Mientras las autoridades energéticas todavía no definen los cambios al precio de escasez (pago máximo por generar energía) y cuando todavía no ha sido reglamentada en su totalidad la Ley de Energías Renovables, los inversionistas del sector están a la espera de que existan condiciones para plantear proyectos de generación de energía basados en fuentes no convencionales renovables, como el viento, la solar (fotovoltaica) y la biomasa, entre otras.
La Asociación de Energías Renovables (Ser Colombia) señala que, en diferentes proyectos de todo tipo, hay iniciativas que aportarían una capacidad instalada nueva de al menos 2.000 megavatios, equivalente al 7 por ciento de la capacidad actual, y que resultarían útiles ahora que el pasado fenómeno del Niño mostró la imperiosa necesidad de diversificar la matriz energética.
Lo anterior debido a las limitaciones para el suministro de gas de las plantas termoeléctricas y los problemas financieros que enfrentaron las que tuvieron que usar combustibles líquidos para producir energía, porque la caída en el precio de escasez no permitió cubrir los costos. (Lea también: Fórmula para la protección del mercado eléctrico)
El director ejecutivo de Ser Colombia, Alejandro Lucio Chaustre, señala que se necesita, de parte del Ministerio de Minas y Energía, un decreto que defina para dónde va el país en la diversificación de la matriz de generación de energía, pues la política fue definida antes del intenso fenómeno del Niño y asumiendo costos de las energías no renovables que hoy no aplican, porque han bajado.
Además de la definición de dicha política, se requiere que antes de la próxima subasta del cargo por confiabilidad, mecanismo para establecer los nuevos proyectos de generación que se construirán, la cual se haría a fin de año o iniciando el 2017, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) defina un mecanismo alternativo para que los proyectos de energías renovables convencionales puedan tener chance de entrar.
Para la agremiación, el primer ajuste que debería realizar la Creg es crear un mecanismo alternativo al cargo por confiabilidad, para que los proyectos de energías renovables no convencionales puedan ser viables.
Lo anterior porque este mecanismo remunera la energía firme (real) diaria que pueda garantizar una central de generación cuando la llamen a producir en un momento de baja hidrología, lo cual no tiene en cuenta la forma en que se produce la energía con fuentes renovables no convencionales.
“Creemos que deben buscarse mecanismos alternativos, no sustitutos, al cargo por confiabilidad, que han sido utilizados en mercados de todo el mundo, para que puedan recibir una remuneración de acuerdo a la energía que tienen disponible para entregar, no en periodos de un día, sino de una semana o incluso mayores”, explica Lucio.
Agrega que este mecanismo es el de las subastas de energía de largo plazo, que se ha utilizado en todo el mundo, incluidos los países vecinos, como Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Brasil y ahora Argentina.
Advierte que, ante la caída en la inversión extranjera en hidrocarburos, se ha comenzado a mirar en temas de energías renovables y los inversionistas quieren venir pero no tienen las señales ni los mensajes de largo plazo y la inversión que venía hacia Colombia se está desplazando a países que ya tienen mecanismos de contratación de largo plazo.
“Sabemos que la Creg está revisando unos estudios respecto a reformas al mercado. Sin embargo, nos preocupa que percibimos que la inclusión de las fuentes no convencionales de energías renovables no es una prioridad y no se está revisando con la relevancia que consideramos tiene en términos de competitividad, complementariedad y potencial que representan en inversión extranjera”, recalcó.
Y es que de acuerdo con Alejandro Lucio, si el país hubiera tenido capacidad eólica y fotovoltaica suficiente, en el pasado fenómeno del Niño, no habría estado ad portas de un apagón, ya que en eventos de Niño y baja hidrología es cuando más viento y más radiación solar hay.
Asimismo, el otro ajuste tiene que ver con generar un mercado de contratos de largo plazo, que permita establecer el precio de la energía a 15 años, para que los agentes se comprometan a invertir en los proyectos.
“Tenemos un mercado de bolsa, un día de 100 pesos por kilovatio y otro día de 2.000 pesos, y tenemos un mercado de contratos incipiente, poco transparente, con una duración de 3 a cinco años máximo”, indica el dirigente gremial.
Para la Asociación de Energías Renovables (Ser Colombia) resulta clave que las autoridades ambientales entiendan que hay que hacer cambios a la hora de analizar los procesos de licenciamiento ambiental de las centrales de generación eólicas (viento), fotovoltaicas (solar) y de pequeñas centrales en los cauces de los ríos.
Esto porque según Alejandro Lucio, director ejecutivo de la agremiación, hoy el licenciamiento ambiental está basado en proyectos de infraestructura y de hidrocarburos, que tienen unos requerimientos generales que no aplican para estos proyectos de energías no convencionales renovables.
“Hay unos diagnósticos ambientales de alternativas que se les piden a todos los proyectos, pero cuando usted está hablando de generación eólica o fotovoltaica no hay alternativas de ubicación. El proyecto se hace dónde están identificadas las fuentes de viento o de radiación, con las respectivas mediciones”, explica Lucio.
Adicionalmente, la mayoría de los proyectos de generación solar y eólica están en La Guajira, debido a que la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) está trabajando en la licitación de la línea de transmisión que va desde el sector de Cuestecitas hasta arriba, con la idea de que entre en operación en el año 2023.
“Sin embargo, consideramos que es importante reunir los intereses, para que el proyecto entre antes”, indicó.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor Economía y Negocios
