‘Mauricio Pácora’. Arnulfo Guzmán Hernández, alias Tigre. El ‘Flaco Freddy’ o ‘Coyote’. ‘Uriel’.
Esos nombres y alias del crimen no les suenan mucho a la mayoría de los colombianos. Son, en su orden, las cabezas criminales de ‘los Pelusos’, los bloques ‘Vichada’ y ‘Meta’ de ‘los Puntilleros’ y el jefe del frente de guerra Occidental del Eln.
Pero ellos, junto con las cabezas del ‘clan Úsuga’ y los jefes de las disidencias de seis frentes y dos columnas de las Farc, son hoy el objetivo uno A de más de 80.000 hombres de las Fuerzas Militares y la Policía con la misión de garantizar la seguridad de la Colombia del posconflicto.
En la misma lista aparecen los jefes más poderosos del Eln, pero ellos están, por ahora, blindados de la acción del Estado por el accidentado proceso de negociación que se adelanta con esa guerrilla en Ecuador.
Todos esos grupos tienen hoy, según informes oficiales del Ministerio de Defensa, 5.793 delincuentes: 3.201 en armas y 2.542 milicianos y miembros de redes de apoyo. Todos ellos representan el mayor desafío para el Estado y la consolidación de la paz.
La salida de la guerra de unos 7.000 guerrilleros de las Farc gracias al proceso de negociación de La Habana plantea, por primera vez en décadas, un escenario en el que el Estado tiene posibilidades reales de imperar en todo el territorio. De hecho, las cifras nacionales en casi todos los indicadores de seguridad son las mejores en cuatro décadas. Una reducción del 7 por ciento en el número de homicidios en todo el país con respecto al 2016 es un indicador claro de la situación. A corte del 25 de mayo, se reportaban 4.542 asesinatos, mientras que en el mismo lapso del 2017 hubo 4.869.
Pero en esta primera etapa del proceso de consolidación de la paz –que podría tomarse diez años, según el general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las FF. MM.
"Hay zonas del país que, incluso, reportan más violencia que cuando la única ley que se respetaba era la que imponía la guerrilla" dijo esta semana el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien agregó que se trata de “realidades regionales que contrastan con la realidad nacional”.
Eso está pasando en zonas de Caquetá, Guaviare y Putumayo, y sobre todo en el Chocó, donde, después de años de relativa calma, las comunidades tuvieron que huir por causa de la guerra entre el Eln y ‘los Úsuga’.
En Chocó, dijo en entrevista con EL TIEMPO Roberto Menéndez, jefe de la Misión de la OEA en Colombia, es claro que hay un afán de expansión del Eln hacia los antiguos territorios de Farc.
“El Eln ha buscado reposicionarse en territorios como el Darién chocoano y la costa del Pacífico nariñense. Hasta hace algún tiempo la presencia del Eln en esas zonas era marginal, pero desde hace dos años se ha fortalecido, con el agravante de que en el Darién hay fuerte presencia del ‘clan del Golfo’ (‘los Úsuga’), señaló el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp-OEA).
Quibdó, la capital del departamento, lleva un muerto menos que en 2017. Pero en esa capital la tasa de homicidios (número de casos por cada 100.000 habitantes) es de 92,2: es la más alta con respecto al promedio nacional, que está en 24 por cada 100.000 personas. Además de la puja entre los grupos ilegales ya existentes, el Fiscal advirtió que en Caquetá se reporta la llegada de narcos del Valle que intentan apoderarse de las zonas de cultivo de coca. En ese departamento hay presencia de las disidencias de las Farc, y no se descarta que estén buscando una alianza con la mafia del Valle, que por décadas ha sido la principal compradora de la coca que se produce en Caquetá.
Pero frente a todas estas amenazas, el Estado ha estado lejos de quedarse quieto. Además de los bombardeos que ya se han estrenado contra las bandas criminales, el balance de las operaciones contra todos los grupos desde el 29 de agosto de 2016 (cuando empezó el cese del fuego bilateral) deja 2.667 capturas, 786 desmovilizaciones y 58 muertes en operaciones. Las Farc, en pleno proceso de paz, han visto cómo 541 de sus hombres optaron por desertar y acogerse a los programas de reinserción.
Simultáneamente, en buena medida gracias a la paz con las Farc, avanzan los planes para erradicar la amenaza de las minas antipersonas: hay 199 municipios priorizados por Descontamina Colombia, el programa presidencial contra las minas. El año pasado, 287.000 metros cuadrados quedaron libres de ese flagelo. Y 2017 arranca con mejores perspectivas en el frente en el que menos efecto ha tenido el proceso de paz: el de los narcocultivos.
El reporte de Naciones Unidas sobre 2016, que se conocerá en semanas, arrojará una cifra cercana o superior a las 130.000 hectáreas, más del 30 por ciento más que en 2015. Pero en menos de cinco meses de este año ya se han destruido 15.000 hectáreas, casi la cifra total del año pasado. La meta son 50.000 hectáreas erradicadas y otras 50.000 sustituidas voluntariamente.
La estrategia de seguridad priorizó 160 municipios de los 1.122 del país como escenario del Plan Victoria, de las Fuerzas Militares, y el de ‘Comunidades seguras y en paz’, de la Policía. Sobre el terreno, hay una nueva distribución de las fuerzas y del uso de recursos claves, como los aviones de inteligencia. En las zonas rurales ya no se ven grandes concentraciones de uniformados, sino unidades más pequeñas, más móviles, que son la respuesta a la manera como están operando los grupos ilegales.
Esas unidades son las que están pisando los talones de los ‘objetivos de alto valor estratégico’. Esa lista la encabeza Dairo Antonio Úsuga David, jefe del ‘clan del Golfo’, el hombre más buscado del país y de quien se afirma que mueve el 70 por ciento de la cocaína que se produce en Colombia. Roberto Vargas, ‘Gavilán’, y Luis Orlando Padierna, ‘Inglaterra’, son, en su orden, el segundo y el tercero de la lista. Por cada uno de ellos se ofrecen $ 500 millones.
En los últimos 9 meses han sido capturados 980 integrantes del ‘clan’ y han muerto 14 en operaciones adelantadas por la Policía. En las dos últimas semanas han sido capturados 37 hombres, sindicados de participar directamente en el ‘plan pistola’, que este mes ha cobrado la vida de 10 policías y dos civiles. ‘Mauricio Pácora’, exguerrillero del Epl, de 45 años, es la actual cabeza de ‘los Pelusos’ y es considerado el enemigo público número 1 en la zona norte del país. Es el cuarto heredero del temido ‘Megateo’ y está al mando de 292 delincuentes que manejan narcotráfico y extorsiones en municipios de Norte de Santander como Teorama, Filogringo, Convención, Sardinata y Tibú. Inteligencia estableció que su segundo es ‘Pedro’ o ‘Pepe’: por ellos se ofrecen 110 millones de pesos como recompensa.
Al sur del país, en las selvas del Meta y Vichada, siguen operando las dos disidencias del ‘Erpac’, la banda que nació, hace diez años, de la desmovilización paramilitar en los Llanos. Ahora se hacen llamar ‘los Puntilleros’ y tienen 268 delincuentes, entre hombres en armas y redes de apoyo. Por sus jefes, ‘Tigre’ y ‘Coyote’, también hay recompensas de 110 millones de pesos. Uno de los retos para militares y Policía es impedir que se unan a las disidencias de las Farc en el Guaviare, que se originaron en frentes como el primero y el séptimo, que estaban plenamente metidos en el narcotráfico y con los que hicieron negocios por años.
‘Uriel’, por su parte, es el responsable del sangriento renacer del Eln en Chocó. Tiene 4 frentes bajo su mando. Está en el grupo de los capos de los 110 millones de pesos.
‘Crimen Organizado Residual’. Ese es el nombre utilizado por el Ministerio de Defensa para referirse a las disidencias de las Farc, cerca de 400 hombres que decidieron no subirse al bus de la paz y seguir delinquiendo, especialmente por medio del narcotráfico.
Las disidencias siguen siendo marginales. Representan el 5 por ciento de los más de 7.000 guerrilleros que están concentrados en las zonas veredales y puntos transitorios en proceso de entrega de armas y desmovilización.
Los informes de las Fuerzas Militares dicen que son antiguos hombres de los frentes primero, séptimo, 16, 62, 29 y de las columnas ‘Daniel Aldana’ y ‘Teófilo Forero’.
El grupo más fuerte está bajo el mando de ‘Gentil Duarte’, un curtido guerrillero que reúne unos 200 hombres en Meta y Guaviare y que en su momento estuvo en La Habana.
Contra este grupo se realizó el primer bombardeo, en zona rural de Miraflores, Guaviare, en marzo de este año. Y uno de sus jefes, ‘Morrudo’, murió en una acción de la Policía en San Vicente del Caguán, Caquetá, el 15 de mayo. A los cuatro días, el 19 de mayo, se les incautó más de una tonelada de cocaína en un complejo ubicado en zona rural de El Retorno, en Guaviare.
‘Iván Mordisco’, el segundo de ‘Duarte’, ordenó el 3 de mayo el secuestro de Harley López, un colombiano que trabaja para las Naciones Unidas. López se encontraba en Barranquillita, zona rural de Miraflores, en un acto del programa voluntario de sustitución de cultivos ilícitos, al cual las disidencias de han opuesto.
La otra disidencia fuerte es la de la ‘Daniel Aldana’, que se asentó en Tumaco, Nariño; ahora se está recomponiendo –en su mayoría milicianos–, ya que 128 de sus integrantes se desmovilizaron masivamente el 28 de marzo.
Inteligencia está verificando la situación en Cauca, donde se tiene conocimiento de que unos 50 hombres del frente 29 y la columna ‘Daniel Aldana’ se habrían marginado del proceso y quedado en la ilegalidad para mantenerse en el narcotráfico y la minería ilegal. En Cauca son extensos los cultivos de marihuana, en especial de ‘creepy’, que tiene gran valor en el exterior.
JUSTICIA
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