Las ocho tareas para la expansión económica del país

Tras la aprobación de la reforma tributaria, sigue la incertidumbre sobre los efectos que pueda tener en el crecimiento de la economía.

Su trámite se justificó por la necesidad de financiar el gasto público en medio de una caída de ingresos como consecuencia de una menor renta petrolera. Finalmente, su aprobación produjo a nivel internacional una sensación de confianza en que el país intenta salir del atolladero.

Sin embargo, si bien se mantiene la calma en términos financieros, otra cosa es lograr lo que ha repetido este año el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas: “El 2017 será el año del crecimiento”.

Para que esa pretensión se haga realidad, los analistas señalan que hay que hacer reformas profundas, justo cuando empieza a calentarse la contienda electoral. José Antonio Ocampo estima que “las dos acciones básicas que se requieren están en manos del Banco de la República: defender el tipo de cambio competitivo y comenzar a bajar rápidamente las tasas de interés. En ese último caso deberían haber continuado en la pasada junta”.

Para Camilo Pérez, gerente de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, la dificultad para hacer ajustes en pos del crecimiento radica en que frente a los múltiples temas claves que requieren cambios en materia económica, de por medio está “este año, que es de preelecciones. En consecuencia, poco va a avanzar la agenda económica en el Congreso”.

En los tres primeros trimestres del 2016, la producción del agro cayó. En el año completo, difícilmente habría superado un crecimiento del 1 por ciento. Para Leonardo Villar, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, será fundamental impulsar el sector agropecuario y mejorar el nivel de vida, lo cual está vinculado con la inversión tras el acuerdo de paz.

Richard Francis, de Fitch, dice que para mejorar la productividad, el Gobierno puede ayudar con los derechos de la tierra, acceso al crédito, y modernización de equipamiento.

Juana Téllez, economista jefe del BBVA Colombia, dice que las reformas del agro deben apuntar a “la integración del sector rural a la economía productiva”.

La industria se perfila como un dinamizador de la economía, tras la caída de los sectores minero y energético.

No obstante, su impulso es solo del 3 por ciento anual, lo que aún no da para que el país pueda aumentar la producción y reemplazar las importaciones. De otro lado, un tema de promoción de exportaciones, y quizá más ampliamente una política industrial, debería debatirse en momentos en que es decisivo aumentar las exportaciones no tradicionales y buscar nuevas fuentes de crecimiento.

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Richard Francis, de Fitch, agrega que en este tramo es clave fomentar la innovación y el espíritu empresarial.

“El Gobierno –señala– puede mejorar la educación, acceso al crédito y el clima de negocios en general para impulsar el desarrollo”.

Para el presente año, de acuerdo con la Ley de Presupuesto General, el nivel central del Estado hará transferencias por un monto de 100,3 billones de pesos.

Estas se hacen a través de renglones como el Sistema General de Participaciones (SGP), al que se destinan 36,5 billones de pesos, y las pensiones, que demandan 38,2 billones de pesos.

Esta circunstancia pone en entredicho la tan sonada descentralización en el país, pero, sobre todo, la eficiencia en el uso de los recursos.

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“Es de gran importancia una reforma de este sistema”, indica Leonardo Villar, director de Fedesarrollo.

Con impactos menos inmediatos, pero no por ello menos importantes, se espera, de años atrás, una reforma del sistema de pensiones y de apoyo económico para la vejez.

La preocupación central en este aspecto es la financiación y el poco sincronizado ritmo entre el crecimiento de los que aportan y la población beneficiaria.

Hace un par de años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) propuso el incremento de la edad para jubilarse y el control y gravación de las pensiones altas.

Para Téllez, del BBVA, es indispensable “continuar con las reformas estructurales que ayuden a hacer más sostenibles las finanzas públicas en el futuro, como la del sector pensional”.

Pese al alto gasto público en educación –de 33,5 billones de pesos este año–, la calidad es un privilegio. En los países ricos y con buenos resultados de aprendizaje, las familias aportan un 8 por ciento de los gastos educativos, y los pobres, el 35 por ciento, dice Óscar Sánchez, coordinador de Educapaz.

Para Villar, un cambio es urgente, pues “el desarrollo futuro dependerá de lo que logre hacerse para mejorar la calidad”.

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Cada vez que parece andar la agenda para sacar a la infraestructura del rezago de décadas surge algún escollo, como el de Odebrecht, que muestra el despilfarro con los recursos para este sector. Pérez agrega que este punto es clave, pues “si bien se ha avanzado en materia regulatoria, ahora aparecen nuevos problemas como el de la corrupción, que podrían frenar la ejecución de los proyectos”.

Colombia lleva 12 reformas tributarias en dos décadas, y hay quienes ven necesaria otra en dos años. Los gastos de funcionamiento son el 61 por ciento del presupuesto. Para Camilo Pérez, del Banco de Bogotá, es clave cumplir con el mandato de la reciente reforma de convocar “un grupo de expertos para que estudie el tema de gasto y haga sugerencias al respecto”.

Los puntos anteriores tendrán poco impacto si no se reforma a fondo y se recupera la confianza en la justicia, dice Villar. Según una encuesta de Gallup, el 77 por ciento de los ciudadanos tienen una imagen negativa de la justicia, y Colombia ocupa el tercer lugar entre los países con mayor impunidad. Según informes judiciales, solo en dos de cada diez homicidios se logra llevar a algún responsable ante los jueces.

MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción Economía y Negocios