Inteligencia advirtió de reclutamiento de menores en zona bombardeada

Inteligencia advirtió de reclutamiento de menores en zona bombardeada

Informes oficiales entregados a responsables de la operación mencionaban esa práctica ilegal.

Sepelio de Diana

En medio del dolor, familiares y amigos de la pequeña Diana Medina, una de las muertas en el bombardeo, le dijeron el último adiós.

Foto:

Mauricio Dueñas / EFE

Por: Justicia
17 de noviembre 2019 , 10:55 a.m.

En 2 extensos informes de inteligencia militar, que fueron el insumo primordial para lanzar la operación ATAI en la que murieron 17 personas, entre ellas 8 menores de edad, los uniformados señalan que en la zona en la que se lanzaría el ataque había información sobre reclutamiento de menores.

EL TIEMPO tuvo acceso a información confidencial de la operación que fue entregada en su momento a ‘Legendario 6’, ‘Mítico’, ‘Leopardo 6’ y ‘León 6’, quienes fueron los altos oficiales que coordinaron la operación y determinaron que para atacar el campamento en el que se encontraba ‘Gildardo Cucho’ había que poner en marcha una operación Beta (de bombardeo) “inmediata y urgente”.

Entre los documentos que soportaron la operación lanzada el 29 de agosto en zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá) y que terminó por precipitar la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, están los informes de inteligencia 937 y 940 que contienen toda la información sobre la ubicación del campamento de ‘Gildardo Cucho’.

Allí se menciona, por ejemplo, que el hombre se encontraba escoltado por alrededor de 15 personas armadas, que él y sus hombres de custodia se ubicaban en sitios distintos, que había pedido que le llevaran 40 millones de pesos que necesitaba con urgencia y que estaba a la espera de una reunión con los jefes de las disidencias séptima, 40 y 62 con los que buscaba la unificación de sus estructuras.

Además, en los dos informes los hombres de inteligencia que durante más de dos años siguieron a ‘Gildardo Cucho’ señalaban que ante la precariedad de combatientes ese grupo estaría reclutando a menores de edad y enfatizaban que especialmente estarían ubicando resguardos indígenas del sur del país para buscar combatientes, a pesar de la protección que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) da a los menores.

Los informes hacen parte del expediente de más de 300 folios de la operación que fue coordinada por el general Eduardo Enrique Zapateiro, jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes), quien en los documentos reservados figura como ‘Legendario 6’. Entre los documentos consta la solicitud en la que el general Zapateiro oficia a la FAC para proceder con la operación al sitio en el que estaban “integrantes de la Comisión de ‘Gildardo Cucho’ y su estructura armada”.

Con la información de inteligencia se lanzaron dos operaciones: la primera, el 25 de agosto, que no hablaba de ningún ataque sino de “reconocimiento y precisión”; y la del 29 de agosto, que ordenaba el bombardeo. Uno de los factores que pudo determinar el cambio de operación, solo con cuatro días de diferencia, es que en uno de los documentos de inteligencia se lee que la radista (encargada de las comunicaciones) de ‘Gildardo Cucho’ mencionaba que se habían detectado sobrevuelos en la zona en la que se encontraba el disidente, considerado el hombre que asumiría la jefatura militar de la disidencia de ‘Iván Marquez’.

En los documentos posteriores no se vuelve a mencionar el tema de los menores de edad y solo se señala que en la zona aledaña al bombardeo, a 2,6 kilómetros al oriente, había una construcción civil y a 2,8 kilómetros al occidente otra vivienda. Se termina concluyendo que era una operación de “incidencia y riesgo bajo” y que se podía proceder a planificar una operación de “uso de la fuerza”.

Tras el debate de moción de censura en el que se denunció la muerte de menores en el bombardeo, tanto el exministro de Defensa Guillermo Botero como el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y del Ejército, general Nicacio Martínez, han insistido en que no sabían de la presencia de ellos en el campamento. Y en los documentos posteriores a la operación no hay, en efecto, ninguna referencia al tema.

En el primer reporte oficial de la operación del 30 de agosto mediante el radiograma 003 se reporta que hubo “afectación en el enemigo” y mencionan que murieron siete personas, entre ellas 7 hombres y 2 mujeres. Y reportan el hallazgo de cuatro armas y una ametralladora. En el siguiente reporte oficial del 2 de septiembre ya los uniformados informan desde el sitio de la operación sobre 14 muertos y el hallazgo de 11 armas.

Y al día siguiente señalan que se desconocía la identidad de las 14 personas muertas y califican la operación como un “ataque con precisión quirúrgica”.


En el expediente hay otros dos documentos que hacen parte de la investigación. El primero realizado por peritos de la FAC que evalúa la afectación de la operación y que concluye que en el primer sitio del bombardeo hubo 12 impactos de las cargas explosivas y en el segundo punto 8 impactos “que no causaron daños a civiles”.

Y el último documento es un informe de cinco páginas del Comité Internacional de la Cruz Roja que estuvo en el sitio de la operación con integrantes de la comunidad y que da cuenta de 16 bolsas de restos humanos entregados a Medicina Legal y una petición al general Juan Pablo Forero, comandante de la División de Fuerzas Especiales, para que investigaran los hechos y se identificara a todas las personas muertas.
Todos esos documentos siguen hoy con el rótulo de reservados.

REDACCIÓN JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com

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