La primera semana de negociación del salario mínimo para 2021, en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, cerró con dos indicadores sobre la mesa: el de productividad, que en medio de la pandemia se redujo 0,6 por ciento, y el de inflación del 2020, que el equipo técnico del Banco de la República proyecta en 1,9 por ciento.
Sin embargo, luego de esas primeras sesiones, se conoció que -en medio de la crisis económica por el covid- la inflación anual bajó en noviembre hasta 1,49 por ciento, el nivel más bajo de alzas de precios en el país desde noviembre de 1955. Hace 65 años, y en el mismo mes, la inflación anual fue de 1,44 por ciento, y desde entonces, no se registraban esos niveles.
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Analistas consideran que la coyuntura económica no deja espacio para aumentos muy superiores a la inflación, luego de que sólo en noviembre los precios bajaron 0,15 por ciento, lo que sigue reduciendo la base para la discusión, pero sí para que la Comisión también ponga el foco en otros asuntos.
“Probablemente, y dadas las circunstancias, el salario mínimo subirá poco”, afirma Jaime Tenjo, experto en asuntos laborales, pero resalta el hecho de que entre trabajadores y empresarios “se escucha cierto acuerdo en torno a la necesidad de que el Gobierno genere políticas activas de creación de empleo, como subsidios para las pymes y acelerar obras de infraestructura”.
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Juan Carlos Guataquí, consultor en temas laborales, también considera que este año pesará el hecho de que la negociación ocurra en un escenario de crisis. “Lo más probable es que no haya acuerdo en torno al aumento, porque criterios como la baja inflación y un crecimiento negativo de la productividad laboral –un problema de vieja data, que siempre da lugar a discusiones– no son favorables para un incremento; además, el Gobierno no tiene interés de promover un acuerdo, porque puede fijar el mínimo de manera unilateral”, dice.
El investigador es crítico del papel de la Comisión, “esta ya no refleja la realidad del mercado laboral, pues toma decisiones que afectan solo al 55 por ciento de los trabajadores, que son asalariados, y desconoce al otro 45 por ciento, que son cuenta propia y, en su mayoría, informales. para ellos tampoco hay ayudas del Gobierno".
En ese orden de ideas, Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado de Colombia, opina que el aumento dependerá, más que de la inflación y la productividad, de la capacidad de negociación de las partes. Señala que es claro que el aumento no puede ser inferior a la inflación; en cuanto a la productividad negativa considera que no debería tenerse en cuenta: “Este año –dice– influyó en su comportamiento negativo la reducción de las horas laboradas; los confinamientos impidieron a la gente salir a trabajar o desembocaron en la pérdida de sus empleos. En otras palabras: lo ocurrido no quiere decir que la gente sea menos productiva”.
Indicó, finalmente, que los sindicatos -que dada la coyuntura no tienen esta vez mayor poder de negociación- podrían mejorar la percepción en torno a su papel si aceptan, por ejemplo, un aumento muy ajustado a la inflación, a cambio de que haya compromisos, en la comisión, en torno a la generación de ayudas y apoyos para los trabajadores informales.
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