Las deudas y aciertos de Justicia y Paz, a 15 años de su creación

Solamente en contra de Salvatore Mancuso, último comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), están en judicialización 32.006 casos en Justicia y Paz. Para los presidentes de las salas de esa jurisdicción en Bogotá, Medellín y Barranquilla, esto “evidencia la dimensión de este proceso”, que se inició con la promulgación de la Ley 975 el 25 de julio de 2005.

Tras 15 años, Justicia y Paz presenta tanto éxitos como fracasos, según distintas voces. Los magistrados Teresa Ruiz, Juan Guillermo Cárdenas y Carlos Andrés Pérez, presidentes de las salas, aseguran, en respuesta conjunta a EL TIEMPO, que “Justicia y Paz no es un experimento, sino un referente” que se construyó desde cero y como primera justicia transicional para un conflicto de más de 50 años.

La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General registra 238.019 hechos cometidos por el paramilitarismo, que se desmovilizó a mediados de la primera década del siglo, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Hasta el momento, los tribunales han emitido 70 sentencias condenatorias contra 588 exparamilitares. Para los presidentes de los tribunales, “todas son emblemáticas”, pues recogen muchos de los hechos más execrables del conflicto: masacres, torturas, desapariciones, violencia sexual, desplazamientos forzados, entre otros.

(Lea también: Cicatrizar heridas: la deuda de Mancuso y ‘Jorge 40’ con el país). 

En total, se les condena por 9.929 hechos que dejaron 38.426 víctimas. Entre tanto, hay 81.732 hechos en proceso judicial, es decir, sin sentencia, cometidos sobre 154.370 víctimas (ver gráfico).

Franklin Castañeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que nació justamente en la movilización para que esos crímenes no quedaran en la impunidad, considera que Justicia y Paz ha sido una justicia “residual”.

Se estima que 31.671 ‘paras’ se desmovilizaron, pero no todos fueron postulados a Justicia y Paz. “Buena parte terminaron beneficiados con una especie de amnistía de facto”, dice Castañeda. Para él, el balance cuantitativo es negativo. El total de condenados es el 1,8 por ciento de los desmovilizados.

(Además: Condenan a expara 'Juancho Prada' a 8 años de cárcel por 465 delitos). 

Sin embargo, dada la masividad de los crímenes del conflicto, la justicia transicional apunta a juzgar a los máximos responsables. Los presidentes de los tribunales aseguran que “todos los comandantes de los paramilitares postulados (…) se encuentran ya condenados”, algunos incluso con más de una sentencia. Sin embargo, para Castañeda, los máximos responsables no se reducen a quienes tuvieron el mando del aparato militar.

En sentencia del 2014 contra Mancuso y otros, la magistrada Alexandra Valencia explicó que el paramilitarismo funcionó como un reloj de arena, en el cual el funcionamiento y las responsabilidades no solo recaen en los armados, pues quienes no hicieron parte “sí cumplieron determinadas funciones dentro de aquel fenómeno macrocriminal que podría materializarse en la responsabilidad penal de los auspiciadores, patrocinadores, ideadores o fundadores del paramilitarismo”.

(Le puede interesar: Los casos de financiadores de la guerra, en el radar de la CPI)

Castañeda asegura, citando ese reloj de arena, que los máximos responsables de los poderes políticos y económicos tras el paramilitarismo no han sido completamente develados. Como consecuencia de las versiones de los postulados se compulsaron 16.980 copias para investigar, entre otros, a agentes del Estado no combatientes, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles. Las investigaciones que la Fiscalía adelanta por esas compulsas son 2.606. 

Rodrigo Pérez Alzate –‘Julián Bolívar’ cuando era comandante del Bloque Central Bolívar– coincide: “La verdad no solo está en quienes empuñamos las armas (...) También en un sector de la sociedad, el empresariado y la clase política corrupta que ha auspiciado estos grupos”.

Pablo Gómez, investigador de DeJusticia, asegura que ese es un capítulo fallido de Justicia y Paz, pues ese modelo solo tenía competencia para judicializar a los desmovilizados, y la competencia sobre los civiles y funcionarios es de la ya congestionada justicia ordinaria. Esas casi 17 mil compulsas, dice Castañeda, son pistas del resto del reloj de arena.

(Más de su interés: 'A la verdad del conflicto le falta parte de empresarios y políticos': Rodrigo Pérez)

Para los presidentes de las salas de Justicia y Paz, los retos que tienen hoy están en judicializar los hechos restantes y continuar desentrañando la violencia contra civiles, así como establecer la dimensión de los daños sobre la biodiversidad y “fortalecer el seguimiento a los bienes que tienen extinción de dominio para que el Estado los administre de la mejor maneja y puedan ser utilizados en la reparación de las víctimas”.

También aseguran que está pendiente compilar las disposiciones de las sentencias “para establecer los cambios políticos, económicos, culturales, institucionales que debe asumir la sociedad para que el fenómeno de la violencia derivado del conflicto armado no se vuelva a repetir”. Justicia y Paz, dicen, “debe perdurar” para darle respuesta a las víctimas que siguen esperando su reparación integral.

(Lo invitamos a leer: Giraldo, el ‘expara’ condenado como ‘depredador sexual de menores’)

La no repetición es también, para Pablo Gómez, una de las deudas y retos de ese modelo de justicia. “El gran debate es el rearme, porque si uno hiciera el equilibrio entre verdad y pena, sí se cumplió, pero el problema serio está en las garantías de no repetición”, asegura. Esto recae en todo el modelo de reinserción, pues una vez dejaban las armas, las estructuras debían desmontarse, pero centenares de paramilitares reincidieron.

Por volver a cometer delitos dolosos han sido excluidos del proceso 101 desmovilizados, y no se sabe a ciencia cierta cuántos volvieron a grupos criminales. Franklin Castañeda se suma al decir que el modelo “no fue capaz de desmantelar el conjunto de las estructuras paramilitares”, al punto que grupos como el ‘clan del Golfo’ o los ‘Caparrapos’, activos hoy, son herencia de los antiguos frentes de las Auc.

Por su parte, Pérez Alzate considera que la desmovilización “no le puso un punto final al paramilitarismo, este sigue existiendo”. Varios exjefes, como él o Fredy Rendón Herrera, el ‘Alemán’, purgaron sus penas y terminaron convertidos en gestores de paz.

(Además: De 70 decretos revisados, 52 fueron avalados por la Corte sin reparos)

En últimas, para Gómez, Justicia y Paz cuenta la historia de “una juventud maltrecha por la guerra”, con casos exitosos de reincorporación a nivel individual, pero sin oportunidades socioeconómicas suficientes para evitar la reincidencia delictiva.

Castañeda agrega que la sociedad necesita sanar y perdonar, y para esto hacen falta verdades en un clima político más relajado, pero hoy, para él, el país “está quizás mucho más polarizado que en el 2005”, lo que dificulta el fin último de este y cualquier otro proceso transicional que atraviese el país: la reconciliación.

Para comprender el balance de Justicia y Paz, dicen los presidentes de las salas, hay que entender que la sala de Bogotá solo recibió solicitudes de audiencia hasta 2009, mientras que las salas de Medellín y Barranquilla fueron creadas en 2011. Por su parte, el investigador de Dejusticia Pablo Gómez dice que estos 15 años podrían dividirse en cuatro etapas.

La primera es el alistamiento, desde 2003, cuando se firmó el acuerdo de Santa Fe de Ralito, hasta 2006, cuando la Corte Constitucional declaró inexequibles algunos puntos y puso condicionantes a otros, en respuesta a las demandas de las víctimas. Solo hasta entonces se aclaró el escenario jurídico para que el nuevo sistema comenzara a operar.

(Lea también: ‘Creo que los congresistas no conocen la realidad de la justicia’)

Entonces, llegó el momento de aplicación inicial de la ley con “muy poca legitimidad”, dice Gómez. Por ejemplo, fue cuando decenas de los comandantes fueron extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y cuando se dio el debate sobre la magnitud real de las desmovilizaciones, pues con el tiempo se comprobó que cerca del 40 por ciento de las personas registradas eran de redes de apoyo y colaboradores ocasionales, y no propiamente de los frentes. Además, se dio un fuerte debate sobre los narcotraficantes que se colaron como ‘paras’ en el proceso.

En este momento del proceso, las versiones libres concentraron toda la atención, dice Gómez, con una participación reducida de las víctimas. Aunque se conoció mucha información, los discursos de los ‘paras’ ante los estrados eran “justificatorios”. De allí que los funcionarios judiciales tuvieran que prepararse mejor para controvertir lo que los postulados decían.

Como los postulados fueron poco más de 5.000, muchos desmovilizados quedaron por fuera del proceso, lo que llevó a que en 2010 se promulgara la Ley 1424, que estableció un mecanismo especial para los desmovilizados rasos, con un esquema de libertad a cambio de que participaran con verdad extrajudicial ante el Grupo de Memoria Histórica, luego Centro Nacional. Según Gómez, fueron más o menos 17.000 los desmovilizados que se acogieron a este proceso.

(Lea también: El mismo Gobierno pidió tumbar decreto de subsidios a los servicios)

Este periodo llega hasta 2012, cuando se aprueba la Ley 1592, que hace una reforma profunda al proceso. Es cuando se privilegia el juzgamiento masivo de los delitos más graves, pero además, se revisan los esquemas de libertad, porque todavía sin ser procesados, los antiguos paramilitares ya estaban a punto de cumplir los 8 años de cárcel que pagarían como pena máxima por sus delitos. Había 1.900 privados de la libertad y apenas 13 habían recibido sentencia, asegura Gómez.

Desde entonces, “comienza a funcionar muy bien”, y ese es el tercer periodo. Justo ese año, comienzan las conversaciones de paz con las Farc en La Habana, sobre las cuales se ponen todos los reflectores. Hacia 2016, cuando se logra el acuerdo final, Justicia y Paz pierde el papel que traía en la agenda pública, asegura Gómez, pues se opaca la investigación “muy potente” de esos años.

Desde entonces y hasta el presente, la actuación de Justicia y Paz, a juicio del investigador Gómez, se vuelve más discreta. Sin embargo, el regreso al país de extraditados como Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, así como las peticiones de estos de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han vuelto a despertar el interés sobre el modelo de justicia para los paramilitares y en especial para los comandantes que, a lo largo de estos 15 años, muy poco participaron de Justicia y Paz.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES
Redactor de Justicia
Twitter: @LopezJuanDa