En entrevista con EL TIEMPO, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, revela que casi 2.500 guerrilleros y miembros de la Fuerza Pública han firmado compromisos con la Jurisdicción Especial para la Paz para acceder a libertades transitorias. De estas, ya se han materializado 653: han sido excarcelados 72 militares y 581 guerrilleros.
¿Cuál es el balance de la Ley de Amnistía e Indulto y el decreto para agentes del Estado?
Se está cumpliendo según lo establecido. Por ejemplo, se han otorgado 206 indultos con fundamento en la Ley 418 y estamos revisando 40 más; respecto a la aplicación de la Ley 1820, que contempla beneficios a guerrilleros, se han materializado 231 amnistías de iure, 103 libertades condicionadas y se han concedido 141 traslados a zonas veredales. La Secretaría Ejecutiva de la JEP nos ha confirmado la suscripción de actas de compromiso con 1.732 miembros de las Farc y 749 con miembros de la Fuerza Pública.
¿Por qué no se ha presentado el proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia de Paz?
No se ha hecho porque la construcción del texto implica el trabajo a varias manos. Hemos trabajado arduamente con el apoyo e intervención de instituciones que estarían involucradas en la implementación, así como de centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil con amplia experiencia en los temas de víctimas y justicia transicional. El objetivo de este proceso fue recopilar los insumos necesarios para el desarrollo normativo requerido para poner en marcha el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
¿Es verdad que hay dos grupos trabajando en el proyecto, uno conformado por Enrique Santiago y Yesid Reyes, y el otro por el equipo del Ministerio de Justicia?
No es cierto. Desde hace un tiempo, el trabajo que realizan las entidades en la construcción de documentos que se presentan al Congreso pasan por un control y una revisión del doctor Yesid Reyes, una persona con indiscutibles cualidades académicas, jurídicas y humanas, en su rol de asesor del Gobierno. Como lo señalé anteriormente, se ha trabajado con toda la institucionalidad en arduas jornadas de discusión, consensos y disensos, lo que ha enriquecido la iniciativa legislativa y las propuestas que van al Congreso.
Esa ha sido la manera de trabajar y de operar en la construcción del Acto Legislativo para la Paz y ahora en la ley estatutaria. Lo que hay realmente es una estructura de elaboración técnica de los documentos y de revisión e incorporación de comentarios.
Esa influencia del exministro Reyes sobre los proyectos de la justicia de paz ha generado comentarios que se refieren a él como el ‘ministro en la sombra’...
Eso no es verdad. El doctor Yesid Reyes ha venido asesorando al Gobierno y con él tengo un permanente y fluido diálogo sobre toda la temática de la justicia y la paz. En este momento, este ministerio tiene un liderazgo importante en distintos escenarios. (...). El trabajo es arduo y debe ser reconocida la labor de todo el equipo del ministerio.
¿En qué otros proyectos relacionados con la JEP están trabajando?
Dentro de la implementación del acto Legislativo de JEP no tenemos ninguna norma pendiente, excepto la ley estatutaria de reglamentación de la JEP. En el ministerio tenemos compromiso con dos iniciativas más que no tienen relación con JEP pero sí con el acuerdo, relativas a pequeños cultivadores y a la justicia agraria. Al respecto se está discutiendo su elaboración, procedimiento y trámite.
Se ha trabajado con toda la institucionalidad en arduas jornadas de discusión, consensos y disensos
Hace una semana, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo con el cual impidió que un policía remitiera su caso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), recordándole que fue condenado a cinco años de cárcel por montar una pirámide con la que estafó a 54 personas, lo cual no tiene nada que ver con el conflicto.
EL TIEMPO conoció que la decisión, además de atajar a los que quieren colarse en esa justicia, tuvo una motivación mayor: enviarles el mensaje a quienes están quedando en libertad condicional por acogerse a la JEP de que esa justicia no traerá beneficios de manera gratuita.
A los agentes como el policía, la Corte les advierte que si quieren entrar a la JEP, deben haber sido condenados o procesados “por haber cometido conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.
Pero, el segundo mensaje clave es que una vez entre a funcionar el sistema de verdad, justicia y reparación se deben comprometer a “contribuir a la verdad plena, a la no repetición, a la reparación inmaterial de las víctimas, así como a atender los requerimiento de los órganos”. La Corte hace este señalamiento varias veces en el fallo, según fuentes, por declaraciones de algunos agentes que han quedado en libertad y han dicho públicamente que no tienen nada que reconocer en la JEP.
El alto tribunal también quiso recordarles a los uniformados que la libertad provisional no implica que se haya definido su situación jurídica, y que si al final del proceso vuelven a ser condenados o son expulsados de la JEP, el tiempo que estarán libres no se les tendrá en cuenta en el monto de la pena. La Corte también asegura que esa libertad puede ser revocada “si no cumplen las obligaciones contraídas en la respectiva acta de compromiso”.
El tercer mensaje va para la misma JEP. El alto tribunal dice que en el caso de los agentes del Estado, la ley les impone el deber de respetar “las obligaciones internacionales de investigación, juzgamiento y sanción”, es decir que al tomar decisiones la Corte, no bastará con la versión del postulado, sino que “estará obligada a verificar la información que este suministre”. Ese será un punto controversial una vez los magistrados de la JEP revisen fallos de la Corte Suprema.
Se abre la puerta de prisión para otros ‘duros’ de FarcUn juez concedió la libertad condicional a Jesús Márvel Zamora, alias Chucho, uno de los dos jefes de las Farc más importante preso desde 2008 y quien ya había aparecido en la lista de canjeables de esa guerrilla.
‘Chucho’, hombre de confianza del ‘Mono Jojoy’, fue encargado de liderar el avance de esa guerrilla con destino a Bogotá.
Otro juez expidió la boleta de libertad de José Armando Cadena, alias Bronco, condenado por el secuestro de los tres norteamericanos que permanecieron en poder de las Farc entre febrero del 2003 y julio de 2008.
A los juzgados ya llegó el acta de compromiso de Wílmer Antonio Marín alias Hugo, jefe del frente 22 de las Farc, capturado en diciembre de 2003 y señalado del asesinato de la excongresista Marta Catalina Daniels y del secuestro y muerte del empresario japonés Chikao Muramatsu.
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