Avión de Avianca: la verdad que aún no aparece

Vieron caer fuego del cielo. Los reportes no tardaron en llegar a las emisoras radiales: un avión había explotado en el aire. Después de unos minutos de confusión, comenzaron a leer los nombres de los 107 ocupantes, todos muertos. Si oírlos era devastador para los familiares, llegar hasta aquel cerro cubierto de frailejones y arbustos –donde aterrizó en pedazos ese Boeing 727-21 de Avianca después del estallido de la bomba– daba terror: decenas de cuerpos desmembrados, mezclados con partes del fuselaje, se extendían en un radio de cinco kilómetros.

Ese fue apenas el comienzo del calvario que los familiares de quienes fallecieron aquel 27 de noviembre de 1989 han tenido que vivir por más de tres décadas. Se trata de una de las peores tragedias de la historia nacional, que ahora está retratada en el informe ‘Una mirada del atentado al avión de Avianca: narcotráfico y narcoterrorismo en el conflicto armado colombiano’. El documento, de 289 páginas, fue elaborado por la Fundación Colombia con Memoria –presidida por Gonzalo Rojas, hijo de una de las víctimas– y será presentado a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

"Lo que hace el informe es reivindicar no solamente la historia de lo que ocurrió, sino un caso en el cual llevamos décadas sin conocer la verdad de los hechos. Va a ser lo más cercano que nosotros tengamos sobre justicia y sobre verdad”, cuenta Rojas, quien encabezó las dos etapas de producción del informe, entre 2019 y 2020, con respaldo del Programa de Apoyo al Sistema de Justicia Transicional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Embajada de Suecia en Colombia.

La aeronave comercial de Avianca, de matrículas HK 1803, despegó a las 7:13 de la mañana desde el Puente Aéreo de Bogotá, con destino a Cali. Pero cuatro minutos después, a las 7:17 a. m. –cuando apenas estaba tomando altura sobre los campos del municipio vecino de Soacha–, explotó en el aire.

Y así comenzó la tortura. Imagine salir a buscar el cadáver de ese ser querido que le prometió que regresaría en la noche o a los pocos días, contarle al resto de su familia que ya no estará más, enfrentarse al duelo, saber que se lo arrebataron sin razón, en una época en la que solo bastaba con nacer para tener un boleto en la lotería de un bombazo o una incursión armada perpetrada por narcotraficantes, guerrilleros o paramilitares. Imagine pasar más de treinta años exigiendo justicia por todo eso, sin ninguna respuesta.

“Yo fui al sitio donde cayó el avión y lo rescaté, yo lo saqué, lo identifiqué, identifiqué la tripulación. ¿Cómo quiere usted que quede uno?”, cuenta el papá de uno de los pilotos. El esposo de una de las pasajeras, con quien tenía una hija de apenas cuatro años, se enfrentaba a una conversación que nadie quisiera tener: “Me preguntó: ‘¿Y mi mamá?’. Y yo le dije: ‘Mamá murió. Mamá está en el cielo’ ”. La hermana de otro de los ocupantes, quien vivía en el exterior y no alcanzó a llegar al entierro, narra una tragedia adicional que se desprendió del hecho: “Mi padre no pudo manejar o contener esta tristeza y murió pocos años después... tristeza moral”.

Estos son apenas tres de los testimonios que se leen en el informe de Colombia con Memoria sobre el atentado, al que tuvo acceso EL TIEMPO, y que revela detalles inéditos sobre la investigación: entrevistas con fichas claves del caso, documentos y testimonios contradictorios, análisis de las hipótesis a las cuales se les ha seguido el rastro durante los últimos 31 años. Y a eso le suma un amplísimo contexto y revisión bibliográfica sobre el narcotráfico y la violencia de finales de los 80 y principios de los 90, desde sus antecedentes hasta sus impactos.

“Ojalá que desde la Comisión de la Verdad, cuando tengan todas las herramientas para hacer la explicación de las razones por las cuales se prolongó el conflicto armado en Colombia, se entienda que el narcotráfico y el narcoterrorismo tuvieron un papel determinante. Y además, que se evalúe el reconocimiento de las otras víctimas que dejó el cartel de Medellín”, resalta Gonzalo Rojas.

Lo dice con la ilusión que los años de espera no les han arrebatado a los familiares de las 107 personas que murieron en el atentado al avión de Avianca. En 2009, cuando comenzaron a reunirse y decidieron formar la fundación, después de luchas individuales contra la impunidad y en pro de la reparación administrativa, tenían “un propósito –recuerda Rojas–: que esto no fuera a quedar en el olvido”. Ahora, de la mano de la Comisión, las víctimas consuman esa meta.

Ese lunes 27 de noviembre las versiones abundaban, como lo cuenta Maria Elvira Samper en su libro 1989: “¿Accidente, falta de gasolina, falla humana, fatiga del material, mal tiempo, atentado? Se barajan varias hipótesis, y la primera que cobra fuerza apunta a que se trata de un accidente. Pero con el paso de las horas gana terreno la hipótesis del atentado”.

Las pruebas recopiladas en su momento, durante pesquisas en las que participó incluso el FBI –dado que entre las víctimas había ciudadanos estadounidenses–, permitieron concluir que “una bomba altamente explosiva fue llevada a bordo del avión (la carga explosiva pudo haber sido Semtex). Se colocó en el piso de la cabina, debajo de un asiento junto a la ventana, directamente sobre el tanque de combustible principal. Cuando el dispositivo funcionó, rompió el lado derecho del fuselaje y el tanque de combustible principal, y comenzó a quemar combustible”, según contó el exagente norteamericano Richard Hahn.

La explosión del avión se sumaba a una serie de hechos que hicieron de 1989 uno de los años más fatídicos de la historia nacional. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el jefe del cartel de Medellín, le había declarado la guerra al Estado colombiano para evitar su extradición a Estados Unidos. En su estrategia combinaba acciones de asesinato selectivo de policías, terrorismo contra inocentes, como carros bomba en vías públicas o centros comerciales, y magnicidios de líderes políticos que le hicieran frente. Apenas tres meses antes, el 18 de agosto, ‘los Extraditables’ consumaron el asesinato de uno de esos dirigentes: Luis Carlos Galán, el candidato liberal que acariciaba la presidencia.

El objetivo tras ese magnicidio sería, entonces, quitar del camino a quien recibiera las banderas de Galán, que fue su jefe de campaña: César Gaviria Trujillo. Según la información del cartel de Medellín, Gaviria viajaría a Cali en el vuelo 203 de Avianca. En ese avión HK 1803.

Apenas un día antes del atentado, indica el informe de Colombia con Memoria, uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar, Darío Usma Cano, alias Memín, llegó al Puente Aéreo de Bogotá a comprar dos tiquetes en el 203. Lo llamativo, y que da cuenta de la precariedad de los sistemas de identificación de la época, eran los nombres de los pasajeros que suministró ‘Memín’: uno era Julio Santo Domingo, cuyo tiquete era el n.o 134 3104125081, y el otro era Alberto Prieto, bajo el n.o 134 3104125080. Ocuparían las sillas 15F y 15E.

Era entre llamativo y burlesco de las autoridades: Santo Domingo era entonces el propietario de Avianca y Prieto, un conocido contrabandista a quien Pablo Escobar reconocía como su mentor. En una entrevista que Germán Castro Caycedo le hizo al capo del cartel de Medellín, este se refiere a “don Alberto” como “otro contrabandista, al que yo considero fue mi maestro, porque era un guerrero y porque era inteligente y habilidoso”.

El lunes 27 de noviembre, solo ‘Alberto Prieto’ se montó en el avión. Aunque su identidad no logró confirmarse, se trataría de un joven paisa entrenado como ‘suizo’, por el propio Carlos Castaño, a quien engañaron con la excusa de que el maletín cargado de explosivos era en realidad una grabadora que debía activar para registrar la conversación de unos pasajeros del avión. Enseguida del despegue, cuando el Boeing 727-21 iba entre los 12.000 y los 14.000 pies de altura ‒es decir, unos cuatro kilómetros por encima del suelo terrestre‒, ‘Prieto’ se dispuso a ejecutar su misión, sin saber que causaría la explosión de las 134.133 libras de la aeronave que les quitó la vida a él y a otras 106 personas.

Cuatro años después del atentado, el 17 de febrero de 1993, un hombre se presentó sorpresivamente ante las autoridades. Era Carlos Mario Alzate Urquijo, alias Arete, uno de los asesinos más sanguinarios de Escobar, que hoy tiene 58 años y más de 300 muertos encima, y quien se convertiría en la única persona que ha pagado cárcel en Colombia por ese mortífero hecho terrorista.

“Me autoincrimino y asumo la responsabilidad por el atentado al avión de Avianca, (...) era contra el presidente César Gaviria, de quien el cartel de Medellín tenía conocimiento de que viajaría en ese vuelo”, le dijo Alzate a la Fiscalía tras someterse a la justicia.

En Estados Unidos sigue pagando una condena por este hecho Dandenyz Muñoz, la ‘Quica', que fue detenido en ese país en 1992 y condenado a 10 cadenas perpetuas por narcotráfico y el atentado al avión de Avianca. En las conversaciones que la ‘Quica’ sostuvo con la fundación Colombia con Memoria manifestó ser inocente del atentado.

Además de estas dos personas, condenadas como autores materiales, en la investigación fueron vinculados como autores intelectuales Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, el ‘Mexicano’ ‒cabezas del cartel de Medellín‒, así como Carlos y Vicente Castaño Gil, de las autodefensas. Sin embargo, todos están muertos y los procesos en su contra, cerrados.

Una pieza clave para armar el rompecabezas, y sobre la cual indaga el informe que la Fundación Colombia con Memoria le entregó a la Comisión de la Verdad, es la de la participación de agentes del Estado en el atentado.

Años después se sabría que Carlos Castaño, quien para 1989 tenía una estrecha relación con Pablo Escobar, recibía información de Alberto Romero, jefe de Inteligencia del hoy extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Según confesó Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, uno de los más fríos asesinos al servicio de Escobar, “Pablo ordena colocarle la bomba al avión de Avianca porque el DAS había informado el itinerario del presidente César Gaviria. Sabían que iba a abordar ese vuelo”.

Lo cierto es que la información que les llegó a ‘los Extraditables’, con o sin ayuda del DAS u otros organismo, fue errónea, y el entonces candidato Gaviria no abordó el avión. El coronel Homero Rodríguez, líder del esquema de seguridad del liberal, y quien luego se convirtió en director de la cárcel La Catedral, le dijo a la Fundación Colombia con Memoria que aunque el candidato “iba a viajar a Cali en avión comercial, en su oportunidad, en reunión de coordinación, se recordó la conveniencia de viajar en vuelos chárter para disminuir las vulnerabilidades. Esto fue aceptado, y por eso se salvó del atentado contra el vuelo 203”.

El informe de esta fundación también revela una entrevista a Gaviria que aparece en un libro de Shaun Attwood, en la cual se le pregunta al candidato por qué cambió sus planes de viaje, si fue amenazado o sabía del atentado al avión. “No. La verdad es que cada vez que me subía a un avión, la gente se salía. Por eso decidí dejar de viajar en aviones comerciales”, respondió el dirigente liberal, quien ganó las elecciones presidenciales de 1990.

A la borrosa sombra estatal detrás del siniestro se le suman dos versiones que surgieron con los años: la primera señalaba que el hecho obedecía a un accidente aéreo producido por una falla mecánica de la aeronave, y la segunda planteaba la hipótesis de que la causa había sido un misil que se habría disparado por accidente. Ambas, a la luz del informe y las investigaciones hechas por organismos de inteligencia nacionales y foráneos, carecen de credibilidad.

Aunque en el 2009 el atentado al avión de Avianca fue declarado delito de lesa humanidad, lo que quiere decir que no prescribirá, las verdades que se han esclarecido en torno al hecho siguen siendo insuficientes para más de un centenar de familias que perdieron a sus seres queridos en esa explosión nefasta. Es una mezcla de falta de certezas, impunidad y ausencia de reparación del Estado que han cargado a cuestas por más de 30 años.

Una de las preguntas que se les hicieron a los familiares de las víctimas de ese 27 de noviembre fue sobre la importancia del informe, que ahora quedará en manos de la Comisión de la Verdad. La respuesta de uno de ellos, quien para 1989 era un niño de 10 años, resume el anhelo de muchos: “Creo que es la mejor forma de reparación a la que posiblemente tendré acceso. La verdad ha sido la principal razón para no desfallecer en esta lucha”.

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​Julián Ríos, Martha Soto, Armando Neira, María Isabel Ortiz, Daniel Valero, María Fernanda Arbeláez, María del Mar Quintana, Luisa María Mercado, Carlos Alberto López Benavides, Maru Lombardo y Diana Ravelo.

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