Farc, Eln, M-19, Ejército Revolucionario Guevarista (Erg), Ejército Popular de Liberación (Epl), Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Movimiento Armado Quintín Lame, disidencias, Nueva Marquetalia, Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (‘clan del Golfo’).
Nombres y siglas de grupos ilegales que han marcado una historia de conflicto armado en el país y que a lo largo del tiempo han desaparecido, mutado, enfrentado, aliado y han dejado a su paso, según el Centro de Memoria Histórica, más de 250.000 víctimas fatales en el país.
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Y aunque las Farc y las Auc, las más grandes de esas organizaciones y que llegaron a considerar que podían acceder al poder en el país, desaparecieron por cuenta de negociaciones de paz, en muchas regiones del país se mantiene la presencia armada de redes ilegales, las cuales, ya sin tantos hombres como esas dos máquinas de guerra, siguen amedrentando a sus habitantes.
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En agosto de 2019 se publicó el video en que los comandantes del grupo disidente 'Segunda Marquetalia' anunciaban su regreso a las armas.
Captura de video de líderes de las disidencias
Esta semana, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) presentó el estudio ‘Los focos del conflicto en Colombia’, que contiene su más reciente análisis sobre la presencia de grupos ilegales en el territorio nacional, el poder real de esas redes ilegales y los sitios en los que delinquen e intentan controlar rentas ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.
El extenso documento señala que el Eln tendría 2.450 integrantes organizados en ocho frentes, que el año pasado habrían hecho presencia en 211 municipios de 23 departamentos; las disidencias de la desaparecida guerrilla de las Farc tendrían unos 5.200 integrantes, ubicados en 123 municipios de 22 departamentos, y una tercera categoría que denominan ‘grupos narcoparamilitares’ y que agrupa el ‘clan del Golfo’, la banda del capo ‘Otoniel’ y ‘los Pelusos’ juntaría menos de dos mil personas.
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En diciembre de 2018, Indepaz ya había presentado una versión de la investigación para establecer el impacto de la desaparición de las Farc en el conflicto armado.
Para ese momento, la investigación señaló que el Eln tenía 2.000 integrantes; el Epl, 250; los narcoparamilitares, 3.000; las disidencias, 2.500, de los cuales se señalaba que 900 serían rearmados (reincidentes), 300 no iniciaron el proceso de desarme (disidentes) y 1.300 corresponderían a nuevos reclutamientos.
Entre las dos mediciones, separadas por casi tres años, se registraron algunos cambios: el Eln habría incrementado su número de hombres en 450, el Epl habría desaparecido, los narcoparamilitares habrían perdido 500 hombres y las disidencias habrían duplicado su tamaño.
En la más reciente medición, el instituto vuelve a aclarar que esto último no implica que los excombatientes estén incumpliendo sus compromisos, y señala que el 95 por ciento de quienes se acogieron al proceso sí lo están haciendo y que en su mayoría “el pie de fuerza que conforma estos grupos pos-Farc-Ep son nuevos reclutas”.
Tras la muerte de Carlos Castaño y la desmovilización de las Auc, miles de exparamilitares fueron reclutados por nuevas estructuras ilegales.
AFP
Los dos informes coinciden en que los grupos armados se transforman. Son comandados por mandos medios y jóvenes que en su mayoría no actúan bajo alguna convicción política
La cifra de integrantes de grupos ilegales es mucho menor que los que tuvo la guerrilla de las Farc hace dos décadas, cuando llegaron a ser más de 20.000, y los que conformaron en su momento las Autodefensas. Según el Centro de Memoria Histórica, entre los años 2003 y 2006 se desmovilizaron, colectiva e individualmente, 35.317 combatientes.
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No obstante la salida de la guerra de ese impresionante número de actores ilegales, el reclutamiento, aunque en menor proporción, no se detiene y pareciera que Colombia está todo el tiempo en una espiral que tiene espacio permanente para nuevos o reciclados grupos al margen de la ley que afectan la vida y la tranquilidad de los ciudadanos.
El director de Indepaz, Camilo González Posso, consideró que una cosa es ver la fotografía del momento y otra ver toda la película.
“Es evidente que hay una recomposición de grupos, pero tenemos menos guerra, se ha venido desescalando la violencia, han caído las afectaciones a los derechos humanos”, indicó González Posso.
Señaló que tampoco se puede desconocer que hay una recomposición de redes ilegales que está permitiendo que se abran otros tipos de violencia contra la población, lo que requiere medidas más rápidas del Estado para evitar que esos grupos sigan creciendo y puedan llegar a los niveles del pasado.
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La politóloga María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), coincidió en que el país y la sociedad deben reconocer que se ha avanzado. Añadió que las Farc eran el último grupo con alcance y mandó nacional capaz incluso de realizar acciones violentas simultáneas en varias regiones del país. Igualmente indicó que las tasas de homicidio, que llegaron a estar al 60 por ciento, hoy se encuentran en niveles del 24 por ciento.
“A finales del siglo pasado teníamos más de 40.000 personas en armas y hoy estamos hablando de un problema de alrededor de diez mil, pues yo creo que estamos en un nivel muy distinto”, indicó la analista tras señalar que esos grupos ilegales tenían presencia en alrededor de 500 municipios y hoy estarían en unos 200.
Alias Uriel, cabecilla del Eln, fue dado de baja.
AFP
Advirtió que esa presencia se mantiene en zonas como el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo, donde ha sido persistente la presión armada a lo largo de los años.
A su turno, el profesor de maestría en Ciencia Política y Construcción de Paz Germán Valencia señaló que a lo largo de 200 años Colombia ha tenido alrededor de 100 guerras, algunas de ellas de larga duración como la de las Farc, y que eso evidencia que el país tiene una tendencia a “estar armado para solucionar sus problemas y a la organización armada para conseguir sus fines, unos políticos y otros económicos (...) desde que exista un incentivo político o económico existirán esos grupos armados”.
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Aunque el Gobierno ha señalado a los cultivos ilegales y el narcotráfico como el principal motor de la violencia en el país, los analistas dicen que las causas del conflicto van mucho más allá y pasan por otros temas sociales de desigualdad y falta de oportunidades para algunos sectores que terminan siendo enganchados fácilmente por las redes ilegales.
¿Qué hacer?Para Camilo González, más allá de intervenciones de las autoridades, que son parte de la estrategia, “se deben adecuar las instituciones y las inversiones a las necesidades de los territorios”. Indicó que es el Estado el que debe llegar a copar los espacios que han dejado los grupos ilegales en los municipios, a los que están llegando redes criminales a explorar rentas ilegales.
Llorente consideró que el país no puede perder lo que se ha ganado con la desaparición de las Farc y que se debe avanzar en la búsqueda de nuevas soluciones a problemas como el narcotráfico y el homicidio.
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“Seguimos combatiendo el problema como si nada hubiera cambiado, seguimos con las mismas recetas. No todo es narcotráfico”, indicó, y señaló que se requiere por ejemplo fortalecer la justicia y cambiar las condiciones territoriales para evitar que los grupos ilegales puedan seguir delinquiendo y que algunas de esas modificaciones estaban en el acuerdo de paz.
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