Luego del reclamo de empleadores que dicen no haber podido acogerse a la medida incluida en la reforma tributaria del 2016 para reducir intereses de mora y rebajar montos de sanciones por los pagos atrasados o no efectuados a la seguridad social de los empleados, la directora de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), Gloria Inés Cortés, dio sus explicaciones.
Ante los señalamientos de un grupo de empresarios, representados por Carolina Camacho, de la firma Posse Herrera Ruiz, según los cuales la imposibilidad de aprovechar el beneficio se debió a la “demora en la expedición de reglas por la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales) y luego, la ineficiencia de las plataformas para pagar”, Cortés explicó que “la Unidad, en procura de facilitar el pago de las obligaciones en los términos previstos en la ley, trabajó de manera articulada con el Ministerio de Salud y Protección Social y con los operadores de información a fin de disponer los mecanismos de pago necesarios que les permitieran a los aportantes acceder a los beneficios”.
Acerca de los argumentos de los reclamantes, de que las planillas no fueron habilitadas oportunamente, y cuando estuvieron listas no soportaron el acceso de los interesados en el beneficio, la directora de la UGPP manifestó que “para efectos de la aplicación de la reducción de los intereses moratorios no se requirió la implementación de nuevas planillas de pago, debiendo utilizarse las planillas de corrección habituales vigentes en el sistema desde hace 6 años”.
Al decir de Cortés, “lo único que requirió ajuste fue el cálculo de los nuevos intereses moratorios, permitiendo la reducción del 70 por ciento de estos, desarrollo que los operadores pusieron a disposición de los interesados a partir de marzo del 2017, una vez estos evacuaron compromisos previos adquiridos con el Ministerio de Salud relacionados con la Pila en su operación normal”.
En consecuencia, desde la perspectiva de Cortés, “esta situación no debió afectar el cumplimiento del interesado dentro del término previsto en la ley –30 de junio del 2017–, toda vez que el obligado que quería acogerse al beneficio debía disponer del tiempo necesario para determinar, previamente a la utilización de la planilla, los períodos que requerían de corrección al igual que los valores correspondientes”.
La funcionaria indicó también que, con respecto a las presuntas fallas en los operadores de información, que mencionan los empleadores quejosos, la UGPP los consultó y halló que “no hubo fallas en la plataforma ni en su funcionalidad que impidieran el pago de la obligación.
Solo en algunos casos los interesados no pudieron culminar el proceso de pago, debido a que los aportantes se presentaron en el límite del tiempo, aunado a que lo hicieron sin suministrar la información que obligatoriamente debían entregar para poder liquidar la respectiva planilla”.
Hasta el momento, la UGPP todavía no cuenta con la medición para establecer el número de aportantes que pudo acogerse al beneficio.
“Aún no tenemos la información completa; estamos esperando que finalice el presente mes para garantizar que la información de la Pila llegué completa y efectuar así las respectivas mediciones”, dijo Cortés.
En cuanto a los reclamos de la firma vocera de los empleadores, acerca de prácticas de la UGPP que están perjudicando a las empresas, Cortés manifestó que “en la mayoría de los casos no corresponden a la realidad, pues lo expresado deriva de situaciones en las cuales el obligado no ha aportado la información y pruebas requeridas para ser tenidas en cuenta por la UGPP en el proceso de determinación de la obligación”.
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