El plan para garantizar la tierra prometida

Lo pactado en el primer punto del acuerdo tiene como objetivo transformar de manera estructural el campo, para impulsar el desarrollo del país. Se parte de tres pilares: la inclusión del campesinado, la integración de las regiones y la seguridad alimentaria. Además, se prevé la reversión de las causas y efectos del conflicto armado, como la concentración en la propiedad de la tierra y el atraso rural. Para lograrlo, hay medidas que promoverían desde la restitución de la tierra a sus verdaderos dueños hasta su uso adecuado. En ese sentido, se prioriza la formalización de la propiedad y su distribución equitativa. En La Habana se definieron instrumentos como la creación del banco de tierras (que contempla la expropiación por interés social) y la habilitación de nuevas zonas de reserva campesina, así como subsidios y estímulos para la inversión rural. El Estado se compromete a financiar y promover planes de desarrollo rural para proveer infraestructura, salud, asistencia técnica, educación, alimentación y recreación. (Lea el texto completo del acuerdo final de paz)

Como base de la estrategia para el acceso y el uso de la tierra, el acuerdo entre Gobierno y Farc tiene previsto habilitar un fondo de distribución gratuita. Durante los próximos diez años, ese fondo dispondrá de tres millones de hectáreas y se nutrirá por medio de seis mecanismos; uno de ellos es el de la extinción judicial de dominio de predios ilegales que pasen a manos de la Nación. También se dispondrá de los baldíos que han sido recuperados mediante procesos agrarios; de las tierras provenientes de la delimitación y actualización de las reservas forestales y de las que no están siendo explotadas.

A estas últimas se les aplicará la extinción administrativa de dominio por no cumplir la función social y ecológica de la propiedad. También se le abre la puerta a la compra o expropiación de tierras por motivos de interés social o de utilidad pública, las cuales serán adquiridas para promover el acceso a la propiedad rural. En estos casos, que han generado polémica en algunos sectores, se pagará una indemnización a sus propietarios. Finalmente, el fondo recibirá tierras donadas y se entregarán subsidios y créditos especiales de largo plazo a la población campesina, para la compra de terrenos. En el acuerdo está estipulado el perfil de las personas que podrán acceder a la distribución gratuita de tierras y a los subsidios y estímulos: “Trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente”.

Aquí se advierte que se les dará prioridad a las mujeres cabeza de familia y a la población que ha sido desplazada como consecuencia del conflicto armado. Y hay otra excepción. Entre los beneficiarios de estas gabelas también pueden estar trabajadores de asociaciones, siempre y cuando tengan vocación agraria y demuestren que no tienen tierra o esta resulta insuficiente. Aquí también clasifican las personas o comunidades que participen en los llamados programas de asentamiento y reasentamiento tendientes a proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria del país. Los estímulos también estarán enfocados en garantizar la producción agropecuaria mediante cooperativas o asociaciones de pequeños y medianos productores. No solo habrá apoyo financiero del Estado, sino acompañamiento técnico, formación, capacitación y comercialización, así como gestión de proyectos. Para darle garantía y eficacia a la selección de los beneficiarios de estos programas, esta se hará con la participación de las comunidades locales. Y, sin dar mayores detalles, se establece que tanto al Gobierno como a las comunidades les corresponderá evitar la especulación con la tierra. Como programa complementario al acceso a la tierra, se tiene previsto desarrollar planes de vivienda, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras y recuperación de suelos en zonas donde estas medidas sean necesarias. También se comprometen a habilitar proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción.

El Gobierno se comprometió a realizar las reformas normativas y operativas para formalizar (mediante titulación o devolución del control del predio titulado) siete millones de hectáreas de mediana y pequeña propiedad rural, algunas en disputas judiciales.

En caso de que un predio formalizado sea menor a una Unidad Agrícola Familiar (área de terreno suficiente para que una familia obtenga para su sustento, lo equivalente a tres salarios mínimos mensuales), el propietario tendrá derecho a subsidios y a beneficiarse del acceso al Fondo de Tierras.

Además, los terrenos que se compren con subsidios o que se adjudiquen como baldíos tendrán un blindaje por siete años: serán inembargables e inalienables. Solamente volverán al Fondo si se comprueba que son inexplotadas.

A las víctimas del conflicto armado también se les avala la restitución de los derechos sobre la tierra y se les garantizará que puedan regresar a los predios de los que fueron despojados. Esta parte del acuerdo será implementada a través de las medidas contempladas en el punto cinco, que habla sobre las víctimas del conflicto.

A la par con la estrategia para darle acceso a la tierra a la población campesina, el Gobierno va a financiar planes nacionales dirigidos a erradicar la pobreza extrema y a reducir la pobreza rural en un 50 por ciento, en una fase de transición de diez años. El mecanismo es el de desarrollar infraestructura y adecuar la tierra.

Un punto clave es el desarrollo social (salud, educación, agua potable y vivienda) y otro es el de la estructura vial para integrar regiones, tener acceso a servicios sociales y a mercados. También incluye infraestructura de riego, ampliación de la cobertura eléctrica y la conectividad para la aplicación de soluciones tecnológicas en el campo.

Además se establece que, en un plazo máximo de siete años, el Gobierno deberá concretar la formación y la actualización del catastro rural. La medida busca que los municipios liquiden, cobren y recauden efectivamente ese tributo. Se establecerá un mecanismo de cobro progresivo bajo la premisa de que ‘el que más tiene, más paga’, fundamentada en la equidad y justicia social. Estarán exentos de ese pago los beneficiarios de programas de acceso a la tierra y los pequeños productores. En estos casos, los municipios que dejen de percibir esos ingresos recibirán incentivos si los requieren.

Además de proteger las áreas de interés ambiental, el Gobierno se comprometió a apoyar las llamadas Zonas de Reserva Campesina (ZRC). En el acuerdo están definidas como iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de la paz, a la garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos, al desarrollo con sostenibilidad socioambiental y alimentaria, y a la reconciliación de los colombianos. Así las cosas, en concertación con las comunidades, el Gobierno se comprometió a promover el acceso a la tierra y a la planificación de su uso en las ZRC. En este sentido, apoyará los planes de desarrollo de las ZRC que ya están constituidas y de las que nazcan al amparo del acuerdo de paz con las Farc. Estas últimas se crearán como resultado de mecanismos de concertación, y el Gobierno definirá su ubicación y extensión con las comunidades y atendiendo sus necesidades.

EL TIEMPO