Precariedad e informalidad: estos son los términos que mejor definen la situación laboral de las migrantes venezolanas en el país, un factor que también impacta la vida social, la garantía de sus derechos fundamentales e incluso el acceso a servicios como la salud.
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A esta conclusión llegan investigadores del Externado de Colombia en el estudio 'Dinámicas laborales de las mujeres migrantes venezolanas en Colombia', que la ONG Cuso International desarrolló con el apoyo del Gobierno de Canadá, y que presenta a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este miércoles.
La investigación, que analizó a profundidad los datos del módulo de migración de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane, refleja la alta informalidad de las venezolanas migrantes, un fenómeno que también afecta a las colombianas (60 por ciento), pero en una proporción mucho más alta (91,1 por ciento).
A su vez, las migrantes trabajan más horas que las locales (cerca de 42,5 en promedio a la semana frente a 37 horas), pero reciben ingresos inferiores al mínimo (785.814 pesos en promedio) y que constituyen casi la mitad de lo que ganan sus pares locales (1’458.596 pesos).
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Alejandro Matos, director de Cuso International en Colombia, aseguró al respecto que el verdadero problema es la brecha de género en el mercado laboral nacional: “Tanto las mujeres colombianas como las venezolanas están rezagadas en cuanto al acceso a un empleo formal y digno. Pero dadas las circunstancias en las que llegan las migrantes, sin recursos ni redes de apoyo, se enfrentan a mayores barreras para ingresar al mercado laboral”.
Y agrega que datos como estos “evidencian que se puede estar creando en el país un contexto estructural de violencia en el mundo del trabajo, cuya principal afectada es la mujer migrante venezolana”.
En este estudio los autores comparan las principales características laborales de las mujeres venezolanas con las de sus pares colombianas y sus connacionales hombres, y se analizan las principales barreras para su inserción laboral.
Cabe aclarar que la investigación define a la población migrante analizada como aquella que ha llegado desde Venezuela en los últimos cinco años y reside en el país.
A partir de esta clasificación, y de acuerdo con la GEIH, entre septiembre de 2019 y febrero de 2020 había en el país 2’325.881 venezolanos residentes en Colombia (1’167.115 hombres y 1’158.766 mujeres). De ese total, 1'186.031 trabajaban (729.290 hombres y 456.741 mujeres).
Pese a las numerosas barreras que encuentran, el porcentaje de participación de las migrantes en el mercado laboral (61,3 por ciento) es muy superior al de las colombianas (52,5 por ciento), producto de mayores niveles de ocupación y desempleo. En otras palabras, las venezolanas tienen una mayor probabilidad de ocuparse (49,1 por ciento) que las colombianas 45,3 por ciento), porque la carencia de ingresos las empuja a integrarse laboralmente. Aun así, registran una tasa de desempleo más alta que las mujeres colombianas (19,9 por ciento frente a 13,6 por ciento, según datos de la GEIH del semestre analizado).
Prácticamente todas las migrantes trabajan informalmente y sin protección social (91,1 por ciento de ellas) o en actividades productivas de pequeñas dimensiones y baja productividad (75,6 por ciento).
El 40,5 por ciento de las venezolanas y el 39,6 por ciento de las colombianas son asalariadas en el sector privado; sin embargo, las migrantes se desempeñan en mayor proporción como empleadas domésticas (9,8 por ciento frente a 6,9 por ciento de las colombianas) y como trabajadoras por cuenta propia (44,4 por ciento frente al 39,9 por ciento).
En cuanto a las ramas de la actividad productiva en las que participan, el 52 por ciento de las venezolanas labora en comercio y hostelería; el 15,7 por ciento presta servicios personales y sociales y el 9,8 por ciento a los hogares.
La ocupación prevalente es la de cocineras y camareras (23,2 por ciento del total de las ocupadas) y de vendedoras y empleadas del comercio (20,4 por ciento). Cabe anotar que la pandemia acentuó la vulnerabilidad de estas mujeres, pues la mayoría trabajaba en sectores muy golpeados por la crisis.
Entre las que prestan servicios personales, muchas son peluqueras y esteticistas (7,3 por ciento); un 5,1 por ciento trabaja en celaduría y solo el 9,5 por ciento ocupa puestos directivos, administrativos o técnico-profesionales.
El alto grado de informalidad de los migrantes, hombres y mujeres, les impide a la mayoría el acceso a los regímenes subsidiado y contributivo de salud, así que acceden a los servicios en hospitales públicos.
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Para establecer la calidad de los empleos que toman las migrantes, los investigadores utilizaron un índice compuesto por cuatro dimensiones, cuyo valor varía entre 0 y 100. Si bien el índice de calidad del empleo de las colombianas (38,2) es más alto que el de las migrantes (15,1), ambos valores distan mucho del máximo posible.
A estos factores hay que sumar el hecho de que las migrantes asumen, mucho más que sus connacionales hombres, trabajo no remunerado en casa y el cuidado de los hijos, razón por la cual buena parte de ellas no pueden buscar empleo.
Cuso International señala que un avance hacia la mejora de las condiciones laborales de esta población, empieza por regularizar su situación migratoria y buscar la forma de que las mujeres –que tienen niveles educativos altos–, puedan convalidar su formación.
“El Gobierno nacional –señala Matos– ha hecho un gran trabajo de acogida e inclusión de la población migrante. El Permiso Especial de Permanencia (EPE) facilitaba la integración en trabajos formales de los migrantes. Consideramos que la nueva legislación debe ser cada vez más incluyente y no regresiva. Cuanto más restrictiva, más problemas y conflictos sociales tendremos en el mediano y largo plazos. Por eso recomendamos mantener y potenciar la voluntad política inicial que facilitó la inclusión legal de un mayor número de estas personas”.
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SONIA PERILLA SANTAMARÍA
ECONOMÍA Y NEGOCIOS
En Twitter: @soniaperilla
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