Las cartas de las entidades del Estado para blindar las elecciones

Las cartas de las entidades del Estado para blindar las elecciones

Durante foro en EL TIEMPO, autoridades hablaron de los riesgos, pero también de los preparativos.

Foro de EL TIEMPO y la Registraduría

Las cartas de las entidades del Estado para blindar las elecciones del domingo 27.

Foto:

Carlos Ortega. EL TIEMPO

Por: Redacción Política
16 de octubre 2019 , 09:48 p.m.

A 11 días de las elecciones locales y regionales, las entidades del Estado protagonistas del proceso electoral redoblan esfuerzos para garantizar unos comicios transparentes y con garantías para la ciudadanía.

Y este miércoles, en el foro ‘Proceso elecciones 2019: blindar las elecciones’, organizado por EL TIEMPO y la Registraduría, se dieron a conocer detalles de cómo lo están haciendo. Aunque, eso sí, reconocieron que aún hay evidentes dificultades.

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Por ejemplo, la falta de identidad ideológica de muchos candidatos, el hecho de que haya zonas del país con restricciones para hacer campaña, que el 40 por ciento de los municipios están considerados con algún tipo de riesgo electoral o que hay una serie de normas obsoletas que no permiten que el proceso sea más expedito.

En la cita, a la que además de los anfitriones asistieron Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral (CNE) y Ministerio del Interior, cada entidad contó las acciones que adelanta en prevención del riesgo electoral.

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El registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, comenzó por señalar que estas elecciones “han sido organizadas como un proceso de Estado, pensadas para los ciudadanos y los partidos políticos”, lo que significa que hay “una corresponsabilidad de todos los actores del proceso electoral”.

En el mismo sentido, el viceprocurador Juan Carlos Cortés habló de los “grandes esfuerzos” de las entidades del Estado para que haya unas elecciones transparentes y resaltó la manera articulada de trabajo que a su juicio es “algo fundamental”.

Tras mencionar el riesgo electoral que hay en cerca del 40 por ciento de los municipios del país, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, dijo que todas las entidades estatales que tienen que ver con los asuntos electorales han ido a las regiones para blindar estas elecciones.

Además, durante el foro se plantearon dos asuntos que podrían estar marcando estas elecciones y que, a juicio de algunos panelistas, son un grave riesgo para el proceso electoral: la polarización que se vive en el país, que ha llegado a todos los rincones, y las falsas noticias.

En todo caso, las cabezas de estas entidades se comprometieron a no bajar la guardia para garantizar la normalidad en lo que falta para la jornada, el día en que los colombianos votan en las urnas –hay 36’602.752 ciudadanos habilitados– y para cuando se conozcan los resultados.

Según los datos de la Registraduría, se elegirán 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales y 1.040 juntas administradoras locales.

El 81 por ciento de los candidatos aspiran a una curul en los concejos municipales y distritales. Asimismo, 176 personas aspiran a gobernaciones, 5.187 a alcaldías, 13.389 a juntas administradoras locales y 3.583 a asambleas departamentales.

información en tiempo real, Registrador

Desde la Registraduría, contó el jefe de la entidad, Juan Carlos Galindo, hay expectativa porque estas elecciones serán muy diferentes a las de hace cuatro años. ¿La razón? Los candidatos y las campañas tendrán acceso en tiempo real a los formularios E-14 de delegados y E-14 de claveros.

Este último por primera vez se va a digitalizar y podrá ser comparado con el de delegados. Estos formularios contienen los resultados generados por los jurados de cada mesa.

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Acerca de las noticias falsas, Galindo aseguró que son un riesgo para la democracia. Por eso se propuso un pacto ético para los partidos y se dispone de una plataforma para identificar en redes sociales información sospechosa, verificarlas y, si es necesario, desmentir esa información y corregirla.

La Registraduría reportó que hay 117.822 candidatos para participar en las elecciones. De igual forma, el contralor general, Felipe Córdoba, insistió en la necesidad de reformar el código electoral, pues es anterior a la Constitución Política del 91. Dijo que el 2020, que no es electoral, es el año ideal para hacerlo.

La inquietud de la ministra del Interior

En cuanto a garantizar la normalidad de la campaña, la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, resaltó que a comienzos de julio el Gobierno presentó el Plan Ágora, en el cual se identificaron 130 municipios con alto riego de violencia y en donde los grupos ilegales y carteles de corrupción se quieren quedar con el poder.

Gutiérrez dijo que este plan, en el que trabajan todas las fuerzas del Estado, ha dado resultados. Si bien las solicitudes de a la Unidad Nacional de Protección se “desbordaron” cuando comenzó la campaña, a la fecha hay 2.240 candidatos protegidos, pero dijo que esa cifra es una democracia es “alarmante”.

Acerca de los planes de protección, como el Ágora y el Democracia, afirmó que se lograron resultados, ya que se reforzó la seguridad en los territorios con mayor riesgo, y también habrá acompañamiento después de las votaciones. Sin embargo, insistió en una reforma política porque el modelo actual “hace mucho más difícil ese blindaje de las elecciones regionales”

Los desafíos del Consejo Nacional Electoral

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos, advirtió que el próximo año habrá desafíos para aplicar el Estatuto de la Oposición. Esta ley otorga a quienes queden se segundo en las elecciones un cupo en los concejos y asambleas.

Sin embargo, solo aplica para partidos políticos y no para quienes se inscribieron por firmas. Por esto, dijo Penagos, “no estamos preparados”, pues muchos se inscribieron por firmas. Por este motivo, entre otros, pidió una reforma de esta ley, aprobada en el pasado gobierno.

Además, cuestionó la figura de los coavales y afirmó que esa proliferación muestra la “desnaturalización de los partidos” y representa un “choque de normas”. Explicó que por un lado se prohíbe la doble militancia, pero se permite que un candidato tenga el respaldo hasta de 10 partidos.

Esto, por ejemplo, podría dificultar la revisión de cuentas de campañas. Además, hizo un llamado para que los candidatos estén reportando sus ingresos y egresos.

Las advertencias de la Defensoría

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, recordó que ellos habían advertido que 402 municipios tienen un riesgo extremo, alto o medio, y en esas entidades territoriales podrían ocurrir eventos contra la democracia.

Destacó que el Plan Ágora ha permitido estar en todas las regiones y que el Plan Democracia es la opción de vida para muchos candidatos en las regiones que no tienen cómo moverse. Destacó que se le entregaron recursos a la Unidad Nacional de Protección para que los candidatos puedan “tener la garantía de no ser asesinados mientras hacían campaña”.

Negret dijo que gracias al trabajo coordinado de las entidades del Estado se han logrado contener hechos violentos en esta campaña y contó que le preocupan el partido Farc y el Centro Democrático, que están en riesgo extremo por la polarización del país.

“La Defensoría ha dicho: ‘paremos la polarización paremos la estigmatización’ ”, dijo.

Contraloría exige claridad

El vicecontralor Ricardo Rodríguez afirmó que desde el ente de control se está poniendo la lupa fundamentalmente en lo que tiene que ver con “los riesgos asociados al patrimonio”, es decir, cuando la contratación, el recurso público se va orientado en beneficio de alguna campaña.

Dijo que para evitar esto se están habilitando todos los recursos tecnológicos para monitorear cuando la contratación se dirige a un sector específico. Además, lamentó la escasa denuncia que se ha recibido, pues hasta ahora solo se han recibido ocho por delitos electorales.

Para Rodríguez, es clave que las campañas políticas expliquen de manera clara la fuente, origen y destino de los recursos que manejen. “Solo el 8 por ciento de los candidatos están en la condición en este momento de sincerar sus cuentas”, dijo.

También denunció que “la rentabilidad de inversión en una campaña está en el
3.706 por ciento”. Y dijo que lo que se ve es que les apuestan a muchos, algo así como
“una diversificación del portafolio”.

La lupa de la Procuraduría

El viceprocurador general, Juan Carlos Cortés, destacó la manera articulada como están trabajando las entidades del Estado para garantizar la transparencia de las próximas elecciones.

Dijo que la Procuraduría está trabajando particularmente en conseguir un voto libre y en la vigilancia y control electoral.

Estamos trabajando en trashumancia, en visitas, en financiación, es por eso que adelantamos las investigaciones disciplinarias, que se toman medidas de suspensión. La Procuraduría ha realizado 130 visitas a entidades territoriales para verificar el manejo de la nómina (…) si se ha utilizado para ayudar o favorecer una campaña”, dijo.

Agregó que todo esto debe ser un esfuerzo de Estado, no solo de las autoridades públicas, sino también de la ciudadanía. “Si hay participación en política de
cualquier servidor público (…) será sancionado”, advirtió.

REDACCIÓN POLÍTICA

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