A poco más de quince días de las elecciones presidenciales, la Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria y anunció la suspensión de manera provisional del cargo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por su presunta y reiterada participación en política en la actual contienda electoral. También tomó la misma determinación en contra del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, bajo los mismos cargos: lo investiga por presunto favorecimiento a la campaña de Fico Gutiérrez.
(En contexto: Daniel Quintero fue suspendido del cargo de alcalde de Medellín)
El caso de Quintero es el de mayor impacto, por tratarse del mandatario de la segunda gran capital colombiana y porque en los últimos meses había tenido reiteradas denuncias por participación en política. De hecho, varios de sus principales alfiles en la administración de Medellín están hoy en la campaña de Gustavo Petro.
La decisión de la Procuraduría se produjo horas después de que el mandatario paisa publicara en sus redes sociales un video en el cual escenifica que va a conducir un vehículo y dice: "El cambio, en primera".
El texto del mensaje es idéntico al que ha usado la campaña presidencial de Gustavo Petro para invitar a los ciudadanos a votar por él y obtener una victoria en primera vuelta.
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En su anuncio, la procuradora general Margarita Cabello reiteró que “los servidores públicos deben tener en cuenta que la intervención en política no se reduce al pedido expreso de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyo que rompan con el equilibrio de la contienda electoral”.
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Además de los funcionarios de Medellín que saltaron al Pacto Histórico, la esposa de Quintero, Diana Marcela Osorio, quien no es funcionaria y por lo tanto no tiene limitantes legales, se ha manifestado públicamente en favor de Petro: "En mi casa, si el perrito pudiera votar y la gatica también, mejor dicho, todos vamos a votar por Gustavo Petro presidente y Francia Márquez vicepresidenta", dijo ella en una entrevista.
La pregunta que queda en el ambiente tras la decisión de la Procuraduría de suspenderlo es: ¿Cómo esta determinación va a afectar la campaña presidencial?
Cuando faltan un poco más de dos semanas para la primera vuelta presidencial, cualquier situación puede sumar o restar. Y esta, por supuesto, no es la excepción.
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🚨 "La democracia tiene reglas y estas deben cumplirse".
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 11, 2022
Esto fue lo que dijo Margarita Cabello, Procuradora General, tras la suspensión del alcalde Daniel Quintero ► https://t.co/fMekZSpE7D pic.twitter.com/Zpp2PKll8P
Para el senador uribista Ernesto Macías, la decisión del Ministerio Público obedeció a que "el alcalde de Medellín se puso de ruana la Constitución y la ley".
Sin embargo, para el senador Rodrigo Lara lo que acaba de suceder "es una sorpresa divina, un regalo para Petro porque electoralmente le va a pegar un "empujón muy bravo y hasta le puede permitir ganar en primera vuelta".
¿La Procuraduría puede suspender a un alcalde hoy en Colombia? Bajo las normas vigentes, sí. Aunque el Sistema Interamericano de Justicia expresó sus reservas por el ajuste constitucional realizado el año pasado para ajustar las normas disciplinarias en los procesos contra funcionarios elegidos por voto popular, internamente la norma está plenamente vigente y a la espera de la revisión de la Corte Constitucional.
Esa Corte ya ha avalado en varias oportunidades la legalidad del sistema disciplinario en Colombia, bajo el entendido de que la Procuraduría tiene facultades otorgadas por la Constitución para vigilar el cumplimiento de las normas disciplinarias por parte de los funcionarios y servidores públicos que no tienen fuero, incluidos los elegidos por voto popular. Además, que existen instancias de revisión de cualquier decisión disciplinaria, con lo que se garantiza el debido proceso.
Sin embargo, desde el Pacto Histórico y otros sectores se mantienen en que el Ministerio Público no puede tocar a los elegidos por voto y, además, cuestionaron por qué frente a otros casos, especialmente el recientemente protagonizado por el general Eduardo Zapateiro, la Procuraduría no ha tomado ninguna decisión cautelar.
Además de Zapateiro, el ministro de Defensa, Diego Molano, ha sido señalado de presunta intervención en política, precisamente en contra de Petro.
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Así mismo, al presidente Iván Duque también ha sido cuestionado, aunque en su caso no es investigado por la Procuraduría sino por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Quintero asegura que la actuación en su contra es el supuesto inicio de un "golpe de Estado", con lo que ya empezó a cosechar réditos políticos por la decisión en su contra.
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El argumento fue recogido por dirigentes del Pacto Histórico, incluido el propio candidato presidencial Gustavo Petro.
La analista Sandra Borda considera que aunque los hechos parecen justificar la medida, la cercanía de Cabello con el Gobierno, del que fue ministra de Justicia, termina haciendo ruido: "El problema de una procuradora de bolsillo del gobierno es que en vez de generar una sanción necesaria y merecida,va a terminar convirtiendo en héroe a este personaje,debilitando la norma de la no participación en política y debilitando a la Procuraduría misma como institución".
Patricia Muñoz, profesora de la Universidad Javeriana, tiene otra opinión: "No creo que afecte directamente la campaña", dice, "porque tampoco es que Quintero fuera un jugador clave".
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"Todos queremos que haya limpieza en las elecciones, que los funcionarios no intervengan, pero es que desde la cabeza nacional ha habido mucha intervenciones que pueden ser cuestionables", afirma.
Y aunque la jefa del Ministerio Público también tomó una decisión similar contra el alcalde de Ibagué, los focos están puestos en Medellín. No solo porque se trata de la segunda ciudad en importancia en Colombia sino porque es la plaza que hasta ahora ha sido más difícil para conquistar por parte de Petro.
El analista político y columnista John Mario González, por su parte, estima que la decisión de la Procuraduría no solo impactará la campaña electoral, sino que también puede convertirse en una verdadera ‘papa caliente’.
(En contexto: Daniel Quintero: este es el video por el cual fue suspendido como alcalde)
Para él, "la Procuradora Margarita Cabello debía actuar con contundencia frente al desafío permanente del alcalde de Medellín al Código Disciplinario y a querer actuar a contracorriente de manera permanente”.
“Este caso es el típico ejemplo de palo porque bogas y palo porque no bogas. Es muy posible que la suspensión de la Procuradora al alcalde Daniel Quintero, paradójicamente, termine por favorecer a Petro”, añade González.
Andrés Dávila, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Javeriana, destacó como primera medida que esa es una decisión que se comunica por Twitter, lo cual ya da cuenta de la levedad del asunto. "Tenemos una Procuradora que toma decisiones por Twitter", asegura.
Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, dijo que además de esta suspensión del alcalde Quintero por participación en política, la Procuraduría debía enviar otros mensajes de transparencia como llamarle la atención al Presidente o proceder a sancionar al general Zapateiro, por ejemplo.
Asegura que "esto es algo que seguramente dará argumentos a la campaña de Petro y electoralmente puede terminar favoreciéndolo; y desde ese punto de vista, de cierto modo, se puede retornar en contra de la Procuraduría como había pasado ya en el antecedente de Petro".
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El caso es que lo sucedido con Quintero y Hurtado revive en el país el debate del cumplimiento de las normas disciplinarias por parte de los elegidos popularmente, especialmente los alcaldes, y de las facultades del órgano creado por la Constitución y la Ley para investigarlos y, si procede, sancionarlos.
La Corte IDH dice que esto lo deben realizar solamente jueces penales, lo cual va en contravía con el desarrollo del derecho disciplinario moderno y podría llevar a un virtual colapso del sistema penal. La decisión, en Colombia, la tiene de nuevo la Corte Constitucional, que está revisando el ajuste normativo realizado en el país el año pasado, tras pedido del Sistema IDH, precisamente en el caso de la destitución, revocada por el Consejo de Estado en Colombia, de Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá.
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