Quizás uno de los temas claves de la campaña presidencial es el de la paz, a tal punto que ya ha propiciado alianzas entre fuerzas políticas que apoyan el acuerdo con las Farc y aquellas que creen necesaria su reforma.
¿La razón? El futuro del acuerdo de La Habana, que terminó el conflicto de 52 años entre el Estado y la exguerrilla con un saldo de 8 millones de víctimas, está en manos del próximo mandatario. Lo pactado todavía está a medio camino de ser implementado y supone aún no pocas reformas.
A un año largo de la firma del acuerdo de paz (en noviembre pasado), el Instituto Kroc (EE. UU.), encargado del seguimiento del cumplimiento de lo pactado, concluyó que el 55 por ciento de las disposiciones no presentaban ningún avance. En el 45 por ciento restante había disposiciones ejecutadas completamente, de forma mínima e incompleta.
Mientras que la mayoría de los candidatos favorables a continuar la política más importante del presidente Juan Manuel Santos (la paz) van por separado, los sectores que plantean cambios cuentan con un candidato único.
En el primer caso están el liberal Humberto de la Calle, exjefe negociador del Gobierno en La Habana; Sergio Fajardo, de Coalición Colombia, y Gustavo Petro, de Colombia Humana. Incluso Germán Vargas, ubicado a la derecha del centro, ha comenzado a hacer reconocimientos al hecho de que las Farc hayan entregado las armas. En cambio, el uribista Iván Duque, quien lidera las encuestas de intención de voto, es el más crítico del acuerdo con la exguerrilla (ver recuadro).
Expertos y representantes de centros de pensamiento sobre paz consultados por EL TIEMPO coinciden en que es difícil retrotraer jurídicamente los compromisos adquiridos por el Estado, pero sí creen que del talante del nuevo presidente va a depender que se acelere o se frene su cumplimiento.
“Un opositor al acuerdo puede propiciar el congelamiento de las reformas de contenido social, económico y de justicia”, dice Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Eso sí, este experto enfatiza que “se matarían los acuerdos” si llegaran a cambiar las sanciones alternativas para los exguerrilleros.
Un opositor al acuerdo puede propiciar el congelamiento de las reformas de contenido social, económico y de justicia
En ese sentido, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, advierte que “puede haber una obstrucción política al acuerdo de paz” con un presidente opositor a lo acordado. “Podría torpedear la financiación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar y sancionar a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, pone de ejemplo Ávila.
Una reforma constitucional estableció que los próximos tres gobiernos quedaron obligados a cumplir lo pactado. Sin embargo, esta disposición se podría desmontar por la misma vía.
Lo mismo pasaría si se pretende desmontar aspectos de la JEP y la participación política de los jefes del ahora partido político Farc, lo cual –a juicio de analistas– desgastaría un eventual gobierno y proyectaría una imagen negativa a nivel internacional.
Para quienes han apoyado el proceso de paz, como el expresidente Ernesto Samper, es legítimo que el próximo mandatario introduzca ajustes, pero que no “desvertebre” lo pactado; las reformas de la participación política de los exjefes guerrilleros y su régimen sancionatorio son un imperativo para la otra orilla, con el fin de lograr una paz realmente duradera.
En todo caso, Samper duda que eso ocurra: “Mi experiencia me indica que una cosa es querer montarse en el avión del gobierno y otra muy distinta, estar montado”.
Después del plebiscito del 2 de octubre del 2016, en el que ganó el ‘No’ a la aprobación del acuerdo de paz, quedó evidenciada la polarización del país sobre este punto. En ese sentido, uno de los retos del presidente que se posesione el próximo 7 de agosto, en torno a la paz, podría ser reconciliar a esa nación dividida.
Por el lado de quienes apoyan a un candidato que se la juegue por impulsar el acuerdo de paz, los temas cruciales que deben pasar del papel a la realidad son las reformas constitucionales y legales pendientes y la implementación material.
“La primera tarea pasa por terminar la agenda de reglamentación –dice Camilo Sánchez, director de investigaciones sobre Justicia Transicional de Dejusticia–. Este gobierno no alcanzó a presentar ni la mitad de los proyectos”.
Bajo esta visión, los proyectos que debería impulsar el nuevo mandatario son: reforma política, curules en el Congreso para las víctimas, reforma rural, procedimiento de la JEP y catastro multipropósito.
Y a juicio de algunas víctimas, como Soraya Bayuelo, líder de los Montes de María (Bolívar) y premio nacional de paz, o Leyner Palacios, víctima de Bojayá (Chocó), las prioridades en terreno deberían concentrarse en sacar adelante temas rezagados, como la sustitución de cultivos ilícitos, los proyectos productivos para la reincorporación de excombatientes y las obras para las regiones, la formalización de tierras y prevenir más asesinatos de líderes sociales.
Por otro lado, quienes plantean modificaciones de lo pactado, como el senador José Obdulio Gaviria, uno de los retos en torno a la paz es derogar vía referendo lo que se ha aprobado; que exista una verdadera representación de víctimas, sobre todo de las Farc, en el Legislativo; que no entre a funcionar la JEP y perseguir toda la cadena del narcotráfico, incluso a los pequeños cultivadores.
Para algunos sectores de centro- derecha y de derecha, los desafíos que plantea el acuerdo de paz para el próximo gobierno consisten en corregir lo que consideran han sido concesiones para la exguerrilla. Iván Duque, candidato presidencial por el Centro Democrático, lidera esa postura con propuestas concretas.
Dos de las modificaciones claves que ha anunciado el aspirante uribista son considerar el programa de sustitución de cultivos, para que no sea voluntario sino obligatorio, y que exjefes de las Farc responsables de crímenes de lesa humanidad no lleguen al Congreso sin antes haber cumplido una pena.
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