¿Cuánto de la inversión pública se juega en las elecciones regionales?

¿Cuánto de la inversión pública se juega en las elecciones regionales?

Gran parte de los recursos nacionales los manejarán quienes sean elegidos este 27 de octubre.

Elecciones

Aspecto de la jornada de votación en las elecciones presidenciales 2018 en Cali.

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Archivo El Tiempo

Por: Ricardo Ávila
20 de octubre 2019 , 05:32 a.m.

Han pasado 38 años desde cuando Édgar Alberto Reina vio la luz en el municipio boyacense de Ventaquemada. Cuenta que siendo un joven residente de la vereda de Estancia Grande le interesaban los asuntos públicos, y hacia allí encaminó su carrera a temprana edad, después de obtener una licenciatura en idiomas y graduarse de abogado.

“Comencé con las juntas de acción comunal, trabajé un tiempo en la administración municipal y llegué a ser concejal”, dice. Hizo una pausa para dedicarse a su profesión y ahora es candidato a alcalde por el partido Verde: uno de los cinco aspirantes a gobernar los destinos de una población de casi 17.000 habitantes, en donde la brisa fría que baja del páramo de Rabanal hace obligatorio el uso de ruana.

No está seguro del triunfo, aunque sueña con lograrlo. Le gustaría solucionar las dificultades que hay en la prestación del servicio de salud, arreglar la infraestructura del casco urbano, en el que viven unos 2.000 ciudadanos; impulsar el turismo, diversificar la economía local y mejorar las vías rurales, que son claves para sacar al mercado la producción agrícola de papa y zanahoria, además de ganado y leche. “Tengo las capacidades y la experiencia para ayudarles a los campesinos, a mi gente”, concluye.

Lo que está en juego

Al igual que Reina, el domingo que viene muchos estarán pendientes del resultado. Según la Registraduría, hay un total de 117.822 postulantes que aspiran a que su nombre quede entre los escogidos. De ahí saldrán 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 12.063 concejales, 418 diputados y 6.814 ediles.

Aunque es fácil desdeñar el ánimo o los motivos de tantos individuos para ocupar un cargo de elección popular, basta con recorrer calles o carreteras para darse cuenta de que buena parte del país toma en serio la cita con la democracia. Son incontables las manos estrechadas, los discursos pronunciados y los avisos en los que se promueve a este o a aquel, al amparo de las más variadas banderas.

Quienes ganen tendrán a cargo una responsabilidad fundamental. Basta recordar que las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) realizan más de dos terceras partes de la inversión pública estatal. En 2017, la suma ascendió a 119 billones de pesos, y el año pasado, el monto se acercó a 130 billones, lo que equivale al 70 por ciento del total invertido.

Para aquellos que piensan que Colombia es un país centralizado, el dato puede sonar sorpresivo. No obstante, aunque es verdad que hay decisiones que se toman en Bogotá, lo cierto es que buena parte de los recursos se ejecutan en las regiones. El sistema general de participaciones es el responsable de que así sea, pues aporta el 44 por ciento del volumen señalado.

A su vez, las regalías contribuyen un 9 por ciento adicional. Como consecuencia, los recursos propios apenas representan el 34 por ciento del total, algo que lleva a los analistas a decir que el esfuerzo que se hace en departamentos y municipios está muy por debajo de su potencial. Si bien eso salta a la vista cuando se hacen comparaciones internacionales, también es cierto que la brecha se ha venido cerrando en lo que va del presente siglo.

Parte de la razón es que varias capitales hicieron la tarea. Barranquilla retomó el cobro de tributos municipales que había tercerizado. Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga manejan bien los impuestos prediales y la formación catastral, aunque son la excepción a la norma. Cartagena ha tratado de seguir ese camino sin éxito, debido a los cambios constantes de administración y la captura del Concejo por parte de varias camarillas políticas.

En cuanto a los gastos, de lo que gira el Gobierno central por cuenta de transferencias, la mayoría se va para educación, con un remanente importante en salud y una fracción adicional con destino a agua y saneamiento. Frente a la afirmación de que alcaldes y gobernadores están maniatados, Ana Lucía Villa, quien tiene a su cargo la dirección general de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y es la persona que más sabe sobre finanzas territoriales en Colombia, sostiene que eso no es cierto. “El margen de maniobra es muy amplio”.

Por otra parte, es destacable que después de una serie de excesos que derivaron en crisis a causa de saltos en el endeudamiento hace un par de décadas, fueron adoptadas normas que hacen más difícil el manejo alocado de las cuentas. Lo que se ha visto hasta ahora es que los gastos de funcionamiento son menores en términos relativos.

Debido a ello, es difícil argumentar que el dinero se ha despilfarrado en burocracia, sin desconocer casos emblemáticos de irresponsabilidad en numerosos puntos de la geografía. “El punto fundamental es la eficiencia del gasto”, agrega Villa. “Un alcalde o un gobernador juicioso tiene cómo hacer muchas cosas por su pueblo o su región con lo que recibe”, concluye.

La corrupción es el tema

Lamentablemente, las estadísticas llevan a pensar que los juiciosos forman parte de la minoría. A febrero de este año, la Procuraduría General había impuesto 1.233 sanciones a servidores públicos en cargos de elección popular. De ese total, los castigos cobijaban a 550 alcaldes y 21 gobernadores, es decir, la mitad de los primeros y dos terceras partes de los segundos.

Y los peligros están vigentes. La misma entidad advierte que, con miras a los comicios del domingo que viene, hay 315 municipios en alerta roja. “Hay una andanada de empresas criminales que le apuntan a centenares de cargos de elección popular. Allí el problema no es la elección popular de alcaldes, sino la forma como se hace política en el país”, dice el procurador Fernando Carrillo.

Parte del problema recae en el costo de las campañas. Según personas que saben del asunto, existen poblaciones de menos de 50.000 habitantes en las que un aspirante puede necesitar hasta mil millones de pesos para hacerse notar. A la hora de buscar la plata, no falta aquel que decide venderle su alma al diablo: consigue un aporte de una o más personas a cambio de entregar contratos por varias veces el valor original, una vez haya tomado el juramento.

Aunque en principio hay división de poderes a nivel local, los entes de control entran en la jugada en más de una ocasión. El escándalo reciente del contralor de Antioquia, que hoy enfrenta un extenso proceso por chantajear a los investigados por su despacho, es emblemático, pero no el único. “Hay que entender esto como una empresa con distintos engranajes, todos destinados a mover una maquinaria que se nutre de los recursos públicos, con entronques en Congreso, gobernaciones, alcaldías”, cuenta un líder regional.

Las obras públicas que se hacen a medias o con costos inflados son una manera típica de sacarle “rentabilidad” a la inversión inicial. Adicionalmente, hay evidencias crecientes sobre cómo se pueden desviar los dineros de la salud, algo que demostró en Córdoba el tristemente célebre Alejandro Lyons en su gobernación. En lo que atañe a la educación, también hay formas relativamente sofisticadas de dirigir fondos o subsidios hacia fundaciones fantasma.

Aparte del modelo ‘tradicional’, que consiste en meterle la mano al erario y construir fortines burocráticos a partir de la nómina oficial, hay dos atractivos adicionales que van más allá de capturar rentas. El primero parte de garantizar que las autoridades sean ‘amigas’, con el fin de que no se interpongan ante la presencia de actividades ilegales.

Así pasa con aquellos territorios en donde hay minería de oro o cultivos de coca y marihuana. “Preservar ese negocio es mucho más importante que quitarle una tajada al presupuesto”, explica la experta María Margarita Zuleta. Un alcalde que guarde silencio y controle al comandante local de la Policía para que no impida el paso de una retroexcavadora o guarde silencio ante la presencia de laboratorios es clave para no llamar la atención.

La tercera tipología se comienza a ver en los municipios vecinos a las grandes ciudades: el cambio de la vocación de la tierra, con base en los planes de ordenamiento territorial. El conocido ‘volteo’ de lotes en la sabana de Bogotá, con el fin de que áreas destinadas a la agricultura se puedan urbanizar, tiene empapelados a gobernantes de las poblaciones aledañas al Distrito Capital. “Podría decirse que esta es la corrupción del siglo XXI”, añade Zuleta.

Sin duda, la presencia de la venalidad explica la desconfianza de la ciudadanía frente a la política y los gobernantes de turno. “Es difícil encontrar personas honestas, dispuestas a trabajar, enfrentarse a los corruptos y arriesgarse al desprestigio”, relata el senador del partido Verde Jorge Londoño. Preguntado sobre si ahora estamos mejor o peor que antes, el exministro de Justicia responde: “No sé si ahora hay más malos compitiendo. De lo que estoy seguro es de que hay menos buenos”.

La esperanza del cambio

Aun así, subsisten los motivos de esperanza. Quizás no hay ejemplo mejor que el de Barranquilla, una ciudad capturada por diferentes mafias que logró transformarse en la capital más pujante del país. Álex Char, cuyos niveles de favorabilidad durante su primera y su segunda administración no tienen paralelo, sostiene que “hay un mundo de oportunidades en cada municipio. No hay que depender tanto de Bogotá, sino mirar mucho más adentro: contratar buena gente, bajar costos y ubicar la plata. En el 2007, nosotros recogíamos unos 180.000 millones de pesos entre predial e industria y comercio. Ahora estamos por encima del billón”.

Mayores recursos, bien invertidos, dan lugar a un círculo virtuoso que explica la popularidad de Char. Primera infancia, educación, vías y equipamiento urbano son prioridades en la capital del Atlántico. “Estoy convencido de que con buena administración se puede sacar adelante cualquier población del país, sin importar su tamaño. Si Barranquilla lo logró, cualquiera lo puede hacer”, insiste.

De ahí la importancia de las elecciones del 27 de octubre. Los resultados serán determinantes tanto para la economía del país como para la calidad de vida de los colombianos. Y más que eso, ya sea en Ventaquemada, Algeciras, Cúcuta o Santa Marta, lo que está en juego es la propia legitimidad de las instituciones. “Es muy simple. Hay que escoger gente decente que haga bien las cosas, para que el buen ejemplo cunda”, opina el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. Ni más ni menos.

RICARDO ÁVILA
Analista Sénior de EL TIEMPO

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