventura. Como mencionaba anteriormente, algunas zonas del andén Pacífico han sido escenario de disputa durante los últimos meses y dadas las condiciones de la zona, el riesgo de la población es extremadamente alto.
Esto incluye al Cauca, no solo en su zona costera. Este es uno de los departamentos con mayor cantidad de agresiones a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Además, es una zona de fuerte presencia del Eln, así como lo fue de las Farc, con complejas conflictividades sociales que deben ser abordadas por el Estado para favorecer la consolidación de la paz.
Nos preocupa también que las llamadas disidencias de las Farc han dejado de ser exclusivamente del Guaviare, y se han empezado a conocer algunas informaciones que hablan del tránsito de las disidencias de los frentes 1 y 7 hacia otras zonas como el sur del Meta y el Caquetá.
¿Cómo describiría los nuevos grupos, las disidencias en antiguas zonas de Farc?
Algunas de las llamadas disidencias, en particular las de los frentes 1 y 7, han mantenido sus formas de control y afectación sobre las comunidades. Además de lo que mencionaba sobre las extorsiones y reclutamiento de menores de edad, han circulado panfletos y cartillas con mensajes ideológicos y políticos justificando su permanencia en armas. Sin embargo, sigue existiendo en el territorio la percepción de que el vínculo con las economías ilegales como la del narcotráfico aún es muy fuerte, y que esa es la verdadera motivación de esta disidencia para no sumarse a la dejación de armas.
Si bien se habla de su debilitamiento producto de fugas de mandos medios con armas y cantidades importantes de dinero, nos preocupa profundamente el hecho de que, en paralelo, nuevamente se están presentando reclutamientos de menores de edad en zonas rurales del Guaviare y del sur del Meta.
¿Ve al Estado colombiano cubriendo realmente la situación en las antiguas zonas de Farc?
Hay un esfuerzo importante de parte del Estado. Hay que señalar, por ejemplo, que el papel de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz ha sido valorado positivamente en aquellas zonas aledañas a las ZVTN y PTN donde están concentradas las Farc. Su rol en la resolución de conflictos o en la regulación de la convivencia, ha sido visto como una aproximación adecuada de la Policía en estos territorios históricamente controlados por las Farc.
Las fuerzas militares, por su parte, continúan protegiendo las ZVTN y PTN, al tiempo que mantienen la ofensiva sobre actores armados que siguen siendo identificados como amenaza, como es el caso del Eln o de las llamadas ‘Bacrim’ o GAO. Esa doble tarea, refleja el compromiso de las fuerzas armadas con la paz del país. Sin embargo, hay dos preocupaciones que reiteradamente nos manifiestan las comunidades que habitan los territorios dejados por las Farc. La primera es la percepción de que la presencia de la Fuerza Pública en algunas de estas zonas es insuficiente y no alcanza para garantizar las condiciones de seguridad que la gente esperaba tras la salida de las Farc; la segunda es que en algunas regiones, particularmente en aquellas con amplia actividad extractiva petrolera, como Putumayo, se mantiene la sensación de que las fuerzas militares únicamente protegen la infraestructura, mas no brindan seguridad a las comunidades.
También hay avances relevantes en materia desarrollo territorial y política criminal. No obstante, el gran reto del Estado será lograr aterrizar todos estos planes y programas en los territorios en donde históricamente no estuvo o tuvo una presencia débil, y en donde las reclamaciones son múltiples y de larga data.
¿De qué características es el reacomodamiento de los actores ilegales en las zonas que han dejado las Farc?
Así como los reacomodos descritos para el caso del Chocó han implicado fuertes disputas por el control de ríos, cuencas y pasos estratégicos, con grandes impactos humanitarios, en otras zonas estos reacomodos resultan menos evidentes de lo que se podría pensar. Encontramos, por ejemplo, que en el sur de Bolívar, zona en la que compartían presencia las Farc y el Eln, los movimientos de esta última guerrilla tras la salida de las Farc, se han dado a nivel veredal, generando afectaciones a la población que son menos visibles a los ojos del Estado.
Como resultado del monitoreo permanente en los territorios a través de 15 oficinas regionales, hemos encontrado que el 'modus operandi' de estas estructuras es más cercano al de grupos pequeños, que pueden vestir de civil y usar armamento corto para no llamar la atención y garantizar su presencia de bajo perfil en algunos caminos o cascos urbanos de corregimientos o veredas. En otras regiones de abierta disputa sí se ha tenido conocimiento del uso de brazaletes, uniformes y armamento largo pero, de nuevo, no con grandes cantidades de hombres armados, sino en pequeños grupos.
Aunque la tendencia a nivel nacional no nos ha mostrado casos en los que grandes contingentes de hombres armados realicen desplazamientos con la libertad con la que, por ejemplo, lo hacían los grupos de las Auc, recientemente hemos conocido informaciones sobre posibles desplazamientos de un gran número de hombres armados en el municipio de Murindó, en el norte del Chocó. Es importante que el Estado de la atención debida a estos hechos investigando y verificando eficazmente este tipo de episodios.
¿Cuál es su hipótesis sobre las recientes acciones del clan del Golfo, como el 'plan pistola'? ¿Cómo debería enfrentar esta situación el Gobierno?
No es la primera vez que el Estado enfrenta una estrategia así. Desde la época de los carteles, ésta ha sido una estrategia utilizada por las redes ilegales debido al bajo costo que les significa y al enorme impacto que tiene en las comunidades y en las autoridades.
El desarrollo de este tipo de acciones en grandes ciudades como Cartagena, o en sus zonas rurales como ha ocurrido en Medellín, Sincelejo o Montería, evidencia la fuerte influencia que puede llegar a tener este grupo en diferentes lugares, en un mismo momento. Esto ya se había presentado en al menos dos paros armados convocados por el Clan del Golfo, el más reciente hace poco más de un año, en el que logró afectar a varios municipios del norte y noroccidente colombiano.
En ese sentido, es importante que el Estado colombiano identifique correctamente el fenómeno, como una dinámica que normalmente se manifiesta en entornos rurales apartados pero que, para manifestar su influencia, se puede extender también a sectores urbanos. La Misión reconoce el valor de la estrategia de seguridad del Estado contra este grupo, pero también identifica la necesidad de avanzar en el desarrollo de alternativas penales que, a partir del sometimiento, puedan ofrecer una solución desde el punto de vista de política criminal.
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