Este lunes, después de haber asegurado que el Gobierno había decidido retirarlo, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, cambió su versión y afirmó que el proyecto para facilitar el sometimiento de las bandas seguirá adelante. Sin embargo, el panorama para esa iniciativa no pinta bien en el Congreso.
El ministro Gil sorprendió porque dijo en declaraciones radiales que lo que había querido decir en una entrevista con la periodista María Isabel Rueda, publicada este lunes por este diario, era que al polémico proyecto le iban a retirar el mensaje de insistencia, pero que no solo seguiría su curso sino que se mantendría el mensaje de urgencia, que permite que las comisiones de Cámara y Senado sesionen conjuntamente en su trámite.
Sin embargo, en la entrevista con EL TIEMPO había señalado: “Lo vamos a retirar porque nos acaban de hacer una propuesta las bandas. Sus jefes están tan desesperados que ya mandaron a decir que se quieren entregar, aplicándoles el Código de Procedimiento Penal tal como está”.
Y agregó: “La razón que mandó (alias Otoniel, jefe del ‘clan Úsuga’) es que quiere entregarse sin ley de sometimiento, que le apliquen el Código como está, porque para él es más valiosa la vida aunque esté guardado”.
No es el primer reversazo del jefe de la cartera de Justicia frente a ese tema. De hecho, hace un mes, cuando radicó la iniciativa, Gil Botero aseguró que sus beneficios penales y carcelarios podrían aplicarse a las disidencias de las Farc. Esa declaración le valió una desautorización pública del presidente Juan Manuel Santos y lo obligó a rectificar el alcance de sus anuncios.
El proyecto, desde el primer momento, ha contado con escaso apoyo del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien además ha criticado los bandazos del Ejecutivo en la materia.
Pese al anuncio del ministro de continuar con el proyecto, los diferentes partidos políticos ven pocas posibilidades de que sea tramitado en esta legislatura. La iniciativa ni siquiera tiene ponente, por lo que no lleva ni un solo debate a pesar de que ya completa seis semanas desde que fue radicado.
Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal, dijo que aunque considera que tras una salida negociada del conflicto con las Farc, es importante buscar también una herramienta para desactivar a las bandas criminales, no cree que el proyecto llegue a buen puerto: “Me preocupa la falta de coherencia del Gobierno. Veo a un Gobierno cansado, sin capacidad de maniobra en el Congreso. El solo hecho de retirar el mensaje de insistencia muestra que ya no tiene fuerza política”, dijo.
Juan Diego Gómez, senador del Partido Conservador, aseguró que aunque cree que es un proyecto necesario “en este momento en el Congreso no hay un buen ambiente para tramitarlo”, por lo que cree que la iniciativa quedaría pendiente para que el Gobierno que llegue lo estudie.
Me preocupa la falta de coherencia del Gobierno. Veo a un Gobierno cansado, sin capacidad de maniobra en el Congreso
Maritza Martínez, senadora de ‘la U’, dijo que el cambio de posición del Ejecutivo “parece evidenciar una improvisación en un tema supremamente delicado”. Por eso aseguró que personalmente espera que sea el “próximo Gobierno el que tome una decisión al respecto y decida tramitarlo o no”.
Lo mismo considera Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien aseguró que no ve que el proyecto por ahora sea conveniente, entre otras razones por los nuevos señalamientos contra desmovilizados que persistieron en narcotráfico. “Nosotros como partido no estuvimos muy a favor del proyecto; de hecho se presentaron algunos argumentos para aplazar el debate”, aseguró.
Y Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, dijo que la colectividad solo apoyará la iniciativa “si se endurece aún más de lo que plantea el Gobierno, disminuyendo las rebajas de las penas y haciendo una mayor precisión sobre los que son las bandas criminales”.
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