‘Señalamientos de la Contraloría no corresponden a la realidad’

‘Señalamientos de la Contraloría no corresponden a la realidad’

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales respondió a los señalamientos en caso Hidroituango.

Hidroituango junio

Aproximadamente en 2021 estaría en operación la central.

Foto:

Cortesía EPM

26 de agosto 2018 , 10:51 p.m.

Una auditoría de cumplimiento de la Contraloría General de la República (CGR) determinó “graves errores en el proceso de licenciamiento ambiental y en el desarrollo constructivo del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango”.

De hecho, reveló 35 hallazgos, 29 con presunta incidencia disciplinaria y 8, penal relacionados con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Además, concluyó que, “por la falta de estudios detallados, a lo largo de la ejecución, Empresas Públicas de Medellín (EPM) tomó decisiones sin el sustento técnico suficiente”.

Son tantos los incumplimientos de EPM a las obligaciones establecidas en la licencia ambiental que no se explica por qué la Anla no ha expedido ni una sola sanción

Según el contralor Edgardo Maya Villazón, “son tantos los incumplimientos de EPM a las obligaciones establecidas en la licencia ambiental que no se explica por qué la Anla no ha expedido ni una sola sanción”.

Incluso, agrega que “más bien, su posición permisiva contribuye a que los riesgos del proyecto no estén manejados técnicamente (...), para evitar mayores daños a los habitantes y a los recursos naturales”.

En un boletín con fecha del pasado 25 de marzo, la Anla respondió: “Algunos señalamientos hechos en un informe de la CGR sobre la crisis de Hidroituango que son inexactos y no corresponden a la realidad”.

Explica, además: “En primer lugar, la licencia ambiental no fue concedida ni autorizada por la Anla, entidad que inició su existencia el 27 de septiembre del 2011, como Unidad Administrativa Especial (...) y ha venido conociendo del proyecto desde el 2012 en adelante, habiendo realizado cinco años de seguimiento como autoridad ambiental”.

De hecho, anota que “la licencia fue otorgada en el 2009 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (...), pudiéndose concluir que en el 2012 se recibió por la Anla un proyecto licenciado y en construcción”.

Aun así, la CGR agrega en la auditoría otras inconsistencias, por ejemplo que “por deficiencias en el seguimiento efectuado (...) se perdió el control del proyecto (...)”. Sobre los hallazgos –que seguramente serán tema de discusión en los próximos días, pues forman parte de un documento de 442 páginas–, la Anla también se pregunta ¿por qué no fueron detectados en los años 2009 a 2017, como resultado de las auditorías anuales, y por qué aparecen ahora dando a conocer situaciones del 2009 que, incluso, ya se encuentran prescritas?

EL TIEMPO

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