De la dejación de armas al debate de las ideas

Sobre la base de que las Farc entrarían a hacer política de manera legal, en el acuerdo se establecen medidas encaminadas a brindarles condiciones para que puedan hacer proselitismo. La idea es que no entren en una desventaja frente a los demás partidos y movimientos políticos ya conformados.

En ese orden de ideas, se diseñaría un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos municipal, departamental y nacional.

Esto implicaría un régimen de transición de ocho años, el cual incluiría financiación y divulgación de programas con el ánimo de “promover y estimular” el partido que conformen las Farc. (Lea el texto completo del acuerdo final de paz)

Tras la firma del Acuerdo Final y una vez terminado el proceso de dejación de las armas, las Farc registrarían formalmente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la decisión de su transformación en partido o movimiento político.

Al igual que cualquier movimiento, tendrían que incluir el acta de constitución de sus estatutos, el código de ética, la plataforma ideológica y la designación de sus directivos. Con esto tendría derecho a la personería jurídica (que le garantiza acceder a financiación estatal y a la posibilidad de avalar candidatos).

Claro que al movimiento de las Farc no se le exigiría –como está establecido hoy– que supere el umbral en las elecciones al Congreso, para que pueda obtener y conservar su personería jurídica. En cambio, sí debe tener un número determinado de afiliados.

El acuerdo también contempla algunas medidas para evitar la corrupción electoral.

En ese sentido se definió la conformación de un tribunal nacional de garantías electorales, además de tribunales especiales seccionales.

En lo que tiene que ver con la seguridad que tendrían una vez se desmovilicen y para hacer política se definió que habría un programa especializado para la protección de los integrantes del partido, sobre una base de evaluación del riesgo.

El Gobierno destinaría los recursos necesarios para garantizar la integridad de dirigentes, hombres y mujeres, que participarían de la actividad política, según sus necesidades específicas, dice el acuerdo. Desmovilizados de las Farc harían parte de esos esquemas de seguridad.

A esto hay que agregar que el Ejecutivo también se comprometió a fortalecer y a desplegar su máxima capacidad institucional para prevenir, desarticular y neutralizar cualquier posible fuente de violencia contra quienes ejercen la política.

Con el propósito de favorecer a unas zonas del país que han sido afectadas por el conflicto y que registran “abandono” y una “débil presencia institucional”, se crearían 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

En cada una de ellas se elegiría un representante a la Cámara, de manera temporal y por dos periodos electorales (2018 y 2026).

Esas curules no serían para los partidos que ya tengan representación en el Congreso y los candidatos deben ser personas que habiten en esos lugares o que hayan sido desplazadas de ellos. Y queda claro que los aspirantes a esas curules podrían ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos u organizaciones locales.

Muy pocos discuten que el propósito de cualquier acuerdo de paz es la dejación de las armas y el ingreso a la vida en democracia. En últimas, se trata de una transición política para facilitar que los exguerrilleros puedan elegir y ser elegidos después de desmovilizarse. No en vano, las Farc siempre argumentaron que su propósito era llegar al poder.

En esencia, este punto trata de darles a los excombatientes todas las garantías para conformar un partido político, meterse en la carrera electoral y, por esa vía, llegar a los organismos de representación popular. Y como complemento a las garantías para ejercer los derechos políticos habrá un programa especializado para la protección de los integrantes del partido que conformen los excombatientes de las Farc, con el compromiso del Gobierno Nacional de desplegar su máxima capacidad institucional para prevenir, desarticular y neutralizar cualquier posible fuente de violencia contra quienes ejercen la política.

El acuerdo faculta al partido que conformen las Farc para inscribir listas de candidatos propios o en coalición con otros partidos.

Entre el 2018 y el 2026 tendrían derecho a cinco curules en el Senado y a un número igual en la Cámara, siempre y cuando no las obtengan en las urnas. Pero les exige que sometan sus candidatos a elecciones. Por eso, si con el apoyo popular logran sacar más de las cinco curules, se les respetarían y si, por el contrario, la cantidad de sufragios que obtengan no les da para esas cinco, de todas maneras las tendrían.

A partir de la entrada en vigor del Acuerdo Final, las Farc designarían a tres voceros en el Senado y a tres en la Cámara, con el objeto de que participen en el debate de proyectos de reforma constitucional o legal que sean tramitados mediante el mecanismo llamado Procedimiento Legislativo Especial para la Paz. Estas personas, que “deberán ser ciudadanos en ejercicio”, podrían intervenir con las mismas facultades que tienen los congresistas durante el trámite legislativo, pero no podrían votar.

Tan pronto como las Farc se desmovilicen y entreguen la totalidad de las armas, podrían constituir su partido político. Si se cumple el cronograma previsto, sería entre marzo y abril del año entrante.

El primer paso sería registrar formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la decisión de su transformación en partido o movimiento político. Esto es parte de la esencia de los acuerdos y que las Farc dejen de ser un movimiento armado y se conviertan en una organización política que busque el poder mediante el apoyo popular con los votos.

Si bien se les dan algunas facilidades, como el hecho de que no tengan necesidad de obtener el umbral en las elecciones de Congreso (regiría para los periodos electorales del 2018 y 2026) sí deben cumplir con los mismos requisitos y condiciones de los demás partidos, incluido el hecho de someterse a las urnas.

Como una medida para facilitar el paso de las Farc de movimiento armado a grupo político, entre el momento en el que se registre como partido ante el CNE y el 19 de julio del 2026 recibiría anualmente el 10 por ciento de lo que el Gobierno destine para el fondo con el que financia los partidos. Este año ese fondo tenía asignados 35.139 millones de pesos.

Además, como apoyo al financiamiento de la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, recibirían anualmente el 5 por ciento de la apropiación presupuestal de ese fondo. Si las Farc quieren participar en una campaña presidencial, se les reconocería la financiación estatal que corresponda a los candidatos que reúnan los requisitos de ley. En las campañas al Senado recibirían financiación estatal anticipada equivalente al 10 % del límite de gastos fijados por la autoridad electoral.

El Acuerdo dice que si a un exmiembro de las Farc se le impone alguna sanción en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, no queda inhabilitado para participar en política ni limitado en sus derechos, activos o pasivos, de participación política. Para esto, las partes acordarían las reformas constitucionales pertinentes. Eso quiere decir que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y acudan a la Jurisdicción Especial de Paz, cuenten toda la verdad, contribuyan a la reparación de las víctimas y reciban una sanción alternativa de restricción de la libertad, no estarían inhabilitados para ser candidatos. Pero cada caso lo resolvería de manera individual la justicia especializada.

EL TIEMPO