Arranca decreto que permite decomisar dosis mínima

Arranca decreto que permite decomisar dosis mínima

Duque firma el lunes la norma que permite confiscar cualquier cantidad de droga en espacios públicos

Consumo de marihuana

Si un ciudadano porta o consume droga en un espacio público, la Policía le decomisará la sustancia, que será llevada a la estación bajo su jurisdicción.

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Andrés Cristaldo / EFE

01 de octubre 2018 , 12:17 a.m.

A multas hasta de 208.000 pesos se expondrán quienes porten o consuman estupefacientes en espacios públicos. Es lo que manda el decreto que firmará en las próximas horas el presidente Iván Duque, el cual establece el decomiso de cualquier cantidad de droga, incluso la dosis mínima y la de aprovisionamiento.

El decreto es un desarrollo del Código de Policía, en lo referente a la prohibición de tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas, y del acto legislativo 2 del 2009 que prohibió el porte y consumo de drogas. Con esta norma, según la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, se adoptarán medidas policivas, no penales, “que permiten hacer frente al problema del microtráfico que está afectando gravemente a nuestros jóvenes”.

Reportes de las autoridades establecen que la venta de droga en las calles y la entrega puerta a puerta de alucinógenos, solicitados mediante redes sociales, carteles están moviendo al año más de 10 billones de pesos en microtráfico.

Tenemos que capturar y llevar a la justicia a los jíbaros y expendedores, a los que están contaminando a los niños a las afueras de los colegios

Este fin de semana, desde Villavicencio (Meta), el Presidente afirmó que este decreto es solo una parte de una política integral antidrogas y celebró que ese enfoque haya sido respaldado en las Naciones Unidas. “Tenemos que capturar y llevar a la justicia a los jíbaros y expendedores, a los que están contaminando a los niños a las afueras de los colegios”, dijo.

Para el Gobierno es un paso clave en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, aunque no han sido pocos los cuestionamientos de sectores, en el sentido de que esta medida va en contravía de lo dicho por la Corte Constitucional, cuando reguló la dosis mínima en defensa del libre desarrollo de la personalidad.

Claves en el procedimiento

Si bien la Policía ya venía incautando estupefacientes en espacios públicos, desde hoy se cuenta con una reglamentación precisa sobre los procedimientos en cada circunstancia y el trámite, paso a paso, que deben ejecutar los uniformados.

Entrado en vigencia el decreto, si un ciudadano porta o consume droga en un espacio público, la Policía le decomisará la sustancia, que será llevada a la estación bajo su jurisdicción.

Al ciudadano sorprendido realizando estos comportamientos en espacios públicos se le impondrá una multa tipo dos, que según el Código de Policía tiene un valor de 208.000 pesos.

Desde que entró en vigencia el Código, y hasta el pasado 24 de septiembre, la Policía había impuesto ya 37.000 comparendos por ese tipo de hechos.

Si la persona puede demostrar, mediante un certificado médico o un testimonio de la familia, que es adicto, podrá ir ante un inspector de Policía o una autoridad competente para hacer sus descargos y exigir que le devuelvan la droga decomisada. Si no puede probar su adicción, la droga decomisada será destruida y la Policía deberá llevar el registro de esas acciones.

Si la persona es sorprendida con más de las cantidades establecidas en la ley como dosis mínima, podrá ser capturada y procesada por el delito de porte y tráfico de estupefacientes y la droga será incautada.

La Corte Constitucional, al amparar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, dio vía libre a la dosis mínima que le permite a una persona portar hasta 20 gramos de marihuana, cinco gramos de hachís, un gramo de cocaína (u otra sustancia a base de cocaína) y dos gramos de metacualona.

Pero nunca la Corte respaldó el uso de estas sustancias en espacios públicos.

Dosis de aprovisionamiento

unque con este decreto el Gobierno espera fortalecer la lucha contra el microtráfico, la dosis mínima no es la única que preocupa a las autoridades.

En una decisión del 2016, la Corte Suprema de Justicia cambió la jurisprudencia sobre la dosis personal, estableciendo que una persona puede exceder el porte de la cantidad mínima si comprueba que es adicto.

De este modo, el alto tribunal abrió paso a la ‘dosis de aprovisionamiento’, que se refiere a la cantidad que el adicto necesite.

Para la Fiscalía, esto ha generado un limbo jurídico que ha sido aprovechado por las redes del microtráfico en el país. Por ello, en junio, y con el apoyo de alcaldes de las ciudades capitales, radicó ante el Congreso un proyecto de ley para reglamentar el asunto.

La iniciativa pide que se declare que la dosis de aprovisionamiento “no podrá exceder del doble de la cantidad establecida como dosis personal para las sustancias reguladas en la Ley 30 de 1986”.

En cuanto a las operaciones de la Policía, en la práctica no existe esa dosis, por lo que en esos casos lo que procede es llevar el portador y la droga ante la autoridad competente, que es la que finalmente decide, con base en las pruebas aportadas por el capturado, si la droga portada por la persona es una dosis de aprovisionamiento o no.

El objetivo general del decreto es cerrarles el paso a las redes criminales que inducen a niños y jóvenes al consumo y ubicar y capturar a sus jefes.

Política integral contra las drogas

​Varios ministerios trabajan en una política integral antidrogas que, según ha dicho el Gobierno, será presentada pronto ante el Consejo Nacional de Estupefacientes.
La política contendrá las estrategias que desarrollará el Gobierno en los próximos cuatro años.

Según ha adelantado el Ministerio de Justicia, esta abarcará desde la prevención del consumo, hasta la penalización y el fortalecimiento de la extradición, pasando por la aniquilación de la cadena de producción y comercialización de las drogas.

El Gobierno contempla también el regreso de la fumigación aérea con glifosato, respetando las disposiciones de la Corte Constitucional en salud, medioambiente y protección de las comunidades.

JUSTICIA 

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