Un grupo de fiscales de la Dirección de Extinción de Dominio y peritos del CTI, y otro equipo de la Oficina de Asuntos Internacionales ya están trabajando en la ubicación de los bienes y empresas que están a nombre de familiares y testaferros de los guerrilleros de las Farc.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dio instrucciones precisas a esos equipos de trabajo para que rastreen esas propiedades en Colombia y en el exterior. De hecho, ya hay contactos con autoridades de varios países en los que hay indicios de inversiones ilegales con plata proveniente de Colombia.
“Hay un nuevo reto. Los patrimonios ilícitos de los movimientos alzados en armas no están legalizados; la Fiscalía perseguirá los patrimonios ilegales surgidos del narcotráfico, del secuestro, la extorsión y la minería ilegal”, sostuvo Martínez Neira el pasado jueves, en su primer pronunciamiento tras el histórico acuerdo de La Habana. (Lea también: 'Este acuerdo nos da la oportunidad de construir un país mejor')
El tema es clave porque uno de los puntos que quedaron pendientes en la mesa, por lo menos de manera explícita, fue la entrega de las fortunas adquiridas en la guerra para que de allí se financien los programas de reparación a las víctimas.
Aun así, el Estado no renuncia a su facultad y su obligación de perseguir la plata de las Farc. En el proyecto de ley que llegará al Congreso sobre amnistía e indulto se advierte claramente que incluso cuando esos beneficios se hayan concedido, estos “no tendrán efectos sobre la extinción de dominio ejercida por el Estado de conformidad con las normas vigentes sobre bienes muebles o inmuebles apropiados de manera ilícita”.
Décadas en el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal le permitieron a esa guerrilla acumular una megafortuna que ha sido objeto de acciones del Estado, como la ocupación de enormes extensiones de tierras en los Llanos Orientales y Caquetá que aparecían a nombre de testaferros. En despachos de la Dirección de Extinción de Dominio hay procesos que vinculan inicialmente al menos 500 predios en esa condición.
Hace apenas un mes, un juez especializado de Cali condenó a penas de cuatro años de cárcel a Ronald, Cristhian y John Echeverry por prestar sus nombres para darle apariencia de legalidad a la compra de propiedades, vehículos y ganado en Caquetá, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. (Además: Paz con Farc, entre la esperanza, plebiscito y el salto al futuro)
Ellos, según la investigación de la Fiscalía, eran los testaferros de Martín López, alias Richard, uno de los jefes del frente 30 de las Farc y uno de los grandes narcos de esa guerrilla en la costa Pacífica. Ya han sido incautadas 40 propiedades, 8 vehículos y una empresa, así como las cuentas de banco en las que se movía la plata del capo y jefe guerrillero.
EL TIEMPO reveló el año pasado el expediente con el que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en la Lista Clinton a cinco colombianos, entre ellos Ómar Arturo Zabala, alias Lucas Gualdrón, miembro de la Comisión Internacional de las Farc. Según la investigación, a través de empresas en Suiza se desvió plata del narcotráfico de la guerrilla con destino a países como Costa Rica. Esos datos también son rastreados por la Fiscalía colombiana para llegar a la plata de las Farc.
Los retos para implementar los acuerdosEn caso de que los colombianos refrenden los acuerdos de La Habana el próximo 2 de octubre, sobrevendrá la implementación de los mismos, en la cual el Congreso y la Corte Constitucional tendrán todavía la última palabra.
Una vez refrendado el acuerdo, el paso a seguir será su conversión en normas constitucionales, leyes y decretos leyes, mediante un procedimiento legislativo especial.
Está establecido que las normas que se pongan a consideración del Congreso serán de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Pero, además, lo estableció la reforma constitucional, “los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional”. (Lea también: 'La verdadera paz empieza con el No')
El Congreso, por mandato constitucional, no podrá modificar los textos de esos proyectos. Solo podrá rechazarlos.
Y aunque tanto los acuerdos de La Habana como el acto legislativo para la paz establecieron que “los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigor”, en todo caso la Corte Constitucional mantendrá su autonomía.
A propósito, el fiscal general, Néstor H. Martínez, aseguró: “La Corte Suprema y la Fiscalía tenemos la confianza de que podremos intervenir oportunamente en el desarrollo constitucional y legislativo de la justicia especial para la paz, pues afianzar los valores de la justicia, reafirmar la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada, garantizar que su desarrollo no se hará en detrimento de la jurisdicción ordinaria y que la justicia de transición resulte armónica con la institucionalidad existente tiene que ser un deber colectivo”.
A la luz de lo dicho por el Fiscal General, el mensaje sobre el carácter “pétreo” de los acuerdos enviados desde La Habana, sí van a ser objeto de discusión. Con matices, claro.
El proyecto sobre Justicia Transicional, texto que no se ha elaborado todavía, pero cuyos parámetros sí están claramente definidos en los acuerdos de La Habana, va a tener que ser de conocimiento de las cortes si se quiere evitar contratiempos.
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