Justicia, reparación y verdad para las víctimas

En la mesa de La Habana se acordó un punto dedicado a los derechos de las víctimas del conflicto armado basado en cuatro ejes: justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición. El corazón de este acuerdo es un complejo sistema de justicia transicional, paralelo al tradicional, con la participación activa de las víctimas. Su objetivo es que, al final, estas sean reparadas y que se conozca la verdad de lo que pasó en la guerra bajo un principio: “Deberá repararse el daño causado y restaurarse cuando sea posible”. Este sistema judicial tiene cinco órganos, encabezados por un Tribunal para la Paz, compuesto por 20 magistrados, que tendría la última palabra en las sanciones que recibirían los culpables de delitos graves.

De otra parte, se crearía una Comisión de la Verdad, a manera de órgano extrajudicial, cuyo objetivo es que las comunidades puedan hacer memoria de lo que sucedió en Colombia durante los últimos 52 años. También se plantea crear una unidad para la búsqueda de desaparecidos. Y se definen los mecanismos para la reparación individual y colectiva de las víctimas, que contempla actos de perdón, restitución de tierras, atención psicológica y fortalecimiento del fondo de reparación. (Lea el texto completo del acuerdo final de paz)

El acuerdo sobre víctimas incluye la creación de órganos con funciones extrajudiciales, cuyo objetivo es la búsqueda de la verdad y la reparación. La Comisión promovería la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de lo ocurrido, incluso de los aspectos menos conocidos del conflicto. A través de ella, los responsables de delitos reconocerían de forma colectiva o individual su participación en hechos violentos. La Unidad Especial para la Búsqueda de Desaparecidos tiene, por su parte, el objetivo de localizar a las personas dadas por desaparecidas y que se hallen con vida, y en los casos de fallecimiento, identificarlas, cuando sea posible, y hacer una entrega digna de los restos a sus familiares.

¿Qué funciones tiene la Comisión?

Investigar y recolectar información sobre el conflicto y elaborar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones sobre ese trabajo. Se encargaría de crear espacios para que las víctimas reflexionen sobre lo ocurrido y donde los victimarios reconozcan su responsabilidad, contribuyendo con ello a la reparación.

¿Cómo se garantiza la verdad?

El Gobierno y las Farc se comprometieron a contribuir con el esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades.

¿Quiénes la conformarían?

Estaría compuesta por 11 integrantes entre los que habría un máximo de tres extranjeros.

¿Cómo se elegirían los comisionados?

Con el mismo mecanismo de selección de magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese comité se encarga de seleccionar entre una lista de postulados a los comisionados y a su presidente. Todos los sectores de la sociedad, incluyendo las organizaciones de víctimas, pueden postular candidatos. La selección de los comisionados deberá adoptarse por mayoría de 2/3 de los integrantes del comité de escogencia.

¿Cómo operaría?

Tendría una duración de tres años. El informe final se presentaría un mes después de que concluyan las actividades de la Comisión.

¿Qué pasaría con las recomendaciones incluidas en el informe final?

Se crearía un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión, el cual entraría en funcionamiento una vez se haya publicado el documento.

¿Cómo funcionaría la Unidad para la búsqueda de desaparecidos?

La Unidad consultaría todas las fuentes posibles, incluidas las personas que participaron directa o indirectamente en las hostilidades, para dar con el paradero de fosas o sepulturas en cementerios. Tiene el compromiso de entregar a las familias un reporte con la información que haya logrado recolectar sobre lo ocurrido con su familiar. Ese organismo debe establecer el universo de todas las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Así mismo, debe agilizar los procesos de identificación y entrega de restos que ya han sido recuperados por parte de Medicina Legal y de los ya identificados no reclamados, y coordinar la búsqueda, identificación y entrega de nuevos restos.

En las 297 páginas reveladas a la medianoche del miércoles, Gobierno y Farc también dieron a conocer el contenido del proyecto de la ‘Ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales’, que será la primera que llegará al Congreso para el cumplimiento de lo pactado en La Habana.

El proyecto abre el listado de conductas relacionadas (conexas) al delito político (rebelión, sedición y asonada), con una disposición que los llama ‘tratamientos diferenciados al delito común’.

La norma establece que acá tienen cabida todos los hechos que se relacionen con la aspiración de cambiar el régimen constitucional y legal en la búsqueda de un supuesto beneficio colectivo y no motivado por un lucro personal.

Entonces, bajo esa lógica, también serán considerados conexos y, por lo tanto, amnistiables, las conductas “dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión”. En esta última categoría entra el narcotráfico, siempre y cuando haya sido usado para financiar las acciones del grupo armado ilegal y no para enriquecerse individualmente. También caben en esa definición las conductas relacionadas con disturbios públicos o el ejercicio de la protesta social.

El texto es claro en prohibir esos beneficios a los responsables de delitos que los hayan cometido con el objetivo de obtener un lucro personal o de un tercero.

En general, el proyecto describe los delitos conexos como “aquellos relacionados con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario y la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares”.

El beneficio de amnistía está sujeto a que los desmovilizados cumplan con no volver a delinquir, decir toda la verdad sobre sus crímenes y reparar a las víctimas.

En todo caso, los guerrilleros que obtengan este tipo de beneficios no serán los procesados o condenados por delitos de lesa humanidad y de guerra, que deberán quedar bajo la órbita del Tribunal Especial para la Paz. Así, la violencia sexual, el secuestro, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y el reclutamiento de menores, por ejemplo, no serán amnistiables.

Los integrantes de la Fuerza Pública no serán objeto de amnistías ni indultos, por no haberse levantado en armas contra el Estado, pero sí tendrán un tratamiento penal equitativo. Asimismo, el acuerdo afirma que si durante los cinco años siguientes a la concesión de la amnistía, indulto o de cualquier tratamiento especial los beneficiados se rehúsan a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz o a participar en los programas de reparación de las víctimas, incluida la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, perderán el derecho a que se les apliquen las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El acuerdo plantea distintas maneras de reparar a las víctimas. Los mecanismos van desde actos públicos de perdón hasta que guerrilleros participen en desminado y reconstrucción de infraestructura. También contempla un plan de retorno de poblaciones despojadas de sus tierras y planes de atención psicológica. Sobre indemnizaciones, las Farc se comprometen a “contribuir a la reparación material”, mientras que el Estado asumiría las reparaciones cuando el victimario no tenga recursos.

1. Planes para comunidades

El acuerdo señala que el Gobierno debe promover planes de reparación colectiva en zonas de conflicto. Estos deben tener no solo el componente de reconstruir su memoria, actos públicos y obras conmemorativas, sino también ayudas para la reconstrucción de sus proyectos. Así mismo, se buscarían medidas para promover la convivencia en la población, donde se incluya a las víctimas y a los victimarios.

2. Recursos para reparar

Las Farc se “comprometen a contribuir a la reparación material de las víctimas”. Por su parte, se establece que el Estado debe asumir la reparación cuando quienes individualmente causaron los daños no tengan recursos. Se establece que el Gobierno debe tomar las medidas para “la financiación plena y efectiva” de la política de atención y reparación, y para ampliar fuentes de financiación del Fondo de Reparación.

3. Retorno de desplazados

El Gobierno debe generar programas colectivos para asegurar el retorno y la reubicación de personas desplazadas. También debe implementar medidas para la restitución de tierras, con acompañamiento técnico y financiero para la construcción de proyectos que generen ingresos. En otro punto, debe brindar acompañamiento y asistencia a las víctimas que están en el exterior.

4. Trabajos de los victimarios

Las Farc se comprometieron a reparar a las comunidades que afectaron y lo podrán hacer con la participación en obras de reconstrucción de infraestructura, en los programas de desminado, en la sustitución de cultivos ilícitos, la contribución a la búsqueda e identificación de personas muertas en el contexto del conflicto, además de trabajar en programas ambientales; por ejemplo, de reforestación.

5. Atención psicológica

En lo pactado se acuerda que debe haber planes para la rehabilitación psicológica, tanto individual como colectiva. Se hace énfasis en que el Estado debe ampliar la atención a las víctimas, en especial a las de violencia sexual. Se establece que se deben crear “espacios de diálogo comunitario y duelos colectivos que permitan la expresión individual y colectiva del sufrimiento”.

El Acuerdo Final zanjó uno de los puntos más álgidos que se trataron en la mesa de negociación entre el Gobierno y las Farc: la extradición de los integrantes de la guerrilla por su participación en el negocio del narcotráfico.

En La Habana se acordó que no se extraditaría a ningún miembro de las Farc o persona acusada de pertenecer a ese grupo que se someta al sistema de justicia transicional por hechos registrados antes de la firma del Acuerdo Final.

Los casos de familiares de las Farc hasta en segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con pedido de extradición serían estudiados por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, que puede denegarlo si los hechos obedecen a conductas relacionadas a la pertenencia a dicha guerrilla.

También se decidió que si hay acusaciones posteriores a la firma del Acuerdo Final, el Tribunal enviaría el caso a la autoridad judicial competente para que sea investigado y juzgado en Colombia, sin que se excluya la posibilidad de que la persona pueda ser extraditada. En el acuerdo también se dice que se deben buscar mecanismos para que se cumplan estas prohibiciones y, a su vez, para “evitar que otras personas que estén ofreciendo verdad ante el sistema no sean extraditadas antes de que terminen de ofrecer la verdad”.

Sobre este último punto, cabe recordar que en el pasado proceso con los paramilitares, buena parte de los jefes de las autodefensas fueron extraditados a Estados Unidos. Precisamente, ese país ha estado atento al desarrollo de esta discusión en particular, debido a que hay pedidos de extradición contra el secretariado de las Farc y cabecillas de esa guerrilla para que respondan por el envío de droga a ese país.

Ahora, el Gobierno de Estados Unidos tendrá que decidir si no hace efectivos dichos pedidos de extradición en el marco del proceso paz.

El tema de la extradición también estuvo atravesado por ‘Simón Trinidad’, jefe guerrillero preso en una cárcel de Estados Unidos por el secuestro de tres contratistas estadounidenses, condenado a 60 años de prisión.

Aunque no se menciona en ninguna parte del acuerdo el caso de ‘Trinidad’, es bien sabido que en la mesa de negociación rondó la solicitud de las Farc para la excarcelación del guerrillero. Por ahora, esa organización está esperando una decisión del gobierno de Obama al respecto. Incluso, ‘Iván Márquez’, jefe de la delegación de las Farc, habló del tema en su discurso tras la firma del acuerdo final el pasado miércoles. “Seguimos esperando a ‘Simón Trinidad’”, dijo Márquez.

Uno de los compromisos fundamentales consignado en el punto sobre garantías de no repetición en el Acuerdo Final enfatiza en la responsabilidad del Gobierno para garantizar que contra las Farc no se cometan los mismos delitos que llevaron al exterminio de la Unión Patriótica. Además, se acordó que el Estado colombiano buscaría una salida amistosa al litigio que cursa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso del partido político. Se desarrollaría un plan especial de reparaciones y se harían los ajustes y reformas necesarios para garantizar la participación de las víctimas.

EL TIEMPO