Del ambicioso programa de autopistas de cuarta generación que el Gobierno Nacional puso en marcha hace cuatro años, aproximadamente, hasta la fecha se han adjudicado 32 proyectos con una inversión que supera los $ 38 billones y plantea intervención en la mayor parte del territorio colombiano.
Sin embargo, hay 8 proyectos en los que las cosas no han salido conforme a lo planeado debido, principalmente, a dificultades en las negociaciones con comunidades y entendimiento entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los contratistas.
De acuerdo con el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, las consultas previas están retrasando los cronogramas de obras, en promedio, en un año, aproximadamente.
En esta situación se encuentran cuatro proyectos de las vías 4G: Mulaló-Loboguerrero, Santander de Quilichao-Popayán, Rumichaca-Pasto, y Cesar-La Guajira.
En el caso de los tres primeros, de acuerdo con Andrade, el factor común es que al momento de realizar las consultas previas, resulta un mayor número de comunidades al registrado inicialmente en la estructuración de los proyectos.
Uno de los más atrasados por este motivo es el que comprende la doble calzada entre Mulaló y Loboguerrero, que pertenece a la primera ola y que se adjudicó en 2015.
Al respecto, el funcionario dijo que el problema se ha presentado “especialmente con la comunidad de Mulaló, que todavía no se ha logrado terminar las conversaciones, pero esperamos que el mes entrante concluyan. De ahí, sigue la licencia ambiental y esperaríamos que se logre dar el acta de inicio de construcción hacia julio”.
En los proyectos Santander de Quilichao-Popayán y Rumichaca-Pasto, aún no se ha podido dar luz verde a la etapa de construcción porque hay un número mayor de consultas previas que realizar.
No obstante, la ANI acordó con los respectivos concesionarios iniciar con las obras prioritarias de rehabilitación que se deben hacer en estos corredores y por donde no se deben protocolizar acuerdos con comunidades.
“En donde tenemos atrasos por las consultas previas, estamos negociando con los contratistas para que, con el aporte de capital que ya hicieron, se hagan las obras más urgentes”, precisó el presidente de la ANI.
En el proyecto Cesar-La Guajira, las comunidades también se manifestaron e impidieron que se diera inicio a su construcción.
“Tuvimos muchos problemas en La Guajira con la oposición al aumento de los peajes, por ello las obras se limitaron en el Cesar. Desafortunadamente, los indígenas de la Sierra Nevada presentaron una tutela en la Corte Suprema que fue fallada a su favor, y ahora se deben iniciar consultas previas”, comentó Andrade.
Sin embargo, estos proyectos ya acreditaron su cierre financiero ante la ANI, aunque no han firmado ningún crédito oficialmente con una entidad financiera, pues para hacerlo, deben tener todos los requisitos al día, sin que haya riesgo de que el proyecto se pueda paralizar por cualquier motivo.
Por otro lado, hay cuatro proyectos que tienen dificultades en el entendimiento de las condiciones del contrato y que, por tanto, no han dado inicio a su etapa de construcción, a pesar de que, por cronograma, ya se debe hacer.
Uno de los proyectos en estas condiciones es el de Villavicencio-Yopal.
“Tenemos una controversia con el contratista. Radica en que los diseños definitivos que ellos entregaron, no fueron aprobados por la interventoría porque consideró que no estaba cumpliendo los estándares del contrato. Estamos en el proceso en que ellos deben ajustarlos. La idea es que en los próximos dos meses, este problema quede resuelto”, explicó Andrade.
En este caso, el concesionario ya logró su cierre financiero ante la ANI y está pendiente solo de este acuerdo para dar inicio a los trabajos de construcción, pero en los tres proyectos restantes, la situación es totalmente distinta, a tal punto que la falta de entendimiento será resuelta ante un tribunal de arbitramento que defina qué parte tiene la razón.
En este grupo están los proyectos: Puerta del Hierro-Cruz del Viso- Palmar de Varela, Malla vial del Meta, y Cambao-Manizales.
En el primero de estos, de acuerdo con la ANI, la diferencia radica en que según afirma el contratista, que es Sacyr Concesiones Colombia S.A.S., las condiciones del proyecto cambiaron en el sentido de que en todo el corredor se tiene la existencia de arcilla expansiva y esto incide en que no se puede cumplir con las condiciones de servicio exigidas por la entidad.
“Lo que nosotros decimos es que en el estudio que teníamos se hablaba de la existencia de arcilla expansiva y ustedes tuvieron tiempo de examinarlo, a lo cual ellos dicen que si, pero que no se pensaba que fuera todo”, dijo Andrade.
En lo que se refiere a la Malla vial del Meta, el problema es más grave y radica en que el tráfico de los camiones de petróleo se cayó en más del 50 %, y el principal flujo de ingresos era el peaje que pagaban estos vehículos.
“El concesionario nos dice que no puede hacer las obras que plantearon en la iniciativa privada con el nuevo nivel de ingresos. Y lo que proponen es hacer el 75% de las obras, y el restante quedaría sujeto a que vuelvan a mejorar las condiciones de tráfico. Es una controversia y no dijimos que si porque en el contrato dice que el riesgo de tráfico es de ellos”, argumentó el presidente de la entidad.
El tercer proyecto que está pendiente en dar inicio a su construcción es el de la doble calzada entre Cambao y Manizales. Aquí las condiciones cambiaron por una nueva delimitación de páramos que se hizo en el país.
Dentro de lo que este proyecto de iniciativa privada propone está la construcción de una variante entre Armero y Mariquita para llegar de Cambao a Manizales, y en el área de esta vía hoy está prohibido tener una nueva obra por dicha delimitación de páramos que se hizo.
“Aquí el concesionario nos plantea dos opciones: terminar el contrato o emplear los recursos de esa carretera en la rehabilitación y mantenimiento de otros tramos existentes”, apuntó Andrade.
Según el funcionario, la solución en estos proyectos se tendrá que dar en un tribunal de arbitramento y que, además, tampoco han acreditado su cierre financiero ante la ANI por estos motivos.
POR CYNTHIA LEWIS
PORTAFOLIO
