El blindaje electoral para los comicios de este 27 de octubre es el tema del foro que se realiza este miércoles, desde las 8 de la mañana, en las instalaciones de EL TIEMPO.
Y para hablar del tema están invitados Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos.
El Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, aseguró que las autoridades han estado al frente del proceso y han hecho todos sus esfuerzos para garantizar la normalidad de los comicios.
Además, resaltó que estas elecciones serán muy diferentes a las de hace cuatro años porque los candidatos y las campañas tendrán acceso a la información en tiempo real. Por ejemplo, digitalizarán los E-14 y los subirán al sitio web de la autoridad electoral. Con esto se sabrá lo que va sucediendo mesa a mesa.
Acerca de las noticias falsas, Galindo aseveró que son un riesgo para la democracia. Por eso se propuso un pacto ético para los partidos y se dispone de una plataforma para identificar en redes sociales información sospechosa, verificarlos y, si es necesario, desmentir la información y corregirla.
De igual forma, el Registrador insistió en la necesidad de reformar el código electoral, pues este es anterior a la Consritución Política del 91. Dijo que el 2020, que no es electoral, es el año ideal para hacerlo.
En la jornada, el viceprocurador general Juan Carlos Cortés destacó la manera articulada como están trabajando las entidades del Estado para garantizar la transparencia de las próximas elecciones.
Dijo, además, que la Procuraduría está trabajando particularmente en tres grandes frente y el primero de ellos tiene que ver con el voto libre. En ese sentido dijo que tras definir un índice de riesgo se detectó que en el país hay 315 municipios en alto riesgo electoral.
En lo que tiene que ver con la vigilancia y control electoral destacó que lo importante aquí es hacer cumplir la ley y dijo que se comenzó por el tema de la publicidad.
Reveló que se han realizado más de 120 operativos para lo que tiene que ver con el tema de las vallas y se han visitado 28 ciudades del país.
Cortés destacó que una de las mayores preocupaciones de la Procuraduría tiene que ver con los temas de financiación y en ese sentido dijo que se han visitado 20 campañas en las cuales se han hecho hallazgos como el hecho de que no se tengan soportes de los recursos que se ha recibido.
Por otro lado, para el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Hernán Penagos, la democracia colombiana tiene desafíos muy grandes para el 2020, como aplicar el Estatuto de la Oposición. A su modo de ver, "no estamos preparados".
Penagos argumentó esa afirmación dando como ejemplo la proliferación de los coavales. Dijo que este modelo muestra la "desnaturalización de los partidos" y representa un "choque de normas".
Explicó que por un lado se prohíbe la doble militancia, pero se permite que un candidato tenga el respaldo hasta de 10 partidos. Esto, por ejemplo, podría dificultar la revisión de cuentas de campañas.
De los 176 candidatos inscritos para las gobernaciones, 71 lo hicieron por coaliciones, y no hay un solo departamento donde no se haya aplicado esta figura; mientras que de los 5.187 aspirantes a las alcaldías, 1.315 fueron a través de coavales.
El defensor del Pueblo, Carlos Negret, por su parte, dijo que para su despacho hay 402 municipios con algún grado de riesgo electoral. El defensor aseguró que le preocupa el riesgo en que están dos partidos en el país por la polarización: el Centro Democrático y Farc. Dijo que esa polarización está llegando a los pueblos “y eso es grave”.
Para la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al referirse a la gran cantidad de candidatos inscritos por firmas dijo que tanta apertura no significa que haya una mejor democracia.
Dijo que la financiación ilegal y la violación de topes se termina dando en las campañas.
Hasta ahora el Comité de Seguimiento Electoral ha recibido 3.958 quejas de todo el país por presuntos delitos electorales. La irregularidad que más se ha denunciado es la presunta intervención en política de servidores públicos.
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