Hacen falta $ 115 billones para poder cumplir con la ley de víctimas

Hacen falta $ 115 billones para poder cumplir con la ley de víctimas

Informe de seguimiento a esta ley plantea que sólo se alcanzará a reparar al 20 por ciento.

Día de las Víctimas en el Congreso de la República

Día de las Víctimas en el Congreso de la República

Foto:

César Melgarejo. EL TIEMPO

Por: Justicia
06 de agosto 2019 , 02:29 p.m.

A la ley de víctimas le quedan menos de dos años. Sin embargo esta política -que buscó reparar a las personas afectadas por el histórico conflicto armado colombiano- todavía tiene significativas deudas pendientes que, si las cosas siguen como van, se quedarían sin cumplir. 

Al hacerle seguimiento a la ley de víctimas que se creó en el 2011, la Contraloría, Procuraduría, Defensoría y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas hizo un informe conjunto en el que concluyó que hacen falta por lo menos 115,9 billones de pesos para poder cumplir con los compromisos de esta política del Estado colombiano. Por ejemplo, solo las medidas como las indemnizaciones, vivienda, reparación colectiva y atención psicosocial requieren de 65.5 billones de pesos.

También aseguran que las acciones que están estipuladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 son "insuficientes" para atender a la población que necesita especial protección en el país. 

Actualmente el número de víctimas registradas que podrían acceder a una indemnización por la vía administrativa son 6.495.713 personas. De ese total, hasta ahora se han indemnizado a 821.836, lo que corresponde a un 12.6 por ciento. 

El Plan de Desarrollo establece que la meta del Gobierno Duque es de 1.4 millones de víctimas reparadas administrativamente. Es por esto que, con esta meta, al terminar la vigencia de la ley -que acaba en junio del 2021- no se va a alcanzar a reparar a toda las víctimas del conflicto, pues si se cumple lo que se propuso el Gobierno más lo que ya se logró, se llegará a indemnizar solo a un 20 por ciento de quienes tienen ese derecho. 

Uno de los planes que también va rezagado, como el de la reparación administrativa individual, es la reparación colectiva. Así, de 669 sujetos reconocidos y que tienen derecho a esta medida, sólo 140 tienen un plan aprobado de reparación. Y únicamente 6 de ellos han terminado las medidas de reparación colectiva. 

Con los grupos étnicos, el panorama es más preocupante aún, pues el 70 por ciento de estos sujetos colectivos se encuentra en el primer paso de la ruta de reparación y apenas hay 30 planes aprobados y en implementación. 

Además, la investigación de estos organismos de seguimiento a la ley plantea que entre el 2018 y el 2019 los recursos dirigidos a las comunidades étnicas disminuyeron, lo que "indica un retroceso en las acciones con enfoque diferencial". Así, el dinero que se destina a los pueblos indígenas disminuyó un 34 por ciento, el destinado a las comunidades negras, un 25 por ciento, y también bajó en un 43 por ciento para el pueblo Rrom. 

"Las comisiones de seguimiento evidenciaron fallas de planeación que inciden en la implementación de la política de atención a víctimas, especialmente en lo que tiene que ver con víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades étnicas, además de inconsistencias en los reportes de información", asegura el informe. 

Las comisiones de seguimiento evidenciaron fallas de planeación que inciden en la implementación de la política de atención a víctimas

El informe también encontró dificultades en otro de los compromisos de la ley de víctimas: el de la restitución de tierras. Así, de la totalidad de solicitudes de restitución (unas 121.462), el 64 por ciento han sido negadas por la Unidad de Restitución de Tierras, "muchas de ellas argumentando razones que no se ajustan a la ley", aseguran las comisiones. 

También preocupa que persisten los fenómenos del despojo y abandono forzado del territorio, específicamente en la región del Pacífico, la Orinoquía y la región Andino-Amazónica. Muchas dinámicas violentas están asociadas a la deforestación, y actividades destinadas al cultivo de coca, cultivos agrícolas industriales, ganadería extensiva y explotación minera. 

Estas instituciones, además, advirtieron sobre el crecimiento del desplazamiento forzado en todo el país, tras la firma del acuerdo de paz con las Farc. Solo en el 2018 hubo 130 desplazamientos masivos que afectaron a 32.808 personas que conformaban 10.225 hogares. 

Esa situación "ha desbordado la capacidad de las entidades territoriales y nacionales para la atención inmediata, de emergencia y sostenibilidad de los procesos de retornos y reubicaciones, impidiendo acceder a soluciones duraderas que posibiliten la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas", asegura el informe. 

Además, en lo que va corrido de este año, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo reportó que 15 departamentos, y 25 municipios del país se encuentran en riesgo de violaciones de derechos humanos. Dos de esas alertas mostraron la posible afectación de 1.676 indígenas y afrodescendientes que viven en el Litoral de San Juan (Chocó), y de 69.000 en Arauquita, Fortul, Saravena y Tame (Arauca). 

JUSTICIA

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