Las amenazas en la recta final de la campaña electoral

Las amenazas en la recta final de la campaña electoral

Siete candidatos ya han sido asesinados. Panorama y retos a casi un mes de los comicios.

Familiares de Karina García exigen que crimen no quede impune

Familiares de la candidata Karina García exigen que crimen no quede impune

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Santiago Saldarriaga / ELTIEMPO

Por: Política
22 de septiembre 2019 , 02:14 a.m.

En poco más de un mes, los colombianos irán a las urnas para elegir 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales y 1.040 juntas administradoras locales.

Se trata de las primeras elecciones locales que se realizan en el país tras la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc y se esperaba –sobre todo después de unas presidenciales excepcionalmente tranquilas– que estuvieran marcadas por un clima de mayor tolerancia y seguridad

Pero diferentes amenazas se han cernido sobre el proceso electoral, causando gran inquietud en el país. Desde un incremento de los asesinatos y amenazas a los candidatos, especialmente en las regiones, hasta una creciente y descontrolada irrupción del concepto de guerra sucia o de desprestigio, que ha hecho que hasta en los más lejanos poblados se esté hablando de desinformación, posverdad y fake news.

Si bien estos tóxicos fenómenos globales hicieron presencia en el ámbito nacional tanto en el plebiscito, en 2016, como en las elecciones al Congreso y a la Presidencia, en 2018, ahora penetraron hasta olvidadas poblaciones como Suárez, en Cauca.

Así, por ejemplo, el país vio suplicante a la joven candidata liberal a la alcaldía Karina García Sierra pidiéndoles a sus contendores no lanzar infundios contra ella por los riesgos a su integridad. Sus ruegos en el video, que ella misma grabó días antes de la emboscada que se llevó su vida, junto a su mamá y otros cuatro acompañantes, quedarán en el registro de los hechos más dramáticos de esta campaña.

El impacto de su muerte produjo, además, un temor general que llevó a un silencio tácito a lo largo y ancho del país en temas tan cruciales como la implementación de los acuerdos de paz. En total se realizarán 3.306 elecciones de autoridades locales, y en la mayoría se elude el tema para evitarse líos.

“Las nuevas autoridades locales van a ser cruciales para hacer realidad la llamada paz territorial y para apoyar la continua implementación del acuerdo. El hecho de que haya tanta polarización sobre el tema y, también, tanta fatiga entre la gente hace que los candidatos evadan el tema”, dice Angelika Rettberg, politóloga con doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Boston y profesora de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

Carro Karina García

El carro en el que se desplazaba la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, fue encontrado en Betulia tras ser baleado e incinerado.

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Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Se trata de un evidente retroceso para una sociedad que creía que las heridas, tras 52 años de confrontación armada, empezaban a cicatrizar. En una democracia madura, un solo candidato asesinado debería ser motivo de conmoción general. Aquí, según cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), que viene desarrollando un seguimiento riguroso al proceso, van siete candidatos asesinados y 34 más dieron su testimonio de haber sido víctimas de violencia.

El presidente Iván Duque dijo esta semana que hace 4 años el país vio que fueron asesinados cerca de 6 candidatos y si bien lamentó los que han muerto este año, dijo que los organismos de seguridad y la Fiscalía están trabajando no solo para proteger a los candidatos sino para impedir que se afecten las elecciones.

Para el Gobierno y para diferentes organizaciones es claro que la situación de violencia no es algo común a todo el territorio.

“No es que todo el país esté en riesgo. Eso debe quedar claro y por eso nuestro llamado de atención para que no generemos la idea de que esto se salió de control”, dijo Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Para ella, no se puede generar la sensación de que el riesgo es mayor de lo que realmente es.

De dónde vienen los tiros

Varios años atrás, en el imaginario colectivo se señalaba a las Farc –o a las otras guerrillas, en especial al Eln– de la autoría de los ataques contra los aspirantes a ser electos.

Con la dejación de armas de las Farc y su transformación en partido político, hoy reina la incertidumbre. De hecho, se ha acusado hasta a organizaciones armadas ilegales de origen externo, como el cartel de Sinaloa, de apretar el gatillo.
Por supuesto que alrededor de las amenazas también pueden estar intereses políticos y hasta económicos.

Es claro que la lucha en estas elecciones es por el poder local, lo que significa en algunos casos no solo burocracia sino presupuesto.

“Para las autoridades, el reto –lo hemos visto– es enfrentar la ola de violencia que hay en varias regiones y que ya lleva varias víctimas”, dice Yann Basset, director del Observatorio de la Representación Política de la Universidad del Rosario. “Se trata de garantizar la seguridad de los candidatos, lo que es muy difícil, porque son muchos y el reto es muy grande”, agregó.

En efecto, hay 117.822 colombianos que aspiran a ser elegidos. Sería una tarea muy compleja ponerle un policía a cada uno para que pudiera ejercer su actividad proselitista normalmente. Pero hay que intentarlo todo.

Este es uno de los afiches que promocionaban a la candidata Kjarina García.

Este es uno de los afiches que promocionaban a la candidata Kjarina García.

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Archivo particular

Porque esa soledad en la que transitan muchos de los 73.998 hombres y 43.824 mujeres que esperan lograr un triunfo en las urnas explica, en parte, la angustiante conclusión del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto (Cerac), que dice: “Las muertes asociadas a hechos de violencia política registradas en agosto evidencian un aumento de 29 por ciento, frente a las registradas en julio”.

Una preocupación que inquieta tanto al presidente Iván Duque como a todos los partidos políticos representados en el Congreso. “Este año hemos visto con dificultad, con dolor, que se ha presentado el asesinato de siete candidatos”, dijo hace unos días

Duque en la Casa de Nariño, mientras que los legisladores citaron para este martes a una plenaria en el Senado para analizar el porqué de esta violencia (ver nota anexa).
Lamentablemente, en paralelo a las nuevas agresiones contra rivales políticos con las herramientas que brindan las redes sociales, a las enquistadas con el uso de las balas, el panorama en esta ocasión está manchado por viejos vicios de la manera de hacer política.

tenemos muchos casos de candidatos que piden seguridad ante el matoneo y las acusaciones que se les hacen a través de las redes sociales

Tras el asesinato de Orley García, en Toledo, Antioquia, el pasado 7 de septiembre, la Defensoría del Pueblo señaló que “además de garantías para el ejercicio de la política, la sociedad debe reflexionar sobre el daño que le hace a la democracia la estigmatización y la polarización”.

De acuerdo con Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la mayoría de los candidatos que piden protección aseguran que las amenazas les llegan por redes sociales y mediante panfletos, cuya autenticidad no siempre es fácil de corroborar.

“Pero también tenemos muchos casos de candidatos que piden seguridad ante el matoneo y las acusaciones que se les hacen a través de las redes sociales”, dijo.

De otro lado, la MOE señala su preocupación por el poco o nulo control que se está haciendo a la financiación de las campañas electorales. De acuerdo con datos entregados a este organismo por el Consejo Nacional Electoral, al 10 de septiembre tan solo 559 candidatos (el 0,47 por ciento  del total de candidaturas inscritas) reportaron en Cuentas Claras algún tipo de ingreso a las campañas.

Ninguno de los partidos políticos, explica la MOE, supera reportes de más del 1 por ciento de sus candidatos. Un comportamiento muy similar se evidencia frente a los gastos, pues 426 candidatos (el 0,36 por ciento del total) registran gastos en la plataforma. En suma, tan solo 594 de las más de 117.000 campañas han hecho uso de la herramienta de Cuentas Claras.

Entre tanto, Hernán Penagos, presidente del Consejo Nacional Electoral, advierte que algunos candidatos asesinados o amenazados no fueron y no son víctimas del narcotráfico, ni de las bandas criminales ni de la minería ilegal. “Son víctimas de violencia política local, y eso origina que la gente se enardezca y termine generando enfrentamientos. Vamos a visitar los municipios que tengan marcada violencia política. Tipo Mapiripán”.

Criminales al acecho

No es un asunto marginal. Por el contrario, se trata de un tema de consecuencias enormes. ¿Por qué? En distintos espacios, a nivel nacional y local, la MOE ha señalado el riesgo de que detrás de los fenómenos de fraude y violencia que se presentan en el país exista otro muy grave: infiltración de intereses criminales dentro de las campañas electorales.

Encontramos una coincidencia entre las zonas en las que hay economías ilícitas con los trazos de violencia. Donde están los cultivos ilícitos y la minería ilegal, se dan los casos de mayor violencia en la campaña”, dijo Alejandra Barrios.

Pero también destacó que las áreas que son utilizadas como rutas para el narcotráfico son incluso más violentas que donde están los cultivos.

En Arauca, una zona de paso para el narcotráfico que viene del sur del país hacia Venezuela, por ejemplo, el candidato del Centro Democrático a la gobernación, Luis Emilio Tovar, ha denunciado que no puede hacer campaña en la zona rural y que tiene muchas restricciones en las áreas urbanas.

Incluso John Alexis Lucumí, candidato del uribismo para la alcaldía de Fortul, en Arauca, no ha podido ir hasta esa población a hacer campaña, por el riesgo.
Él está adelantando su campaña a través de redes sociales y de la radio. No tiene esquema de protección, aunque cuenta con un chaleco blindado y un botón de pánico para que en caso de emergencia se comunique con la Policía

La extensión actual de fenómenos como el narcotráfico y la corrupción hace palpable el riesgo de que dineros de estas actividades ilegales ingresen a las campañas electorales

Por todo eso, el Gobierno ha señalado como su prioridad, en el marco del Plan Ágora, contrarrestar el riesgo de captura del Estado.

“La extensión actual de fenómenos como el narcotráfico y la corrupción hace palpable el riesgo de que dineros de estas actividades ilegales ingresen a las campañas electorales y sean utilizados para tergiversar la libre expresión de los ciudadanos a través de las urnas”, dice la Misión.

Lo que está en juego es, nada más y nada menos, que la elección de los mandatarios más cercanos a los ciudadanos, aquellos que con su toma de decisiones influirán de manera directa en la vida cotidiana de cada uno de los colombianos.

De ahí la importancia de blindar el proceso electoral para que cada uno de los electores vote bien informado y a conciencia por el candidato de sus preferencias. Y ojalá en la que cada uno pueda expresar su pensamiento sin temor a sufrir represalias violentas físicamente o agresiones a través de las redes sociales.

En palabras de Carlos Arias, analista político y docente de la Universidad Externado de Colombia, se trata de aquí al 27 de octubre de que cada uno de los actores enfrente a cabalidad su respectivo reto: “Para los candidatos, emocionar y tangibilizar en votos la intención de las encuestas; para los ciudadanos, apartarse de las discusiones y las peleas en redes que tengan los candidatos para analizar la viabilidad de sus propuestas; y para el Gobierno, garantizar la seguridad e integridad de los candidatos para que puedan ser elegidos, y en aquellas regiones en donde hay temor, disiparlo”.

POLÍTICA

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