Las garantías para que lo acordado se cumpla

Según reza el texto, para implementar, verificar y refrendar los pactos de La Habana, al día siguiente de que el presidente Santos y el jefe máximo de las Farc, ‘Timochenko’, firmen el Acuerdo Final se crearía una Comisión de Implementación, la cual haría un “seguimiento” al desarrollo y avance de lo que se pactó.

En esa instancia estarían 3 representantes del Gobierno y 3 de las Farc, y funcionaría hasta por 10 años. Su labor, “resolver cualquier diferencia o situación imprevista que pueda surgir en la interpretación de los acuerdos”, estar atenta al trámite en el Congreso de las leyes y reformas constitucionales con las que se le dará vida a lo pactado, e informar cómo va el proceso, entre otras. (Lea el texto completo del acuerdo final de paz)

Para poner en marcha los acuerdos se contaría con entidades estatales, autoridades territoriales, agentes, organizaciones y movimientos sociales, partidos políticos (incluyendo el que formen las Farc), excombatientes y ciudadanos en general. En todo caso, el Gobierno es “responsable de la correcta implementación” de los acuerdos.

Esta comisión debe definir algunos temas de manera preferente. Uno de los primeros es establecer las “zonas priorizadas” en las que se desarrollarían los 16 programas con los que se busca una transformación estructural del campo, explicados en el acuerdo sobre desarrollo agrario integral. En la medida en que estos planes se cumplan y “sujeto a la disponibilidad de recursos”, estos podrían ampliarse, al igual que las “zonas priorizadas”.

De igual forma y de manera coordinada con las autoridades locales, el acuerdo sobre implementación prevé poner en marcha “diferentes medidas que incluyen acciones humanitarias”, al igual que la “identificación y ejecución de proyectos que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones rurales” y “que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad”. Esta sería una medida inmediata.

Igualmente, la comisión debe delimitar las 16 “circunscripciones especiales de paz” que tendría la Cámara de Representantes, las cuales estarían en las zonas más golpeadas por el conflicto. Estas circunscripciones comenzarían a regir en el 2018 y por dos periodos, es decir hasta el 2026.

Además, la comisión elaboraría el cronograma de las acciones para el desarrollo de los acuerdos durante el primer año. También diseñaría las normas de seguridad para, de manera conjunta, avanzar en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y convocaría una conferencia internacional para reflexionar sobre la política de lucha contra las drogas.

Para velar por la transparencia en la implementación de los acuerdos, se adoptarían algunas medidas, entre las cuales están la creación de unos mapas interactivos de seguimiento que estarán en un sitio web, en el que los ciudadanos podrán observar cómo se está cumpliendo este proceso.

Además, habría rendiciones de cuentas periódicas, veedurías ciudadanas y un mecanismo para que la comunidad pueda denunciar los hechos de corrupción que detecte durante la implementación de lo pactado.

Cuatro meses después de la creación de la Comisión de Implementación, esta discutiría y aprobaría un Plan Marco. Este Plan Marco contiene las políticas públicas, las normas, los planes y los programas que desarrollen lo que Gobierno y Farc acordaron en Cuba. Igualmente se enumeraría cada uno de los pasos que se cumplirían para la puesta en marcha y ejecución de los acuerdos y las entidades que deberían hacerlo. En la redacción de estos propósitos se priorizarían las necesidades prácticas de las mujeres” y, para la implementación en general, se atenderían las necesidades de las comunidades étnicas. Este Plan Marco tendría una vigencia de 10 años.Cada año sería revisado por la Comisión de Implementación, para “hacer los ajustes” que se requieran.

En este sentido también se acordó que se harían las reformas constitucionales y legales necesarias para que el Plan Plurianual de Inversiones –es decir, el esquema que se diseñó para realizar las inversiones necesarias para que el conflicto no se repita– se incorpore al Plan Nacional de Desarrollo durante los dos periodos presidenciales siguientes, es decir hasta el 2026.

Con el fin de tener un seguro adicional de que lo pactado se cumpla, se crearía un mecanismo de verificación, el cual trabajaría de la mano de la Comisión de Implementación.

Esta instancia tendría dos notables con representatividad internacional, un componente internacional y otro técnico. Su labor sería la de vigilar que la implementación se cumpla a cabalidad.

En cuanto a la refrendación, el Gobierno y las Farc dejaron consignado en este acuerdo que aceptan el mecanismo del plebiscito, el cual se realizará el 2 de octubre.

El Acuerdo para la implementación de lo pactado en La Habana busca, principalmente, que se garantice que lo convenido entre el Gobierno y las Farc efectivamente se cumpla. Eso significa asegurar que lo concertado en cuanto al acceso a la tierra, la participación política, la reparación a las víctimas, el tratamiento de las drogas ilícitas o la justicia transicional, por mencionar algunos acuerdos, no se quede en letra muerta.

Para ello se crea un modelo que vigilaría este cumplimiento, el cual, en algunos casos, tendría una vigencia de hasta diez años, tiempo estimado para desarrollar la mayoría de los puntos. Este esquema de verificación tiene un componente internacional en el que están delegados de los países garantes del proceso de paz: Cuba y Noruega; los acompañantes, Venezuela y Chile, y una Misión Política de Naciones Unidas. Igualmente, en este acuerdo se habla de cómo sería la financiación para desarrollar lo que se pactó en Cuba, de cuáles serían los primeros proyectos en ser tramitados por el Congreso para hacer realidad lo acordado, y del mecanismo de refrendación, es decir, el plebiscito.

Para comenzar a aplicar los acuerdos se aprobaría un documento Conpes, que define cuánto dinero es necesario para financiar el Plan Marco. Este último precisa qué se debe hacer y qué entidad lo haría.

El documento Conpes determina también de dónde saldrían los recursos para poner en marcha lo pactado en La Habana. La ejecución de esos acuerdos se financiaría con recursos de diferentes fuentes. Saldrían del Presupuesto, de regalías, de recursos de cooperación internacional, de organismos multilaterales y del sector privado, entre otras.

Dentro de los 15 días siguientes a la firma del Acuerdo Final, el Gobierno debe presentar un listado con las primeras medidas para poner en marcha lo pactado, las cuales se aplicarían hasta el momento en que termine el desarme de la guerrilla.

Una vez se realice el plebiscito refrendatario y en el caso de triunfar el ‘Sí’, se activarán las reglas especiales para tramitar proyectos de ley y reformas constitucionales en el Congreso, las cuales reducen los tiempos para su aprobación. Las leyes tendrán tres debates (regularmente tienen cuatro) y las reformas constitucionales deberán superar cuatro (hoy en día se requieren ocho, en dos vueltas). Este camino se ha denominado ‘fast track’ (vía rápida). El Gobierno llevará primero 11 temas con carácter “urgente” y “prioritario”. El inicial será un proyecto de ley de amnistía para los guerrilleros que no estén señalados de cometer delitos atroces.

Al mismo tiempo se tramitará otra iniciativa para definir la manera como serán juzgados los participantes en el conflicto armado, y la norma mediante la cual el Acuerdo Final tendrá el carácter de “acuerdo especial”. En esta misma iniciativa se tramitará que este documento forme parte del conjunto de normas que rigen la Nación. Luego llegarán al Legislativo temas como la búsqueda de personas desaparecidas, las garantías para la creación del nuevo partido de las Farc y el desmantelamiento del paramilitarismo.

Posteriormente irán al Congreso al menos 14 temas más, entre los que estarán la Reforma Rural Integral, el desarrollo de las nuevas normas de participación en política y la financiación de los partidos políticos, una modificación a la Ley de Víctimas, y las normas para la reincorporación económica y social, entre otras materias.

En este acuerdo de implementación, también se estipuló que el Gobierno y las Farc solicitan a Naciones Unidas una “misión política” para verificar las “medidas de protección y seguridad personal y colectiva” de los excombatientes una vez dejen las armas, reingresen a la vida civil y se vinculen formalmente al partido o movimiento político en el que se transformará la subversión.

Esta instancia de la ONU es diferente a la que actualmente verifica el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y el desarme. Comenzaría actividades una vez concluya la primera y su vigencia sería de tres años que podrían ser renovables.

Igualmente monitorearía la “reincorporación” de los integrantes de la guerrilla.

EL TIEMPO