Los grupos armados al margen de la ley, las economías ilegales –narcotráfico, microtráfico y minería ilegal– y los carteles de corrupción, que buscan apoderarse de los contratos del Estado, podrían incidir en el resultado de las elecciones regionales del 27 de octubre en por lo menos 130 municipios del país.
Esos tres factores son las principales amenazas que, según el Gobierno, se surten contra los comicios en los que se elegirán ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores, además poner en riesgo 15 billones de pesos del presupuesto.
Pero no solo sobre los municipios de regiones apartadas se han activado las alarmas. En la lista hay tres ciudades capitales: Medellín, Cali y Barranquilla, donde se encuentran todos los organismos de seguridad y de control del Estado.
“Es una amenaza real. El crimen organizado busca elegir mandatarios regionales para mantener injerencia territorial y controlar las economías ilícitas”, afirmó este martes el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín.
Según el funcionario, “la multiplicación de la coca y la extracción ilícita de minerales multiplica por cuatro la capacidad de las mafias para comprar las elecciones e intimidar a los ciudadanos”.
De hecho, un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) advierte que en las épocas previas a unas elecciones se incrementa la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales. La MOE reportó amenazas a 34 líderes políticos y el asesinato de siete precandidatos.
Las elecciones regionales no solo son las más complejas de todas las que se realizan, sino también las que más convocan a los ciudadanos. En esa jornada se elegirán 32 gobernadores, 1.101 alcaldes, 12.063 concejales, 418 diputados y 6.814 ediles para el periodo 2020- 2023.
“La principal amenaza de la democracia es la posible captura del Estado por parte del crimen organizado, a través de actos como financiación ilegal de campañas, corrupción y distintas formas de violencia”, afirma la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
La multiplicación de la coca y la extracción ilícita de minerales multiplica por cuatro la capacidad de las mafias para comprar las elecciones
Los municipios en donde hay mayor riesgo electoral son los que históricamente han sido más azotados por la violencia. Por ejemplo están en Arauquita, Tame y Saravena, en Arauca.
Además están Yarumal (Antioquia), Tumaco (Nariño), San José del Guaviare (Guaviare), Montañita (Caquetá), territorios en donde en el pasado estuvieron las Farc y ahora se encuentran las disidencias.
De igual forma, en el listado también aparece San Andrés, una región en donde se han presentado varios casos de corrupción en los últimos años y que incluso tiene como gobernador encargado a un contraalmirante de la Armada.
Ante el riesgo de que el crimen organizado coopte el poder político en algunas regiones, el Gobierno Nacional presentó el plan Ágora, que busca contrarrestar el accionar de los grupos ilegales y de las redes de corrupción para garantizar la libertad de los colombianos a la hora de votar.
La estrategia, que vincula a entidades como el Ministerio del Interior, la rama Judicial, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Fuerza Pública, también busca atacar la corrupción de funcionarios, la violencia política, la violación de inhabilidades e incompatibilidades, la financiación ilegal de campañas, los delitos electorales y la alteración del orden público.
Con el plan Ágora se pretede además detectar, gracias a la articulación de las entidades del Estado y la cooperación de los partidos políticos y de la ciudadanía, cualquier tipo de violencia electoral. En ese caso actuaría el Grupo de Reacción Inmediata Electoral, que se creó con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los comicios y tiene la tarea de identificar hechos delictivos en materia electoral.
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